Carlos Arturo Rodríguez Díaz
Expresidente de la CUT
La utilización política del lenguaje para borrar la historia es una involución que busca aniquilar, obstruir, invisibilizar y tergiversar el carácter de las palabras, para imponer la narrativa del odio, la mentira y el oscurantismo.
El anuncio del gobierno, en vocería de su ministro de Agricultura, que en adelante se llamará a los campesinos “productores rurales” o “pequeños empresarios del campo”, en el fondo, busca eliminar la identidad de una fuerza social que representa el 28 % de la población, forja el territorio y sus culturas, teje las redes comunales del campo y alimenta a Colombia.
Como bien lo señaló la gran periodista Cristina de la Torre, el gobierno pretendeque: “en la bruma queden la historia de su gesta por la tierra y por los derechos de esa población, sus batallas contra la exclusión y el marginamiento político, su sacrificio como víctima propiciatoria de masacres, despojo y desplazamiento en el conflicto armado. Y en tinieblas, la reforma agraria. La iniciativa del ministro desnaturaliza la condición del campesino como sujeto de derechos diferenciados,porque reduce su compleja identidad social a la sola función de productor, mientras la protección constitucional interpela su identidad de campesino, sus derechos culturales, humanos y políticos, no apenas su función mercantil. No se trata, pues, de una mera cuestión semántica, se ventila aquí una decisión política”.
Para reafirmar lo anterior traigo a colación las palabras de Nilson Marín,presidente de ANUC, a El País: “Nosotros no necesitamos mejorar el estatus. Necesitamos construir las políticas públicas donde se reconozca la labor imparable del campesinado, entre otras, para garantizar la comida de los colombianos”. El campesinado colombiano no es una mera categoría económica. Es una identidad histórica, política y cultural, la memoria de los despojados, desplazados, asesinados. La voz de los que han luchado por la tierra, por la soberanía alimentaria, por la dignidad”.
Además, recuerdo apartes de un texto que publique en el 2023 que describía la realidad de ese momento, que infortunadamente hoy se repite. Vivimos en el país de los eufemismos. Los asesinatos se denominan ‘falsos positivos’; las masacres, homicidios colectivos; los desplazados, migrantes internos, y la violación, un desahogo sexual; y también de disfemismos: los detenidos se autodenominan secuestrados y esta perla: masacres con criterio social.
Estamos viendo en vivo lo inexplicable: un presidente que un día reparte dulces a los niños hambrientos del Chocó; y otro, levantando el puño en señal de victoria y saludando muy sonriente a un pueblo que acaba de sufrir una masacre y que clama por la paz y muestran sus pulgares señalando la tierra.
Ha sido tal la indignación de la población frente a la pretensión gubernamental queel pasado 23 de septiembre un juez le ordenó al ministro de Agricultura ofrecer disculpas públicas tras haber afirmado que el término campesino es “despectivo”.Pero más allá de ofrecer disculpas hay que estar alerta porque este lenguaje busca es borrar la memoria.
