Carlos E. Lagos
Hay elecciones que cambian gobiernos. Y hay elecciones que revelan estructuras profundas de una sociedad. Lo ocurrido en la primera vuelta presidencial de 2026 parece pertenecer más a la segunda categoría. Más allá de los nombres propios, los resultados muestran una realidad que el escritor y analista político Gustavo Álvarez Gardeazábal ha señalado durante años: Colombia sigue siendo un país políticamente bipolar.
La evidencia es contundente. Más del 84 % de los votos válidos se concentró entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, configurando nuevamente una elección dominada por dos grandes polos de poder y reduciendo significativamente el espacio para las opciones intermedias. No se trata únicamente de una coyuntura electoral. Se trata de una constante histórica que reaparece bajo distintos nombres, aunque conserve una lógica sorprendentemente similar. Desde los primeros años de la República, la política colombiana ha oscilado entre grandes fuerzas contrapuestas. Primero fueron bolivarianos y santanderistas; después, liberales radicales y conservadores; más tarde, liberalismo y conservatismo durante gran parte del siglo XX; hoy, petrismo y antipetrismo, izquierda y derecha, cambio y reacción. Cambian los protagonistas, pero persiste la misma fractura de fondo.
Sin embargo, interpretar esta elección únicamente como una disputa ideológica sería insuficiente. Lo que muestran las urnas es también una búsqueda de certezas en medio de un contexto marcado por la inseguridad, la incertidumbre económica, los cuestionamientos institucionales y la fatiga política acumulada durante este gobierno.
La ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella parece expresar, en parte, esa demanda social. Su discurso centrado en el orden, la autoridad legítima del Estado, la seguridad y la confrontación frontal contra la criminalidad logró conectar con amplios sectores ciudadanos preocupados por el deterioro del orden público y por la percepción de improvisación gubernamental. A ello se suma una estrategia de comunicación digital altamente efectiva, capaz de aprovechar la velocidad de las redes sociales, la inmediatez informativa y los nuevos formatos de consumo político.
Por su parte, Iván Cepeda logró consolidar un respaldo electoral significativo que demuestra la vigencia de importantes sectores progresistas y de las demandas de transformación social que han marcado la última década. No obstante, también cargó con el desgaste natural del gobierno saliente, los costos políticos de reformas controvertidas y las críticas derivadas de diversos escándalos que afectaron la percepción pública de la administración.
La geografía electoral también ayuda a comprender esta fractura. Mientras algunas regiones periféricas, sectores del Pacífico y parte del suroccidente mantienen una mayor afinidad con las propuestas progresistas, buena parte de la Colombia andina, empresarial y urbana se inclinó hacia propuestas asociadas con estabilidad, seguridad y crecimiento económico. No son solamente diferencias ideológicas; son experiencias territoriales distintas frente al Estado y frente a los problemas cotidianos.
Quizás uno de los fenómenos más reveladores sea el colapso relativo del centro político. Los resultados de Sergio Fajardo y Claudia López muestran que la moderación ya no constituye, por ahora, una opción competitiva para alcanzar la Presidencia. Sin embargo, esa aparente derrota encierra una paradoja: el centro perdió capacidad para ganar, pero conserva capacidad para decidir.
Aquí conviene evitar una lectura simplista de las cifras. Muchos observadores señalaban que los 1,63 millones de votos obtenidos por Paloma Valencia acercarían naturalmente a De la Espriella a una mayoría superior al 50 % en segunda vuelta. La posterior decisión de Valencia de respaldar públicamente esa candidatura fortalece aún más esa hipótesis y modifica de manera importante el panorama electoral. A ello se suman sectores menores de la derecha que podrían converger alrededor de una misma opción.
