Víctor Alarcón Zambrano
Terminó el espectáculo político que cada cuatro años vive nuestro país, y el balance resulta más preocupante que alentador. Pocas veces se había observado una polarización tan marcada y una campaña electoral tan centrada en las críticas al gobierno de turno, con escasas propuestas concretas para mejorar la vida de los colombianos.
La mayoría de los candidatos —113 al inicio del proceso— no sustentó su aspiración presidencial en credenciales académicas, experiencia profesional o trayectoria en la administración pública, sino en una narrativa de oposición al gobierno actual. Y no se me malinterprete: esta observación no constituye una defensa del Gobierno.
Ante tanta improvisación, donde pareciera que cualquiera se considera apto para ocupar la más alta magistratura del Estado, la campaña terminó deteriorando el debate democrático. Abundaron los insultos, las descalificaciones, las acusaciones sin pruebas, los ataques personales, las mentiras, las expresiones discriminatorias y un discurso de confrontación que, en lugar de fomentar el diálogo, contribuyó a profundizar las divisiones nacionales.
Los ciudadanos nos quedamos esperando una confrontación seria, libre y fundamentada de ideas para impulsar el desarrollo del país. Después de todo, la inmensa mayoría de los colombianos comparte aspiraciones comunes: paz, seguridad, educación, salud, vivienda y empleo.
Muchos candidatos quedaron en el camino, mientras otros continúan en la contienda aun cuando sus posibilidades electorales parecen limitadas. Algunos lo hacen por optimismo, otros por figuración política y algunos porque el sistema de financiación electoral les garantiza recursos estatales en función de los votos obtenidos. Este aspecto merece una revisión profunda, pues termina trasladando al contribuyente el costo de numerosas candidaturas sin verdadera viabilidad.
Desde el fin de la hegemonía liberal-conservadora y la aparición de nuevas fuerzas políticas durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha experimentado una creciente fragmentación partidista. Han surgido numerosas organizaciones que, más que consolidar proyectos ideológicos sólidos, parecen orientadas a la obtención de cuotas burocráticas o representación parlamentaria.
Esta proliferación dificulta la construcción de grandes coaliciones, multiplica las candidaturas presidenciales y favorece la dispersión del voto. Al mismo tiempo, muchos de estos movimientos concentran sus esfuerzos en obtener escaños legislativos más que en desarrollar propuestas de gobierno de largo plazo.
La comparación internacional resulta ilustrativa. Los grandes partidos políticos del mundo suelen caracterizarse por su larga trayectoria, amplias bases de afiliados y una identidad ideológica relativamente definida. En contraste, el sistema colombiano se caracteriza por una alta rotación de movimientos y partidos, muchos de ellos con escasa militancia organizada.
Durante los últimos años, Colombia y buena parte de América Latina han registrado un aumento significativo en el número de partidos políticos. Mientras algunos países han logrado construir sistemas multipartidistas relativamente estables, otros enfrentan crecientes dificultades de gobernabilidad debido a la fragmentación de la representación política.
Argentina cuenta con decenas de partidos nacionales y centenares de agrupaciones locales; Perú, Costa Rica, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia presentan fenómenos similares, aunque con distintos grados de intensidad. La pregunta es inevitable: ¿es fácil gobernar en medio de semejante dispersión política?
La respuesta corresponde a los politólogos. Lo cierto es que la multiplicación de partidos refleja una creciente pluralidad de opiniones, pero también una dificultad evidente para construir consensos. Y cuando los acuerdos se vuelven imposibles, es la ciudadanía quien termina asumiendo las consecuencias.
NOTA: Intenté encontrar información consolidada sobre el número de afiliados de los partidos políticos colombianos, pero no hallé datos públicos completos y actualizados.
