Víctor Alarcón Zambrano
La democracia estadounidense entra en la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato de noviembre en un clima político inusual. El presidente Donald Trump no ha descartado recurrir a poderes extraordinarios y, en una reciente entrevista con Time, dejó abierta incluso la posibilidad de invocar la llamada Ley de Insurrección. Al mismo tiempo, desde sectores próximos a su movimiento se ha planteado la presencia de agentes de inmigración en los lugares de votación y la administración mantiene una intensa campaña contra el supuesto voto de ciudadanos no estadounidenses.
Nada de esto significa que exista hoy un plan operativo para militarizar las elecciones. De hecho, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ha asegurado que las Fuerzas Armadas no tienen previsto desplegar personal militar federal ni miembros de la Guardia Nacional federalizada en los centros de votación durante las elecciones de 2026. También afirmó que no existen planes para confiscar papeletas, máquinas de votación u otros materiales electorales.
Pero precisamente ahí está la cuestión: una cosa son los planes militares existentes y otra, muy distinta, el margen de poder que el presidente dice estar dispuesto a conservar abierto.
En la entrevista con Time, Trump fue preguntado específicamente por la posibilidad de utilizar la Ley de Insurrección antes o durante las elecciones de noviembre. No la descartó. La respuesta resulta significativa porque se trata de uno de los instrumentos jurídicos más excepcionales de que dispone un presidente estadounidense para emplear fuerzas militares dentro del territorio nacional.
La legislación actualmente vigente, contenida en el capítulo 13 del título 10 del Código de Estados Unidos, permite el empleo de fuerzas armadas en determinadas circunstancias de insurrección, rebelión, obstrucción de las leyes federales o violencia interna. Algunas de sus disposiciones permiten actuar incluso sin una solicitud de las autoridades estatales. Es, por tanto, una excepción extraordinaria a las restricciones ordinarias que separan las funciones militares de las policiales.
No es una herramienta que pueda confundirse con un mecanismo ordinario de seguridad electoral. Su utilización exigiría que concurrieran las circunstancias previstas por la ley. Por eso resulta relevante que el presidente haya decidido no cerrar públicamente esa posibilidad cuando se le preguntó por ella en relación con las elecciones.
ICE y los centros de votación
La inquietud no nació solamente de las declaraciones presidenciales.
En febrero, Steve Bannon, antiguo estratega de Trump y uno de los dirigentes más influyentes de su movimiento político, afirmó en su programa que ICE debería “rodear” los centros de votación durante las elecciones de noviembre. La frase no fue una interpretación periodística: Bannon planteó explícitamente la presencia de agentes de inmigración alrededor de los lugares de votación.
La Casa Blanca respondió entonces que no existían planes formales para desplegar agentes de ICE en los centros de votación, aunque la secretaria de prensa Karoline Leavitt evitó garantizar que ningún agente pudiera encontrarse allí.
Meses después, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofreció una respuesta más concreta: ICE no patrullaría los centros de votación como parte de una operación general. Los agentes podrían, sin embargo, acudir ante una amenaza específica o para ejecutar una orden contra una persona que estuvieran buscando.
La diferencia es importante. No existe, según las declaraciones oficiales disponibles, un plan general para desplegar ICE en las urnas. Pero tampoco se ha cerrado absolutamente la posibilidad de presencia de agentes en determinadas circunstancias.
Y esa ambigüedad adquiere especial relevancia en un contexto electoral en el que una presencia armada federal podría tener un efecto que va más allá de la detención de una persona concreta: podría modificar la percepción de seguridad de los propios electores.
El Pentágono marca distancia
Frente a esas declaraciones políticas, el jefe militar estadounidense ha procurado establecer una línea más clara.
En respuesta a preguntas de la senadora Elissa Slotkin, el general Dan Caine afirmó que las Fuerzas Armadas no tienen previsto enviar tropas federales ni unidades de la Guardia Nacional federalizada a los centros de votación en las elecciones de noviembre. Tampoco existen planes para utilizar personal militar con el propósito de confiscar papeletas, máquinas de votación o materiales electorales.
Esta precisión merece ser subrayada porque evita una conclusión que sería igualmente equivocada: que la declaración de Trump implique que las tropas serán enviadas a las urnas.