Otro mensaje igualmente importante emerge de esta primera vuelta: la creciente crisis de representación de los partidos tradicionales. Si Abelardo de la Espriella logró consolidarse como principal alternativa de oposición sin ser inicialmente el candidato de las grandes estructuras partidistas y, en algunos casos, enfrentando incluso resistencias dentro de ellas, el resultado refleja algo más profundo que una victoria personal. Una parte significativa del electorado parece haber expresado su cansancio frente a formas tradicionales de hacer política asociadas con acuerdos burocráticos, cálculos electorales y decisiones tomadas desde las cúpulas. La advertencia alcanza tanto a la derecha como al centro político: los partidos siguen siendo indispensables para la democracia, pero ya no pueden asumir que conservan automáticamente la confianza ciudadana. Más que una derrota de determinadas organizaciones, lo que parece estar ocurriendo es el cuestionamiento de una manera de ejercer la política que muchos colombianos consideran agotada. Sin embargo, la política nunca es una simple operación aritmética. Los electores no son paquetes transferibles ni las coaliciones funcionan como sumas automáticas.
Aunque existe una afinidad programática evidente en asuntos como seguridad, institucionalidad y economía, también subsisten diferencias de liderazgo, estilo y cultura política entre la derecha partidista tradicional y una candidatura que se presentó como disruptiva frente al establecimiento.
Lo mismo ocurre con los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López. Algunos podrían inclinarse hacia Cepeda; otros, hacia De la Espriella; muchos podrían abstenerse o incluso votar en blanco. La segunda vuelta será, precisamente, la disputa por esos sectores que no se identifican plenamente con ninguno de los dos polos. Y ahí aparece una tensión aún más profunda. Quien resulte elegido probablemente gobernará un país dividido en mitades relativamente equilibradas. Obtendrá legitimidad electoral, pero enfrentará una oposición social y política con respaldo igualmente significativo. Es lo que la ciencia política denomina una situación de doble legitimidad: dos visiones de país que cuentan con respaldo democrático, pero que tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de un mismo proyecto nacional.
Esta realidad tampoco es exclusivamente colombiana. En buena parte de América Latina se observa una oscilación permanente entre proyectos políticos de izquierda y derecha, acompañada por el ascenso de liderazgos cada vez más personalistas. Hoy conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile y varios países de Centroamérica. Más que una tendencia uniforme hacia una sola corriente ideológica, lo que parece emerger es una profunda crisis de confianza en los partidos tradicionales y una creciente disposición ciudadana a respaldar liderazgos que prometen cambios más drásticos frente a sistemas políticos percibidos como incapaces de resolver problemas estructurales.
En ese sentido, resulta interesante que varios analistas hayan llegado a conclusiones que, desde distintas perspectivas, convergen con esta lectura. El analista político Álvaro Forero Tascón ha advertido sobre el auge de dinámicas de movilización emocional y de lo que denomina formas de populismo construidas sobre la confrontación con el adversario. Por su parte, Hernando Gómez Buendía ha señalado que en contextos de alta polarización el espacio para las opciones moderadas se reduce drásticamente y que Colombia parece estar transitando hacia un esquema cada vez más definido por grandes liderazgos enfrentados. Otros observadores, como Yann Basset, han resaltado las dificultades que enfrentarán ambas campañas para atraer a un electorado moderado que hoy se muestra distante de los extremos. Aunque difieren en algunos diagnósticos, todos coinciden en una advertencia: la segunda vuelta se desarrollará en un ambiente de alta tensión política y emocional.
Los acontecimientos posteriores al cierre de la jornada electoral refuerzan precisamente esta preocupación. Tanto el presidente Gustavo Petro como Iván Cepeda optaron por sembrar dudas sobre el proceso electoral antes de la culminación de los escrutinios oficiales. Petro cuestionó públicamente aspectos del sistema electoral y sugirió irregularidades relacionadas con censos y mecanismos de transmisión de resultados. Cepeda, por su parte, condicionó el reconocimiento pleno de los resultados a verificaciones posteriores sobre supuestas inconsistencias estadísticas, mesas bajo observación y otras denuncias que, hasta el momento, no han sido demostradas por las vías institucionales correspondientes.
Resulta particularmente llamativo porque ambos fueron beneficiarios de este mismo sistema electoral cuando alcanzaron importantes victorias políticas en el pasado. Las instituciones electorales colombianas son perfectibles, como toda obra humana, pero la confianza pública en ellas constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. En consecuencia, cuestionarlas sin que existan pruebas concluyentes presentadas ante las autoridades competentes termina debilitando la legitimidad institucional que sostiene el orden democrático.
