Alfonso Gómez Méndez
El comienzo y el fin de este cuatrienio del gobierno Petro puede ser un buen pretexto no solo para cuestionar algunas de sus “narrativas” sino para reconocer sus aciertos y darle una mirada al futuro del país.
En muchos de sus discursos –no siempre coherentes– el presidente Petro hablaba de que Colombia llevaba más de doscientos años de esclavitud hasta la llegada del Pacto Histórico al poder. La esclavitud se abolió en Colombia en el gobierno liberal de José Hilario López en 1851. Si todos en el Estado eran esclavistas, habría que concluir que trabajó con muchos de ellos, pues varios de sus aliados habían participado en gobiernos anteriores, incluidos los “conservadores petristas” como Trujillo, Ape Cuello y Álvaro Leyva que comenzó su carrera como secretario privado de Misael Pastrana, cuyo discutido triunfo frente a Rojas Pinilla dio lugar al surgimiento del M19 y su padre, Jorge Leyva, fue ministro de obras públicas de Laureano Gómez.
Tampoco es cierto que Petro sea el primer presidente de izquierda de la historia, algo que no puede deducirse de su simple condición de exguerrillero. María Isabel Rueda, en reciente columna hace una relación de algunos gobiernos desde el siglo XIX citando, entre otros, los del propio José Hilario López; Murillo Toro del radicalismo que estableció un régimen federal, pero que además introdujo las comunicaciones –cuyos desarrollos en este gobierno se quedaron en la febril imaginación presidencial–, separó el Estado de la iglesia y estableció el matrimonio civil.
En el siglo XX, la Revolución en Marcha de López Pumarejo impulsó con izquierdistas liberales de verdad como Darío Echandía la reforma constitucional de 1936, que introdujo el concepto de Estado Social de Derecho; la función social de la propiedad; la intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza para garantizar la equidad social; el derecho de huelga y hasta la expropiación sin indemnización por motivos de equidad.
En 1963, Carlos Lleras, como dirigente, redactó los estatutos del Partido Liberal, definiéndolo como una coalición de matices de izquierda; y como gobernante, impulsó la reforma constitucional de 1968, que aparte de introducir –con aportes del MRL– la política de “ingresos y salarios”, estableció que los planes de desarrollo económico y social tenían como fin garantizar el desarrollo armónico de las clases sociales y “de las clases proletarias en particular”.
La tolerancia con la corrupción, jamás puede ser una política de izquierda.
El discurso social hizo parte de la temática del gobierno Petro –con algunos logros– pero no afectó a fondo la estructura social y económica de la Nación. Eso sí, hubo campanazo para el “establecimiento”, que había descuidado ocuparse de las necesidades populares.
Sí es esta una oportunidad para reflexionar sobre los grandes errores de nuestra clase política. Mencionemos algunos: no haber permitido la continuación de la Revolución en Marcha, con la llamada “Gran pausa” en 1938; el asesinato de Gaitán en 1948; el cierre del Congreso en el gobierno de Ospina Pérez en 1949, que supuso una ruptura institucional que llevó al golpe militar de 1953. Habría que agregar, el alegado fraude electoral de 1970 contra Rojas Pinilla y la aniquilación de la Unión Patriótica.
Este gobierno desaprovechó la oportunidad de haber desarrollado un proyecto social demócrata para el país.
El gobierno que se instala el viernes, tiene la oportunidad de darle otro rumbo a la Nación haciendo énfasis en los temas sociales como ya ha dejado entrever el presidente De La Espriella. El asistencialismo no redistribuye el ingreso y el gobierno Petro lo utilizó con fines electorales. Es necesario crear una gran capa de clase media, lo que se consigue con inversión. La infraestructura y las comunicaciones pueden ser un motor de desarrollo. Le escuché esa tesis en Ibagué a la directora de la Cámara Colombiana de la Construcción, María Consuelo Araujo, en un discurso frente a la gobernadora, Adriana Matiz. Casi que es retomar las ideas de Murillo Toro.
