Víctor Alarcón Zambrano
Es innegable que crecen en el país las manifestaciones contra la política de deportaciones de la administración Trump.
La ciudad de Los Ángeles, la segunda más poblada de Estados Unidos, ha sido escenario directo de protestas que, en muchos casos, han derivado en actos de violencia: desmanes, incendios, saqueos y miles de detenciones. La alcaldesa Karen Bass se vio obligada a decretar un toque de queda, medida que, tras ocho días de vigencia, logró cierta estabilización del orden público.
Pese a ello, de forma inexplicable, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina como fuerza especial de emergencia para controlar la situación en la ciudad. Se trata de un número mayor de tropas que las actualmente estacionadas en Irak y Siria. El resultado fue aún más caótico.
Según el artículo 10 de la Constitución, el uso del poder militar por parte del presidente en un estado requiere la aprobación del gobernador correspondiente y solo se justifica en caso de invasión, amenaza inminente o rebelión interna.
El gobernador de California, Gavin Newsom —considerado un probable candidato a la Casa Blanca en 2028— demandó ante una corte federal la orden ejecutiva de Trump. El juez le dio la razón, ordenando que el mando y control de las tropas recayera en el gobernador. Sin embargo, esta decisión fue acatada solo por unas pocas horas.
Días después, Newsom, conocido por su apoyo a los inmigrantes, declaró: “California necesita la fuerza laboral de los inmigrantes, y si esto va más allá, el estado se separa de los Estados Unidos. Hasta nos iremos para México”. Y sobre el despliegue militar afirmó: “No estamos en una monarquía. Este es un despliegue innecesario. Trump ha creado un problema nacional con su afán de deportaciones y ahora quiere presentarse como el héroe que lo resuelve todo. Es un abuso de autoridad y viola la Constitución”.
La Casa Blanca reaccionó de inmediato y, antes de que se hiciera pública la decisión del juez, apeló ante la Novena Corte Distrital de Apelaciones, integrada por tres jueces: dos nombrados por Trump y uno por el expresidente Biden. La corte revocó la decisión del juez federal y reconoció la autoridad de Trump. Ahora, el caso se encamina hacia la Corte Suprema.
En respuesta, el expresidente afirmó: “El gobernador es un incapaz, un incompetente y un desagradecido. Debería estar satisfecho y agradecido conmigo. Le estamos limpiando el estado de socialistas incendiarios”.
Mientras tanto, los disturbios y las detenciones continúan, entre ellas la del senador demócrata Alex Padilla, quien se ha manifestado junto a los inmigrantes en defensa de su dignidad y derechos.
Veintidós estados de la Unión han expresado su apoyo al gobernador de California y han rechazado el uso de fuerza militar por parte de Trump. “Es una afrenta directa a la democracia. Es algo anormal y no puede volverse normal”, afirmó Josh Kaul, fiscal general de Wisconsin, el estado más reciente en oponerse a la medida.
Cabe recordar que en 2020 ocurrió una situación similar en Portland, Oregón. En esa ocasión, el entonces presidente Trump dijo: “Tenemos que respetar las leyes. No puedo enviar la Guardia Nacional. Puede que esté ocurriendo una insurrección, pero no puedo enviar tropas si el gobernador no lo solicita”.
El despliegue actual cuesta al estado más de 134 millones de dólares semanales en transporte, alimentos, alojamiento y entrenamiento de las tropas.California, conocido como el “Estado Dorado”, tiene 39,5 millones de habitantes distribuidos en un área de 423.970 km². Es el estado más poblado del país y el tercero en extensión. Se integró a la Unión el 9 de septiembre de 1850. Su capital es Sacramento y su ciudad más poblada, Los Ángeles. Con un ingreso promedio familiar de 95.500 dólares anuales, California es la meca del cine y sede de algunas de las empresas más importantes del mundo. Es también la cuarta economía del planeta, y depende en gran medida de la mano de obra de miles de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados.
