Guillermo Perez Flórez
El anuncio de Iván Cepeda, de convocar a la desobediencia civil pacífica si el presidente electo Abelardo De la Espriella no renuncia a su nacionalidad estadounidense, aclara si es miembro de una agencia de seguridad de Estados Unidos y cesa la persecución contra el presidente Petro, es una apuesta arriesgada. Puede generar tensiones sociales innecesarias y favorecer políticamente a su contradictor, al precipitarse a usar un mecanismo excepcional antes de que se hayan agotado otras vías de acción política e institucional.
La discusión merece abordarse con serenidad porque en ella se cruzan dos asuntos distintos: la legitimidad de los reclamos formulados por Cepeda y la pertinencia del instrumento escogido para plantearlos. Mi impresión es que el jefe de la oposición tiene razones atendibles para formular algunas de sus preocupaciones, aunque se equivoca en el instrumento para hacerlo.
La desobediencia civil ocupa un lugar honorable en la historia de las luchas democráticas. Su legitimidad descansa precisamente en su carácter excepcional. Autores como John Rawls y Anna Arendt la consideran legítima ante injusticias graves, incluso cuando existan otras vías institucionales. No obstante, por las particulares condiciones colombianas yo creo que en una democracia —aunque imperfecta como la nuestra— el uso de esa figura debería reservarse precisamente para cuando esas vías se han agotado.
Casos emblemáticos de desobediencia
En 1846, Henry David Thoreau se negó a pagar un impuesto que contribuía a financiar la guerra de Estados Unidos contra México y sostenía un sistema que toleraba la esclavitud. Pasó una noche en la cárcel, y de esa experiencia personal nació su célebre ensayo Civil Disobedience. Thoreau no buscaba derrocar al gobierno ni desconocer la totalidad de su ordenamiento jurídico. Se negó a cumplir una obligación específica para protestar contra una política concreta que consideraba injusta.
Algo semejante ocurrió con Rosa Parks en Montgomery, Alabama. El 1 de diciembre de 1955 se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco, desacatando las normas de segregación racial. Su arresto desencadenó el histórico boicot a los autobuses de la ciudad, liderado por Martin Luther King Jr. Aquella acción no surgió en el vacío. Durante décadas la población afroamericana había intentado obtener igualdad de trato mediante recursos judiciales y movilización política. La desobediencia civil apareció como una herramienta frente a la persistencia de un sistema legal profundamente discriminatorio e injusto.
Me resulta prematuro invocar este mecanismo frente a un Gobierno que aún no se ha posesionado. Colombia cuenta con tribunales, órganos de control, mecanismos constitucionales, espacios de deliberación pública y un Congreso en el cual el propio Cepeda ejercerá la oposición. Antes de convocar a la desobediencia civil, parece razonable intentar estos caminos.
Tener razón no es suficiente
Lo anterior no significa que sus preocupaciones carezcan de fundamento. Por el contrario, el asunto de la nacionalidad estadounidense de Abelardo De la Espriella podría convertirse en uno de los temas más delicados de su futuro gobierno. No por el hecho de poseer una doble o incluso triple nacionalidad, sino por las implicaciones políticas y simbólicas derivadas del juramento exigido para adquirir la ciudadanía estadounidense. Como lo advirtieron antes de las elecciones diversos juristas y académicos, dicho juramento puede generar potenciales conflictos de lealtad. Citaron una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre esa dificultad al señalar que la doble nacionalidad puede colocar a una persona en situaciones complejas frente a los intereses de dos Estados distintos.
Es legítimo preguntarse cómo manejará De la Espriella eventuales negociaciones o decisiones relacionadas con ese país. Al adquirir dicha nacionalidad juró renunciar “absoluta y enteramente” a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia. Aunque muchos consideran ese juramento una formalidad propia del proceso de naturalización, el asunto adquiere otra dimensión cuando quien lo ha pronunciado es un Jefe de Estado. El debate, pues, es legítimo y ocupará buena parte de la agenda mediática durante los próximos años. Y precisamente porque es un asunto serio y trascendente, debe tramitarse mediante mecanismos institucionales. Habrá espacio para plantear ese alegato en el Congreso, en los tribunales, en los medios de comunicación y en la opinión pública.
Existe otra consideración que no debería subestimarse. La convocatoria de Cepeda podría ser presentada ante la opinión pública por De la Espriella y sus seguidores como un llamado al desconocimiento del orden democrático, a la rebelión o al estallido social. Es altamente probable. En un país como Colombia, semejante escenario podría alimentar tensiones sociales y políticas innecesarias. Merece recordarse entonces que “Vivimos en Cundinamarca, no en Dinamarca”, como decía Echandía. Por similar razón, es censurable la afirmación del presidente electo según la cual defenderá la democracia “por la razón o por la fuerza”. Cepeda ha añadido el calificativo de “pacífica” a la desobediencia civil; De la Espriella podría añadir el de “legítima” al uso de la fuerza. En ambos casos persiste el riesgo de que los sectores radicalizados interpreten esas expresiones como una autorización para la confrontación violenta.
Se entiende que en la declaración, Cepeda exprese el temor a una eventual judicialización del presidente Gustavo Petro. El propio De la Espriella ha hecho declaraciones que alimentan esas inquietudes. Además, la administración Trump cometió un abuso al incluir a Petro en la llamada Lista Clinton, y el secretario de Estado, Marco Rubio, no oculta su parcialidad política. Se pueden formular críticas al gobierno de Petro, a su estilo de liderazgo e incluso a aspectos de su conducta personal. Pero sugerir vínculos con el narcotráfico sin pruebas reales es una acusación injusta y temeraria.
Una propuesta abstracta
La admonición de Cepeda sobre que si no se cumplen sus condiciones de legalidad, dejará de reconocer la autoridad moral y política del presidente electo, no es del todo clara; ¿qué conducta tiene que asumir un ciudadano que decida acogerse a esa convocatoria? ¿Qué ley debería desobedecer? ¿Qué acción específica equivaldría a la negativa de Thoreau a pagar impuestos o a la de Rosa Parks de desafiar la segregación racial?
La fuerza histórica de la desobediencia civil radica en que se opone a una norma o práctica concreta considerada injusta. En este caso, en cambio, el llamado parece dirigirse contra una situación política general y todavía en desarrollo. Una diferencia que no es menor. Puede que Cepeda tenga razón en algunas de sus advertencias. Ahora bien, entre tener razón y escoger el instrumento adecuado para defenderla existe una distancia considerable. Y es precisamente en esa distancia donde hoy parece encontrarse el jefe de la oposición. Una causa puede ser justa, y ser equivocadamente defendida.
Si Cepeda materializa su advertencia le concedería a De la Espriella una ventaja: aparecer como quien niega la posibilidad de civilizar el debate y querer “hacer invivible la República”, la célebre frase de Laureano Gómez tan mencionada en estos tensos días. En suma: su propuesta es precipitada, riesgosa y azarosa. Una cosa es el qué, otra el cómo y una muy distinta el cuándo. Hay que tener más fe en el Estado Social de Derecho.