Incluso desde el punto de vista constitucional, el mensaje resulta problemático. El Presidente de la República no tiene entre sus funciones aceptar o rechazar resultados electorales. Esa responsabilidad corresponde a las autoridades electorales competentes, particularmente a los organismos encargados del escrutinio y de la declaración oficial de los resultados. Los candidatos y partidos tienen pleno derecho a presentar reclamaciones, recursos e impugnaciones dentro de los procedimientos establecidos por la ley. Lo que resulta inconveniente para la estabilidad institucional es que quien ejerce la Jefatura del Estado parezca sustituir anticipadamente el papel de las autoridades electorales o condicionar la legitimidad de los resultados a consideraciones políticas.
Por ello, para muchos ciudadanos, los resultados de esta primera vuelta constituyen también una validación de advertencias que venían formulándose desde hace años. Las críticas al incremento de la polarización, a la narrativa permanente de confrontación entre sectores sociales, a la división entre buenos y malos, ricos y pobres, pueblo y antipueblo, así como a los choques recurrentes con organismos de control, altas cortes y demás contrapesos institucionales, no eran simples exageraciones de la oposición. La magnitud del voto obtenido por las candidaturas que representan una reacción frente al actual gobierno parece indicar que una parte significativa de la sociedad colombiana percibe que el país ha sido conducido hacia una dinámica de confrontación permanente. Más que una disputa entre izquierda y derecha, lo que aparece en las urnas es una demanda de equilibrio institucional, certidumbre democrática y reconciliación nacional.
Precisamente por eso, quienes hoy celebran y quienes hoy lamentan los resultados deberían extraer una misma lección democrática. Ningún proyecto político puede pretender gobernar indefinidamente sobre la base de dividir a la sociedad entre patriotas y enemigos, demócratas y traidores, ricos y pobres, o buenos y malos. Cuando la política abandona la búsqueda de acuerdos y convierte al adversario en una amenaza existencial, termina fortaleciendo las mismas fracturas que después aparecen reflejadas en las urnas. Al mismo tiempo, quienes provienen del centro político y del pensamiento independiente enfrentan una decisión particularmente compleja. Es legítimo que algunos ciudadanos observen con preocupación ciertos planteamientos o estilos de liderazgo de la candidatura de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, también es necesario reconocer que el escenario de polarización extrema que hoy condiciona la elección no surgió espontáneamente. Es consecuencia de años de confrontación política, de discursos excluyentes y de una visión del poder que con demasiada frecuencia reemplazó la construcción de consensos por la lógica de la división permanente.
Desde una posición de pensamiento libre, independiente y democrática, este es un llamado a la cordura republicana. A la prudencia en el lenguaje público. Al respeto por las reglas de juego. A la confianza en las instituciones electorales que han permitido la alternancia política durante décadas y que fueron las mismas que hicieron posible la elección de quienes hoy las cuestionan.
Colombia necesita debates fuertes, oposición vigorosa y campañas intensas. Lo que no necesita es una nueva crisis de legitimidad alimentada desde la propia dirigencia política. El país tiene suficientes desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico, cohesión social y fortalecimiento institucional como para añadir, además, una disputa artificial sobre la validez de la voluntad popular.
Porque al final, más importante que quién gane la Presidencia será que los colombianos preservemos algo aún más valioso: la convicción de que las diferencias políticas se resuelven con votos, no con desconfianza; con instituciones, no con presiones; y con democracia, no con la deslegitimación permanente del adversario. Hoy más que nunca, la responsabilidad de todos los sectores políticos debería ser una sola: aceptar los resultados que determinen las autoridades electorales, rechazar cualquier llamado a la confrontación por inconformidad con las urnas y contribuir a reconstruir los mínimos consensos que permitan la convivencia democrática. ¿Será capaz Colombia de transformar esta nueva expresión de su histórica bipolaridad en un punto de encuentro republicano, o seguirá atrapada en una espiral de polarización que amenaza con debilitar precisamente las instituciones que garantizan nuestra libertad?
