José Alejandro Díaz
Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 han puesto nuevamente sobre la mesa una discusión histórica sobre las profundas desigualdades que atraviesan al país. Más allá de los resultados electorales, el debate revela una fractura social evidente entre quienes experimentan las dinámicas económicas desde posiciones de privilegio y quienes enfrentan diariamente las consecuencias de la precarización laboral, la pobreza estructural y la falta de oportunidades.
Las comodidades que disfrutan ciertos sectores de la sociedad parecen sustentarse en estructuras históricas de desigualdad que han concentrado el poder económico y político en grupos reducidos. Mientras una parte del país accede a oportunidades educativas, laborales y financieras, millones de ciudadanos continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad que limitan su movilidad social. Esta realidad no puede entenderse únicamente como consecuencia del esfuerzo individual o de decisiones personales; responde también a factores estructurales que condicionan las posibilidades de desarrollo desde el nacimiento.
La cultura contemporánea del consumo ha contribuido a reforzar estas brechas mediante la promoción constante de ideales de éxito asociados principalmente a la acumulación material. En consecuencia, se construye una narrativa en la que el bienestar parece depender exclusivamente de la capacidad de adquirir bienes y servicios, invisibilizando las condiciones sociales necesarias para garantizar una vida digna. Esta lógica favorece la normalización de modelos económicos que privilegian la rentabilidad sobre las necesidades colectivas.
Dentro de este escenario, el capital adquiere una dimensión especialmente problemática cuando impulsa actividades extractivas que generan beneficios económicos para determinados sectores mientras trasladan parte de sus costos ambientales y sociales a las comunidades más vulnerables. Procesos como la explotación intensiva de recursos naturales, la expansión minera o la fracturación hidráulica representan ejemplos de una visión de desarrollo centrada en la acumulación de riqueza inmediata, con frecuencia sin considerar suficientemente sus impactos de largo plazo sobre los territorios y las poblaciones afectadas.
Las discusiones electorales de 2026 han evidenciado cómo parte del discurso político dominante continúa apelando a narrativas centradas en la seguridad, el emprendimiento individual y la meritocracia como respuestas universales a problemas complejos. Sin embargo, estas propuestas suelen pasar por alto las barreras estructurales que enfrentan millones de colombianos para acceder a educación de calidad, empleo digno o servicios básicos. En algunos casos, la pobreza se presenta como una consecuencia de la falta de esfuerzo personal, desconociendo los condicionantes históricos, económicos y sociales que reproducen la exclusión.
Una de las expresiones más visibles de esta desconexión aparece en las percepciones sobre el trabajo. Frases como “trabajen, vagos” simplifican un fenómeno mucho más complejo relacionado con el desempleo estructural, la informalidad laboral y la precarización de las condiciones de empleo. Colombia cuenta con miles de jóvenes y profesionales que han invertido años en formación académica y capacitación técnica, pero que encuentran enormes dificultades para insertarse en un mercado laboral caracterizado, en muchos casos, por el clientelismo, el nepotismo y la concentración de oportunidades.
Resulta preocupante que, en medio de la discusión electoral, se mantengan discursos que exaltan exclusivamente el éxito individual mientras minimizan el papel que cumplen las políticas públicas, la inversión estatal y las luchas colectivas en la construcción de oportunidades. Ningún logro personal surge en el vacío. Detrás de cada trayectoria de ascenso social existen sistemas educativos, infraestructuras públicas, movimientos sociales y generaciones anteriores que lucharon por derechos laborales, acceso a la educación y garantías democráticas.
Al mismo tiempo, reconocer la importancia de los factores estructurales no implica desconocer el valor del esfuerzo individual. El trabajo, la disciplina, la creatividad y la capacidad de emprender siguen siendo elementos fundamentales para el desarrollo personal. No obstante, estas cualidades producen resultados muy diferentes cuando las condiciones de partida son profundamente desiguales. La discusión no debería enfrentar mérito y justicia social, sino buscar la manera de que ambos puedan coexistir.
