Alfonso Gómez Méndez
Los medios de comunicación juegan un papel determinante en el control social de la lucha contra la corrupción política y administrativa. Desde luego, hay distintas maneras de enfocar, comprender y asumir esa especie de “auditoría” permanente. La primera distinción debe hacerse entre los medios responsables y las llamadas “redes sociales”, que muchas veces, amparadas en el anonimato, se prestan para divulgar hechos inexistentes, o tergiversados, o para esparcir rumores, chismes o consejas.
Capítulo aparte sería lo que puede pasar en un futuro con el mal uso de la inteligencia artificial para simular voces, suplantar personas o simplemente crear falsas noticias. Por eso solo me ocupo aquí de los medios, los que, conforme a la norma constitucional, son libres, pero tienen responsabilidad social, no solo legal.
En muchísimas ocasiones, arriesgados periodistas han puesto la lupa sobre casos de corrupción, nepotismo y abuso del poder, que difícilmente los ciudadanos hubiéramos conocido sin su labor valiente.
Es una lástima que no hayan podido sostenerse con toda su amplitud y peso las unidades investigativas, como la que en una época integraron, en EL TIEMPO, Daniel Samper, Alberto Donadío y Gerardo Reyes, aun cuando algunos en este mismo diario y en otros medios como Caracol Televisión, El Colombiano de Medellín, Semana y la revista Cambio, a veces con las uñas, hacen la labor de control político, y en cierta forma de investigación judicial. Varios periodistas y medios han hecho y hacen su trabajo, a pesar de no disponer de poderosos aparatos estatales con medios ampliamente tecnificados hoy como el CTI, la Policía, las unidades de inteligencia -cuando no se desvían- y la UIAF, entre otras.
Claro está que en ocasiones los ciudadanos quieren que los organismos de justicia actúen al mismo ritmo de los periodistas, lo cual no es posible, pues investigadores y jueces tienen limitaciones sobre todo vinculadas, como debe ser, al debido proceso y a la presunción de inocencia. El ritmo y la intensidad no pueden ser iguales. No siempre lo que la opinión pública piensa o quiere está en sintonía con las disposiciones legales, sobre todo en materia penal y disciplinaria.
Pero en un país con impunidad no solo judicial sino política y hasta social, el periodismo independiente se convierte en un gran soporte de la democracia.
Claro está que los periodistas jamás pueden reemplazar a fiscales y jueces. Pero estos no pueden ignorar las informaciones que surgen y las pesquisas que hacen los comunicadores sociales. Esta reflexión es validá también frente al Congreso de la República que hace mucho tiempo dejó de hacer un control político real.
En muchos casos, el periodismo denuncia hechos reales de corrupción, sin que las autoridades estatales –Congreso, jueces y fiscales– hagan su trabajo en forma pronta y cumplida. Y por eso los ciudadanos comienzan a creer que no vale la pena denunciar si, por ejemplo, cuando se condena por corrupción a un político sus herederos conservan el poder y hasta lo extienden, o los ciudadanos siguen votando una y otra vez por personajes comprometidos con asaltos al tesoro público.
Un investigador social podría hacer un cuadro comparativo entre las denuncias –con fundamento– de los medios y la falta de consecuencias políticas, penales y disciplinarias. En parte, eso ha venido ocurriendo con las denuncias sobre el gravísimo caso de la Unidad de Gestión del Riesgo. Con informaciones periodísticas –muy fundamentadas– se han demostrado situaciones de cohecho político que, en cualquier otro país, o en el nuestro en otras épocas, hubieran generado terremotos como el que tumbó a Fujimori en el Perú.
Un solo ejemplo: La revista Cambio, en dos ediciones, demostró cómo a una joven, apenas bachiller, por conexiones políticas de hondo calado, se le permitió usar aviones y helicópteros de la Policía para hacer diligencias burocráticas con un desmentido argumento de “seguridad nacional”. Solo en ese caso el peculado por uso salta cual traviesa liebre. El único resultado fue su ascenso a un viceministerio, sin que eso nada diga ni a la Justicia, ni al Congreso. Por situaciones como esta, a su manera, los periodistas se ven obligados a reemplazar a los organismos de justicia y al Congreso en su control político.