No hay evidencia de ello. Lo que existe es algo diferente: el presidente ha mantenido abierta la posibilidad de utilizar facultades extraordinarias, mientras que la máxima autoridad militar ha dicho que no existen planes para hacerlo en las elecciones de 2026.
La diferencia entre ambas cosas es sustancial.
El fantasma del fraude
El otro elemento de este escenario es el fraude electoral.
Trump y algunos de sus aliados continúan denunciando irregularidades en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, las acusaciones de fraude generalizado que se hicieron después de las elecciones de 2020 no estuvieron respaldadas por pruebas capaces de demostrar un fraude que hubiera alterado el resultado nacional.
Ahora el foco se ha desplazado, en buena medida, hacia el supuesto voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno ha intensificado las investigaciones sobre esta cuestión. Pero los datos conocidos hasta ahora no describen un fenómeno masivo. Una investigación de Associated Press encontró menos de un centenar de casos identificados de voto ilegal de no ciudadanos frente a más de 152 millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024.
Esto no significa que el voto ilegal de un no ciudadano sea admisible o carezca de importancia. Significa algo más elemental: los casos documentados hasta ahora son extraordinariamente pequeños en relación con el universo electoral y no proporcionan evidencia de una operación masiva capaz de explicar el resultado de una elección nacional.
Precisamente por eso la utilización política de este argumento merece atención. El problema democrático no reside únicamente en que pueda existir fraude —ningún sistema electoral está exento de irregularidades—, sino en la distancia que puede abrirse entre los hechos comprobados y la percepción de una amenaza electoral de dimensiones mucho mayores.
El problema de fondo
Aquí aparece el asunto verdaderamente importante.
La controversia sobre ICE, la Ley de Insurrección y el supuesto fraude electoral forman parte de una discusión más amplia sobre los límites del poder presidencial frente a los estados, los tribunales y las reglas electorales.
Las elecciones estadounidenses no son administradas exclusivamente desde Washington. Los estados y las autoridades locales desempeñan un papel central en su organización. De ahí que cualquier intento de ampliar sustancialmente la intervención federal en los procedimientos electorales genere inevitablemente una disputa constitucional y política.
De hecho, un juez federal bloqueó recientemente el intento de la administración Trump de condicionar fondos federales de seguridad a cambios en los procedimientos electorales de los estados, al considerar que las agencias federales carecían de autoridad del Congreso para imponer esas condiciones.
La disputa tampoco se limita a las urnas. La administración enfrenta simultáneamente numerosos litigios sobre inmigración y sobre el alcance de sus facultades ejecutivas.
La Corte Suprema acaba de aceptar revisar la política de detención obligatoria de inmigrantes durante los procedimientos de deportación, un caso que plantea si personas que llevan largos períodos viviendo en Estados Unidos y se encuentran en procesos migratorios tienen derecho a una audiencia para solicitar libertad bajo fianza.
Son asuntos jurídicamente diferentes, pero tienen un hilo conductor: hasta dónde puede extenderse el poder ejecutivo cuando sus decisiones entran en conflicto con las competencias de los estados, las decisiones judiciales o las garantías establecidas por la ley.
Ese es, en realidad, el asunto que está en juego.
No estamos ante la evidencia de que el Gobierno estadounidense haya decidido enviar tropas a los centros de votación. El propio Pentágono dice que no existen tales planes. Tampoco existe, según la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, un plan general para desplegar ICE en las urnas.
Pero tampoco debería ignorarse que, mientras el país se aproxima a las elecciones de mitad de mandato, el presidente mantiene abiertas opciones extraordinarias de intervención, sus aliados han hablado de la presencia de agentes migratorios en los centros de votación y su administración continúa impulsando investigaciones sobre el supuesto voto de no ciudadanos.
Una democracia constitucional no se define solamente por quién gana las elecciones. También por las reglas con las que se celebran, por quién tiene autoridad para administrarlas y, sobre todo, por los límites que el poder acepta cuando esas reglas no producen el resultado que desea.
Ahí está la verdadera prueba que enfrentará Estados Unidos en noviembre.