En este contexto surge una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando una persona que logró mejorar sus condiciones económicas olvida el origen colectivo de su propia trayectoria? Es frecuente observar cómo algunos individuos, tras alcanzar cierta estabilidad financiera, adoptan posturas que minimizan las dificultades que enfrentan quienes continúan luchando por acceder a oportunidades similares. Este fenómeno refleja una ruptura de la memoria social que debilita la solidaridad y fortalece visiones excesivamente individualistas.
La historia demuestra que los avances más significativos en materia de derechos sociales han sido resultado de esfuerzos colectivos y no de iniciativas individuales aisladas. Los derechos laborales, la ampliación de la educación pública, la protección de poblaciones vulnerables y los avances en igualdad social surgieron gracias a movilizaciones ciudadanas, organizaciones comunitarias y movimientos políticos comprometidos con la transformación de la sociedad.
Esta reflexión adquiere especial relevancia en un momento en que el debate electoral colombiano se encuentra profundamente polarizado. Los resultados de la primera vuelta muestran un país dividido entre proyectos políticos opuestos, pero también reflejan un descontento acumulado frente a problemas históricos que permanecen sin solución. La seguridad, la desigualdad, el acceso a oportunidades y la crisis de confianza institucional constituyen preocupaciones legítimas de millones de ciudadanos.
Sin embargo, cualquier proyecto político que aspire a gobernar Colombia debe partir del reconocimiento de la realidad social del país. Ignorar las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad que afectan a amplios sectores de la población implica construir propuestas desconectadas de las necesidades reales de las comunidades. La política no puede reducirse a discursos emotivos, narrativas de confrontación o promesas de autoridad; requiere comprender la complejidad de los problemas sociales y proponer soluciones sostenibles e incluyentes.
En este sentido, resulta pertinente recordar las ideas de François Babeuf y su concepción de una sociedad basada en la igualdad efectiva entre sus miembros. Aunque formuladas a finales del siglo XVIII, sus reflexiones continúan siendo relevantes en contextos donde persisten profundas brechas económicas y sociales. Babeuf entendía que la estabilidad política solo podía alcanzarse cuando las personas tuvieran acceso real a los recursos y oportunidades necesarias para desarrollar plenamente sus capacidades.
Hoy, esa búsqueda de igualdad también incluye dimensiones fundamentales como la igualdad de género, el acceso equitativo a la educación, la participación política y la protección de los derechos humanos. Construir una sociedad verdaderamente democrática exige garantizar que ninguna persona sea excluida por su origen social, su género, su territorio o su condición económica.
Colombia enfrenta el desafío histórico de decidir qué modelo de sociedad desea construir durante los próximos años. Más allá de los nombres propios o de los resultados electorales inmediatos, la verdadera discusión debe centrarse en cómo superar las estructuras que reproducen la desigualdad y cómo fortalecer una cultura política basada en la solidaridad, la justicia social y el reconocimiento de la dignidad humana.
La transformación de estas realidades no dependerá únicamente de reformas institucionales o cambios de gobierno. También exige una profunda reflexión colectiva sobre nuestros valores, nuestras prioridades y nuestra responsabilidad frente al bienestar común. Solo cuando el progreso individual sea inseparable del compromiso con el desarrollo colectivo podremos avanzar hacia una sociedad donde las oportunidades no sean privilegios reservados para unos pocos, sino derechos garantizados para todos.
Finalmente, resulta fundamental que la ciudadanía participe activamente en la jornada electoral del próximo 21 de junio. El voto informado y reflexivo constituye una de las herramientas más importantes de la democracia. Más allá de las preferencias individuales o partidistas, lo que está en juego es la construcción colectiva del país que queremos para las próximas generaciones. Colombia necesita ciudadanos capaces de decidir con criterio propio, conscientes de que el destino nacional trasciende los intereses particulares y compromete el bienestar de toda la sociedad.
José Alejandro Díaz
Sociólogo
