Carlos Arturo Rodríguez Diaz
Exdirector Regional OIT – Expresidente CUT
Inédita e innecesaria, tanto para la ANDI como para Colombia, es a mi juicio la animosidad empresarial, que viene generándose contra las políticas del gobierno y que muestran a un gremio con evidentes sesgos ideológicos, que lo alejan de la necesaria ponderación que lo debe caracterizar y, lo acercan a posturas partidarias que desdibujan su accionar. Su reciente Congreso lo realizó en el marco de un distanciamiento institucional y de una creciente tensión entre el Gobierno y la ANDI, convirtiéndolo más en un espacio de cerrera oposición, que de franca deliberación.
La lista de desencuentros viene desde las propuestas sobre la reforma laboral y salud, hasta la situación económica del país, cuando la ANDI pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 0062 de 2025, que instauró el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, argumentándole carencias jurídicas.
Lo cierto es que hoy necesitamos más política, menos ideología y gran generosidad para reconocer los buenos resultados que viene teniendo el actual Gobierno. Para evidenciar su exitosa política en materia económica ligada con el auge empresarial, recordemos que el diario la República publicó el reporte de la Superintendencia de Sociedades donde en el 2024, las 1.000 empresas más grandes del país registraron ingresos por $1.183 billones y utilidades de $90 billones que, según el titular de la entidad, reflejan un “sólido margen neto y una rentabilidad consolidada”.
Por sectores, el comercio lidera con $369,9 billones en ingresos y utilidades por $6,7 billones. Le sigue servicios con ingresos por $306,6 billones y utilidades por $50,7 billones, consolidándose como el de mayor rentabilidad. El sector manufacturero reportó ingresos por $273,8 billones y ganancias por $10,7 billones; hidrocarburos, $183,7 billones en ingresos y $18,3 billones en utilidades; construcción, $36,4 billones en ingresos y $3,0 billones en utilidades; y el agropecuario, $17,2 billones en ingresos y $0,7 billones en ganancias.
Las cifras relacionadas hablan por sí solas e invitan a dialogar con los empresarios que admiten que su responsabilidad con el país trasciende lo tributario. Que hacen suya la causa ambiental y la transforman en un factor competitivo. Que se entienden con los sindicatos y que saben que, para funcionar mejor, no solo necesitan la aprobación legal, sino una licencia social.
También sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial, persuadir sobre la misma, a los empresarios que creen que su única obligación es pagar impuestos. Que las leyes laborales, el sindicalismo y la negociación colectiva, son erosionables y privilegian lo económico sobre lo político.
Sin duda, hoy se necesitan gobiernos que impulsen reformas sociales porque la desigualdad y los profundos desequilibrios, requieren rectificación, pues no se puede salir de las crisis con las mismas políticas que produjeron las crisis, lo que implica equilibrar los modelos de crecimiento, con políticas que expandan las inversiones, la demanda y el mercado interno.
Así las cosas, el tema a considerar no es solo la cuantificación económica sino la perturbación social, producto de los desequilibrios. Por ello, se oyen importantes voces empresariales entendiendo que la gravedad del problema podría poner en riesgo sus intereses y plantean una mejor redistribución del ingreso, reformas tributarias y más diálogo social.
Como elemento argumental a considerar sobre el tema que nos concita, recuerdo que por el año 2011, el periódico The Wall Street Jornal tituló: Los archiricos se han convertido en una amenaza para la paz social y se urge al gobierno: “Fiscalicen a los superricos. Y háganlo ahora. Antes de que el 99% restante desencadene una nueva Revolución Estadounidense, una implosión y la Gran Depresión”. En Alemania, existe un grupo, que se llama “Ricos por una tasa para los ricos”.
Por la misma época, el gobierno francés reformó el denominado impuesto sobre la fortuna, haciendo pagar más a las clases altas de la sociedad, con la intención de reducir el déficit y la deuda. En el Reino Unido, se pusieron en marcha medidas fiscales específicas dirigidas a los más ricos desde que estalló la crisis financiera y en España, el gobierno recuperó el impuesto al patrimonio.
El 15 de agosto del 2011, el The New York Times publicó una carta de Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, que pide: “Por favor, dejen de mimar a los ricos con exenciones fiscales. Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleo”.
En correspondencia con este sensata y racional invitación, creo que sería más provechoso para todos que Bruce Mac Master, convocara a llenar de contenido su llamado cuando dijo: “Colombia debe tener la capacidad de construir una senda de crecimiento de largo plazo”, lo que requiere un entorno propicio que involucre a gobierno, empresarios y trabajadores, en búsqueda de soluciones y como garantía para poner en práctica una política de crecimiento económico y social.
Además, valdría la pena retomar las conclusiones del Congreso de la ANDI del 2015 que acordó una “Estrategia para una nueva industrialización” que implica definir una política industrial moderna.
En aquella oportunidad, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en consonancia con su propuesta, planteó la necesidad de pensar las empresas en términos de sus encadenamientos globales. Por lo anterior, con un plan de Reindustrialización terminaría la vieja discusión entre algunos empresarios sobre el carácter y cambio de nombre de la Asociación Nacional de Industriales, a la de Asociación Nacional de Empresarios.
Lo cierto es que este no es un tema semántico, sino una visión de país, para pasar la página de la animosidad empresarial, a la elaboración de un libro para el desarrollo que tendría un capítulo enfatizando en la Reindustrialización con las energías limpias.