Alfonso Gómez Méndez
El inesperado triunfo de Lula Da Silva y su proyecto de izquierda democrática en Brasil –el país más poblado de América Latina con sus más de doscientos millones de habitantes– revive el debate, no siempre racional, entre izquierda y derecha, particularmente en Colombia. Hace muchos años quedó atrás la costosa quimera de sistemas socialistas o comunistas, más aún cuando se pretendió imponerlos por la vía armada.
Nadie sensatamente piensa que hoy –por ninguna vía– se pueda llegar a un desastroso régimen comunista con sus planes quinquenales, la dictadura del proletariado, el partido único, la represión, la supresión física de sus opositores y los medios de producción totalmente en poder del Estado. En cambio, la justicia social –que proviene, aunque cueste creerlo–, de la doctrina social de la Iglesia condensada en la encíclica Rerum Novarum de León XIII ahora recordada por León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas sobre la inteligencia artificial, la solidaridad, la redistribución del ingreso, el papel del Estado en una economía social de mercado para conseguir la equidad, son banderas de la socialdemocracia que tuvo éxito en algunos países de Europa y de América Latina como, Brasil y el Uruguay de Pepe Mujica.
Muchos de esos principios vienen consagrados en la Constitución desde la “Revolución en Marcha” de López Pumarejo y la gran transformación que significó la reforma constitucional de 1936. La socialdemocracia no ha sido posible desarrollarla en Colombia, en primer lugar, por la presencia de las guerrillas comunistas, que hizo que se confundieran la izquierda y la lucha armada; y más recientemente, por el gobierno de Gustavo Petro, que se presentó como de izquierda sin serlo de verdad.
Aun cuando las fronteras se han borrado, suele identificarse a la izquierda con una cierta intervención del Estado, la función social de la propiedad para hacer reformas agrarias y urbanas, la responsabilidad social de las empresas, la prevalencia del interés general sobre el particular, el respeto por los derechos de los trabajadores, el reconocimiento de las minorías y, la separación de poderes, entre otros factores.
Desde ese punto de vista, y como lo han planteado columnistas como Óscar Alarcón, en distintas épocas de nuestra historia hemos tenido gobiernos de izquierda. El primero fue el de José Hilario López con la abolición de la esclavitud en 1851. Luego destacaron los gobiernos del radicalismo (1863-1886) que, mediante el federalismo, consolidaron la autonomía regional, consagraron las libertades sin restricciones, el matrimonio civil con divorcio y la separación entre la Iglesia y el Estado.
En esta categoría también cabrían el mandato de Alfonso López Pumarejo y su audaz reforma agraria, o el de Carlos Lleras Restrepo y su reforma del 68, la cual establecía que los planes de desarrollo debían buscar el progreso armónico de las clases sociales, en particular de las proletarias. Asimismo, podría incluirse la gestión del liberalismo definido por Lleras como una coalición de matices de izquierda.
Los escándalos del gobierno Petro, que hoy salen a la luz con más fuerza, demuestran que su fracaso no radica solo en sus políticas, sino en los personajes que llevó a la administración. No fue un gobierno de izquierda, fue una mala administración: ineficiente y tolerante con la corrupción. Olvidó que ejercer la autoridad para garantizar la seguridad, respetando los derechos humanos, también es una bandera progresista. No es de izquierda negociar con delincuentes de todos los pelambres bajo el ropaje de la paz ni convertirlos en gestores de paz –como ocurrió con Mancuso–, aparentemente con los fines que hoy revela el llamado pacto de Valledupar. El asistencialismo no es redistribución del ingreso; es simple populismo electoral.
No puede entonces decirse, que la socialdemocracia ha sido derrotada. El derrotado fue un mal gobierno, con su “Paz Total” y la desbordada corrupción.
