Carlos E. Lagos Campos
La discusión presidencial colombiana se ha degradado en una falsa simplificación emocional: “continuidad o cambio”, “izquierda o derecha”, “progresismo o seguridad”. Sin embargo, el verdadero tablero de 2026 no se mueve únicamente en esas categorías binarias. Lo que realmente está en juego es algo más profundo —y mucho más delicado—: el tipo de relación que Colombia quiere construir entre Estado, mercado, sociedad e institucionalidad, en medio de una crisis simultáneamente económica, territorial, social y cultural.
Porque el país no está entrando solamente a una disputa electoral. Está entrando, además, a una disputa de modelo histórico. Y allí aparece la primera tensión estructural: mientras una parte del electorado exige orden, seguridad y recuperación territorial, otra reclama redistribución, inclusión y reformas sociales profundas. El problema es que ambos bloques continúan leyendo al país desde visiones parciales. Unos reducen la sociedad al crecimiento económico y la seguridad; otros, a la expansión estatal y la reivindicación social. En ambos extremos, Colombia termina atrapada en una lógica de confrontación permanente.
Por eso el debate de 2026 no puede entenderse simplemente como una competencia de nombres, sino como una disputa entre distintas arquitecturas de gobernabilidad.
Iván Cepeda representa la profundización del Estado social como eje ordenador del país. Su visión busca consolidar la “Paz Total”, fortalecer el aparato público en salud, educación y transición energética, y desplazar gradualmente el modelo extractivo como columna vertebral de la economía. Sin embargo, la verdadera tensión no se encuentra únicamente en sus propósitos, sino en la capacidad real del Estado colombiano para asumir semejante expansión institucional sin deteriorar la confianza inversionista, la estabilidad fiscal o la capacidad misma de gobernar.
Abelardo de la Espriella, por el contrario, encarna la reacción frontal frente al progresismo petrista. Su narrativa combina libre mercado agresivo, fortalecimiento de la seguridad y confrontación abierta contra las élites políticas tradicionales. Allí emerge otra contradicción profunda: mientras promete dinamismo económico y recuperación del orden, su modelo también podría derivar en choques constantes entre Ejecutivo, cortes, oposición y movilización social. Es decir, crecimiento económico acompañado de una elevada tensión institucional.
Paloma Valencia ocupa un tercer espacio dentro de la derecha: el retorno de una visión institucional y tecnocrática del poder. Su propuesta intenta recuperar confianza inversionista, estabilidad macroeconómica y control territorial sin desmontar completamente el Estado social existente. Su principal fortaleza sería la capacidad inicial de articulación política; su principal desafío, sin embargo, sería administrar una conflictividad social creciente en sectores que interpretarían su gobierno como una restauración del uribismo bajo nuevas formas técnicas y discursivas.
No obstante, el verdadero problema quizá no sea quién gane. El problema es que Colombia parece haber entrado en una etapa donde ningún proyecto político logra construir acuerdos sociales y políticos suficientemente amplios para gobernar sin una confrontación permanente. Y ahí aparece el gran fantasma silencioso de 2026: la crisis de legitimidad institucional.
La discusión sobre una eventual Constituyente, los bloqueos legislativos, el desgaste de las cortes, la polarización digital, el agotamiento fiscal, la fragmentación territorial y el deterioro progresivo de la conversación pública son síntomas de algo más profundo: el sistema político colombiano ha comenzado a perder capacidad para producir consensos mínimos de largo plazo.
Por eso incluso la política internacional termina convirtiéndose en una extensión del conflicto interno. Un eventual gobierno de izquierda buscaría fortalecer alianzas regionales con Brasil, México y espacios multipolares cercanos a China, intentando construir mayores márgenes de autonomía frente a Washington. Mientras tanto, los sectores de derecha intentarían reanclar a Colombia dentro del eje tradicional de cooperación con Estados Unidos y los mercados occidentales, priorizando seguridad hemisférica, inversión extranjera y estabilidad macroeconómica.
No se trata únicamente de relaciones diplomáticas distintas.
Se trata, en el fondo, de dos maneras diferentes de entender el lugar de Colombia dentro del nuevo orden global. Pero quizá la pregunta más incómoda sea otra:
¿Será capaz Colombia de reformar sus fracturas históricas sin caer en la tentación de destruir institucionalmente aquello que todavía mantiene unida a la República?
