Alfonso Gómez Méndez
A Colombia no le ha ido bien con los injertos político-institucionales al calcar figuras que corresponden a realidades sociológicas y políticas distintas. El último caso es el mal llamado “gabinete en la sombra”. Tal vez el primero de esos “trasplantes” fue el régimen presidencial tomado del sistema norteamericano. Es curioso que nuestros padres de la patria, a pesar de haberse inspirado principalmente en el pensamiento francés, hayan adoptado el presidencialismo de las antiguas colonias inglesas en lugar del régimen parlamentario al momento de la independencia.
Y lo hicimos mal. El sistema ha funcionado en EE. UU. por varias razones. En primer lugar, porque existe un Congreso realmente independiente y con inmenso poder frente al presidente. En Colombia, debido al clientelismo, la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso es básicamente formal. En Norteamérica no es común que los parlamentarios voten contra su partido a cambio de puestos y contratos, como es de usanza en nuestro país. El bicameralismo, con partidos claramente delimitados, impide el transfuguismo, que es fuente de corrupción pública.
Varias decisiones presidenciales en EE. UU. requieren la aprobación del Senado, como el nombramiento de secretarios –como llaman allá a los ministros–, embajadores, el fiscal general y hasta los magistrados de la Corte Suprema. Un solo dato: hace varios años no hay embajador titular en Colombia por falta de aceptación del nombre en el Senado.
La diferencia fundamental es que en los EE. UU. el presidente, por la misma independencia del Congreso, puede ser destituido. El sistema colombiano hace que en la práctica el presidente sea una especie de monarca con muchos poderes y sin jueces de verdad.
Otro caso de injerto fue el de la moción de censura para los ministros en la Constitución de 1991, propia de un sistema parlamentario y ajena al presidencialismo. La prueba es que, en 35 años, no ha prosperado ninguna moción de censura –y no por falta de motivos–.
Algo parecido ocurrió con el “trasplante” del sistema acusatorio de los EE. UU. en el 2004. Se hizo a la carrera, sin estudios y sin haber formado previamente un aparato investigativo al estilo del FBI. En un sistema acusatorio puro, el fiscal es el ministro de Justicia y no existen, como aquí, dos ministerios públicos. La sabiduría popular lo ha bautizado como “sistema aplazatorio”. Hace unos años, la Sala Penal de la Corte proclamó su fracaso absoluto y, hace unos días, en entrevista con María Isabel Rueda, Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, reiteró ese fracaso, a pesar de que en el pasado –con otros protagonistas– la Corporación impulsó dicho sistema.
Y ahora el petrismo copia la figura del gabinete en la sombra, institución propia del régimen parlamentario que tiene sentido en ese sistema. Cuando un partido pierde las elecciones, se prepara para ser gobierno haciéndoles seguimiento a los temas. Aquí se puede hacer lo mismo sin necesidad de esa ‘copialina’, y aprovechar todo lo que el estatuto de oposición le permite a quien pierde las elecciones. Esto incluye el derecho de petición para estar informado sobre los actos del gobierno, además de hacer debates en el Congreso y denunciar ineficiencias o actos de corrupción.
Pero ni siquiera han sido originales. En 1986, cuando existía la norma constitucional que obligaba al presidente a ofrecer participación adecuada y equitativa al partido perdedor, el presidente Virgilio Barco le ofreció al conservatismo unos cargos que este no aceptó, sobre todo porque no incluían el Ministerio de Minas y Energía. Ante la negativa, el gobierno inauguró el esquema gobierno-oposición como debe ser en toda democracia.
Siendo presidente del directorio conservador Fabio Valencia Cosío, y por orden del jefe del partido, Misael Pastrana Borrero, se constituyó –como ahora, copiando el sistema británico– un gabinete en la sombra que no duró ni tres meses. ¿Alguien se acuerda del nombre de siquiera uno de esos flamantes “ministros en la sombra”?
En cambio, sí deberíamos adoptar, por ejemplo, el principio de responsabilidad política que rige en ese sistema parlamentario. Cuando un partido pierde las elecciones, su jefe presenta la renuncia esa misma noche. Aquí se quedan diez o más años después de sucesivas derrotas.
