Alfonso Gómez Méndez
La radicación en el parlamento del proyecto de rescate fiscal une dos temas recurrentes en el país: la reforma tributaria y la discusión sobre el tamaño del Estado. En cuanto al primero, las constantes han sido las mismas: en campaña, los candidatos se comprometen a no establecer nuevos impuestos; luego alegan que la situación que encontraron los obliga a cambiar de opinión, pues “los únicos que no cambian de parecer frente a la realidad son los imbéciles”. Presentado el respectivo proyecto de aumento de impuestos -en época electoral, como ahora-, los congresistas anuncian que lo negarán y, finalmente, tras “negociaciones”, terminan aprobando buena parte del paquete tributario del ejecutivo de turno.
La discusión sobre el “tamaño” del Estado -a menudo ideológica- suele confundirse con el burocratismo, el clientelismo e incluso la corrupción, un fenómeno evidente en el último cuatrienio. Aunque el gobierno Petro demostró ser “derrochón”, como decía Uribe, el problema es estructural y de larga data: casi nunca se evalúa el impacto fiscal al crear nuevas entidades públicas.
Por otra parte, los eventos en torno a la Asamblea Constituyente se han vuelto intocables. Hoy parece una herejía cuestionar la falta de escrutinio de la séptima papeleta, el uso del polémico Estado de Sitio para validarla, o la baja legitimidad de un cuerpo electoral donde participó menos del treinta por ciento del censo electoral. Tampoco se debate la discutible concesión a los capos del narcotráfico de abolir la extradición.
Sin embargo, hay un hecho innegable vinculado al debate actual: en buena parte, el aumento del aparato estatal -con sus inevitables costos fiscales- proviene de las múltiples creaciones institucionales de 1991. El poder judicial es un claro ejemplo.
Quiero tomarme la licencia de evocar el trágico episodio del holocausto del Palacio de Justicia. En ese entonces, el mapa judicial era mucho más reducido: solo existían la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría. La Corte Suprema tenía en su interior una Sala Constitucional integrada por grandes juristas como Patiño Roselli, Hernando Yepes, Fabio Morón y Manuel Gaona Cruz quien, el día de su asesinato, llevaba la ponencia para defender la extradición.
Hoy en día, debido en buena medida a la Constituyente, contamos con: la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General; el Consejo Superior de la Judicatura; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; la Sala de Aforados de la Corte Suprema (creada en 2018), la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, producto de los acuerdos de La Habana y, la Defensoría del Pueblo. En la constituyente se planteó reemplazar la Procuraduría por la Defensoría, no obstante, el titular de entonces, Carlos Gustavo Arrieta, defendió la permanencia de aquella con argumentos históricos, y terminaron quedándose las dos: una salida muy colombiana. Antes del 91 había 44 magistrados de altas corte, hoy hay 145.
En su época, el doctor Alfonso Reyes Echandía solo contaba con un magistrado auxiliar: el gran jurista y criminólogo Emiro Sandoval, quien murió a su lado en la catástrofe. Hoy, los magistrados de las numerosas altas cortes tienen entre tres y seis magistrados auxiliares.
El Dr. Reyes y sus colegas no tenían funciones electorales. Por lo tanto, carecían de cuotas políticas en la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría o la Fiscalía, y mucho menos en el gobierno.
La lista de excesos en las tres ramas es larga y da para otra columna: el Consejo Nacional Electoral; la Vicepresidencia; la Veeduría del Tesoro, que solo sirvió para hacer ruido; las UTL de los congresistas y, hasta los concejales con sueldo. En 1957 el país funcionaba con 13 ministerios; hoy existen 18, sumados a una interminable red de superintendencias y agencias que duplican las funciones de las carteras principales.
