Víctor Alarcón Zambrano
Especial para Demócratas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que con su segunda llegada al poder “se inicia una era dorada, un nuevo país y un mejor sol y amanecer para todos los estadounidenses”.
Y para cumplirlo, desde el primer día de su gobierno implementó una política migratoria radical. Una de sus primeras órdenes ejecutivas —decretos, en nuestra terminología— con cerca de 700 palabras, ordena negar la ciudadanía estadounidense a los nacidos en el país cuyos padres sean extranjeros sin documentos legales de residencia.
La orden fue calificada de inmediato como inconstitucional por constitucionalistas, juristas, congresistas, fiscales generales de varios estados, jueces y defensores de los inmigrantes. Coinciden en que la ciudadanía por nacimiento es una garantía legal consolidada desde hace más de un siglo y que, aunque los presidentes tienen amplios poderes, no son monarcas.
“El presidente no puede, de un plumazo, anular el artículo 14 de la Constitución”, afirmó el fiscal general de Nueva Jersey, Mark Platkin.
Por su parte, el fiscal general de Connecticut, William Tong —hijo de inmigrantes chinos y primer fiscal general de origen chino-estadounidense elegido en el país— declaró:
“Esta demanda es personal para mí. La Enmienda 14 dice claramente que si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto. No puede haber un debate legal legítimo sobre esto. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño a familias como la mía”.
Apenas se publicó la orden, los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington la demandaron ante tribunales federales, que aceptaron las acciones y suspendieron su cumplimiento. En el sistema judicial estadounidense, una decisión de un juez federal tiene jurisdicción nacional.
La Casa Blanca respondió apelando ante la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país. Este viernes, el país despertó con sorpresa ante el fallo de la Corte Suprema, que anuló los mandatos judiciales emitidos por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts. Con ello, se recorta el poder de los tribunales federales, limitando sus decisiones solo a sus respectivas jurisdicciones locales.
El fallo implica que las sentencias que suspendían la orden ejecutiva de Trump solo tendrán efecto en los estados demandantes. En consecuencia, el resto del país deberá aplicar la orden presidencial. Un escenario caótico: un niño nacido en Maryland será ciudadano estadounidense, pero otro nacido el mismo día en Florida no lo será.
No obstante, la Corte fijó un plazo de treinta días para la entrada en vigor de la orden presidencial en aquellos estados donde no haya demandas en curso.
El fallo —dividido con seis votos a favor y tres en contra— reflejó una alineación partidista: seis magistrados nombrados por Trump votaron a favor de la Casa Blanca. La jueza Sonia Sotomayor, de origen latino, expresó con dureza su desacuerdo:
“Esto es una farsa. Invito a los estados a actuar con rapidez para que esta Corte pueda revisar una orden presidencial manifiestamente ilegal y perjudicial. Una mayoría derechista ha permitido que Trump arrebate la ciudadanía por nacimiento, obligando a las personas a presentar demandas costosas para recuperarla. Es una vil traición a nuestra Constitución. Debemos alzar la voz y luchar”.
En rueda de prensa, Trump celebró con entusiasmo el fallo y elogió a los seis magistrados que votaron a su favor:
“La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Decimocuarta Enmienda tras la Guerra Civil, estaba destinada a los hijos de esclavos, no a quienes intentan estafar al sistema migratorio. Cientos de miles de personas están aprovechándose de ese principio, y no fue concebido con ese propósito”.
Renata Bozzetto, subdirectora de la Coalición de Inmigrantes de Florida, manifestó:
“Esta decisión no trata solo de procedimientos legales. Se trata de quiénes pueden ser considerados estadounidenses. No es democracia: es gobernar por decreto, fracturar nuestra identidad nacional, redefinir quién es ciudadano según la visión distorsionada de un gobernante”.
De inmediato, 22 estados de la Unión presentaron nuevas demandas ante la Corte Suprema para derogar la orden presidencial. La Casa Blanca respondió:
“Estamos listos para enfrentar a los estados en los tribunales. Estas demandas no son más que una extensión de la resistencia de la izquierda. Los radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump”.
Un poco de historia
Durante la esclavitud, en 1857, la Corte Suprema negó el derecho a la ciudadanía a personas negras y descendientes de esclavos. En esa época, solo podían votar los hombres blancos propietarios de tierras.
Esa decisión generó una fuerte reacción ciudadana y, ese mismo año, se aprobó la Enmienda 14, que establece:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
En 1897, Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos sin papeles, nacido en San Francisco, fue impedido de volver al país tras visitar China. Demandó, y un año después, la Corte Suprema falló a su favor, reafirmando el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Este principio, conocido como jus soli (derecho del suelo), sigue vigente en Estados Unidos y en otros 30 países. Contrasta con el jus sanguinis (derecho de sangre) aplicado en países como Alemania, donde la nacionalidad se transmite por ascendencia.
Hay excepciones: los hijos de diplomáticos extranjeros y de fuerzas enemigas nacidos en suelo estadounidense no adquieren la ciudadanía. Además, hasta 1924 los pueblos indígenas no gozaban de este derecho, y en 2021 la Corte Suprema reafirmó que los nacidos en territorios no incorporados, como Samoa Americana, no son ciudadanos a menos que el Congreso lo legisle.
Un dato curioso: hasta la década de 1980, el nacimiento de un hijo en EE. UU. otorgaba a sus padres indocumentados el derecho a solicitar la residencia legal y, eventualmente, la naturalización.
Hoy, con apenas treinta días para que entre en vigor una orden presidencial que sacude los fundamentos constitucionales del país, Estados Unidos se enfrenta a una nueva y compleja batalla entre los poderes del Estado.
Cabe anotar que, hasta hace algunos años, (en la década del 80), el nacimiento de un hijo de indocumentados otorgaba a sus padres el derecho de obtener la residencia legal en el país y posteriormente su naturalización. Lo cierto es que solo hay treinta días para clarificar este nuevo enfrentamiento entre los dos poderes del estado.
Compartimos un análisis de CNN sobre este mismo asunto:
