Amylkar D. Acosta Medina
A pesar del empecinamiento y la tozudez del actual gobierno en intentar sin éxito importar gas desde Venezuela, como lo manifestó el ex ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, al comparecer ante el Congreso de la República, atendiendo su citación a un debate de control político, después que había dicho que todo estaba dispuesto para recibir despachos de gas desde Venezuela en diciembre del año anterior, “desde una perspectiva política, técnica y financiera, importar gas venezolano es inviable”. No obstante, una y otra vez, se insiste con terquedad aragonesa en esta alternativa de abastecimiento.
Y si no fue posible cuando el Presidente Biden flexibilizó las sanciones impuestas por parte de EEUU en octubre de 2023, dándole un respiro al gobierno venezolano, en aras de que en cumplimiento del Acuerdo de Barbados entre Maduro y la oposición para que se adelantaran unas elecciones presidenciales libres y democráticas, pero que tocaron a su fin en abril de 2024, ante su incumplimiento por parte de Maduro, mucho menos ahora que el Presidente Trump, quien fue el primero en imponerlas en agosto de 2017 en su primera administración, ahora cuando está de vuelta a la Presidencia, mediante una Orden ejecutiva las endureció, estableciendo un arancel del 25% al país que se atreva a comprarle petróleo o gas a Venezuela.
Así las cosas, veo muy remota la posibilidad de que Venezuela sirva de fuente de aprovisionamiento de gas al país y causa extrañeza lo que ahora ha trascendido a través de los medios, que delata unas supuestas tratativas del gobierno colombiano con el venezolano, para tener los primeros despachos en diciembre de este año. Según las mismas fuentes se estarían, a la chita callando y con total sigilo, intentando, a mi juicio infructuosamente, lograrlo. Dicho intento solo lograría agriar aún más de lo que están las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y EEUU.
Es más, para reactivar el contrato que firmaron los presidentes Chaves y Uribe en 2007 se requiere la anuencia de la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC), que maneja el Departamento del Tesoro de los EEUU, a no ser que, retando a Trump y su Orden ejecutiva, el Presidente Petro opte por la confrontación. Por lo demás, como se recordará, Colombia le ha solicitado reiteradamente a la OFAC su aquiescencia con el propósito de que ECOPETROL pudiera avanzar en unos acuerdos con PDVSA y siempre ha recibido la callada por respuesta. Y no parece que, por lo menos en el corto plazo, vaya a cambiar de actitud.
Cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto pasado, cuando el ex ministro Camacho descartó la posibilidad de importar gas desde Venezuela, a hoy, para llegar a la conclusión de que lejos de su viabilidad las circunstancias políticas hoy, cuando el ambiente y el clima en están más enrarecidos que enantes, lo descartan.
De otra parte, hay que tener en consideración el impasse que representa no contar hasta la fecha con la infraestructura requerida para el transporte de gas entre los dos países. El gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015, está totalmente averiado. Recuperarlo requiere mucho tiempo y dinero, el que no tiene la quebrada PDVSA.
Además, el mayor yacimiento de gas de Venezuela, Perla, offshore, en el bloque Cardón IV no cuenta con el gasoducto que empalme con el Antonio Ricaurte para transportar el gas desde el golfo de Coquivacoa, lo cual demanda tiempo y cuantiosas inversiones.
Además, la calidad de ese gas no cumple con las especificaciones del que se consume en Colombia, lo cual conllevaría la necesidad de montar una planta de tratamiento que también demandaría inversiones importantes.
En plata blanca es cuantiosa la inversión requerida para contar con la disponibilidad de gas natural desde Venezuela y ni PDVSA ni ECOPETROL cuentan con el músculo financiero para asumirla. Importar gas desde Venezuela, entonces, no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser un embeleco más, ¡una idea descabellada!
