Ana Duque de Estrada
El arresto del príncipe Andrés el pasado 19 de febrero de 2026 ha sacudido los cimientos de la monarquía británica y reavivado el debate sobre la vigencia de las casas reales en Europa. La policía británica lo detuvo bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, vinculada a sus nexos con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por delitos sexuales. Aunque Andrés fue liberado bajo investigación, el hecho marca un precedente histórico: nunca antes un miembro de la familia real inglesa había enfrentado un proceso de esta magnitud.
La prensa británica ha ofrecido enfoques contrastantes. The Guardian subraya la dimensión institucional del caso, recordando que Andrés actuaba como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional. La BBC, fiel a su estilo sobrio, se centra en los hechos policiales y judiciales, mientras que The Sun enfatiza el escándalo y las acusaciones de tráfico sexual, destacando el golpe a la reputación de la monarquía. Esta diversidad de narrativas refleja la tensión entre informar con rigor y responder al apetito público por el sensacionalismo.
En el continente, los medios europeos han interpretado el caso como un síntoma del desgaste de la institución monárquica. El País lo presenta como un símbolo del declive británico, Le Monde resalta la dimensión internacional de los vínculos de Epstein y Der Spiegel enfatiza la incompatibilidad entre la tradición monárquica y la exigencia contemporánea de transparencia. En paralelo, se han recordado amistades incómodas de Epstein con círculos cercanos a otras casas reales, como Mónaco, y se ha señalado que el escándalo refuerza las críticas hacia la monarquía española.
El impacto del caso Andrés trasciende fronteras y plantea una pregunta incómoda: ¿pueden las monarquías europeas sobrevivir en una era que exige rendición de cuentas y transparencia? El escándalo Epstein no solo ha puesto en jaque al duque de York, sino que también ha encendido un debate sobre la legitimidad de las casas reales en sociedades democráticas. Lo que comenzó como un caso judicial amenaza con convertirse en un punto de inflexión para la realeza europea en su conjunto.
