Víctor Alarcón Zambrano
¿Podría la gran victoria electoral demócrata cambiar para siempre la manera en que Estados Unidos elige a su presidente? No es seguro, pero la posibilidad existe y el camino para conseguirlo está trazado.
Las recientes victorias demócratas en las elecciones de noviembre han abierto una oportunidad política que podría tener importantes consecuencias para el sistema electoral estadounidense. El nuevo control demócrata de las gobernaciones y las legislaturas estatales en Arizona, Michigan, Minnesota, Nevada, Pensilvania y Wisconsin ha modificado el panorama político y ha puesto nuevamente sobre la mesa una iniciativa que lleva casi dos décadas intentando transformar la elección presidencial: modificar, en la práctica, el funcionamiento tradicional del Colegio Electoral.
Conviene aclarar que no se trata de abolir formalmente el Colegio Electoral, sino de cambiar la manera en que se distribuyen los votos electorales, de modo que el candidato que obtenga más votos populares en todo el país sea quien llegue a la Casa Blanca.
Recordemos que en Estados Unidos el presidente no es elegido directamente por el voto popular nacional. Los ciudadanos votan en sus respectivos estados y, posteriormente, un grupo de electores designados por cada uno de ellos elige formalmente al presidente y al vicepresidente. El sistema cuenta con 538 votos electorales y para ganar la presidencia se necesitan al menos 270.
En la mayoría de los estados funciona la regla conocida como winner takes all (el ganador se lleva todo): el candidato que obtiene más votos en ese estado recibe la totalidad de sus votos electorales. Maine y Nebraska constituyen excepciones, pues distribuyen algunos de sus votos electorales por distrito congresional.
Por esta razón ha ocurrido que un candidato gane la presidencia sin haber obtenido el mayor número de votos populares en todo el país.
El proyecto que pretende cambiar las reglas
Desde hace años existe una iniciativa conocida como National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC), que en español podemos denominar Pacto Interestatal por el Voto Popular Nacional.
Su objetivo es sencillo, aunque sus implicaciones constitucionales y políticas son considerables: conseguir que los estados participantes asignen la totalidad de sus votos electorales al candidato presidencial que obtenga más votos populares en el conjunto del país, independientemente de quién haya ganado dentro de cada uno de esos estados.
La iniciativa fue impulsada por John R. Koza, científico informático y antiguo elector presidencial, junto con otros promotores de la elección presidencial por voto popular nacional.
Hasta abril de 2026, 18 estados y Washington D. C. habían aprobado el pacto, con un total de 222 votos electorales. Todavía faltaban 48 para alcanzar la cifra necesaria para que entrara en vigor. Maryland fue el primer estado en aprobar el NPVIC, en abril de 2007.
Y es aquí donde entra en juego la nueva ola azul. Las cinco nuevas mayorías demócratas en Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada representan, respectivamente, 11, 15, 19, 10 y 6 votos electorales. En conjunto, suman 61. Minnesota, que también obtuvo un gobierno estatal demócrata, ya forma parte del pacto desde 2023.
Si esos cinco estados aprobaran la iniciativa, los 222 votos electorales ya comprometidos aumentarían a 283, superando los 270 necesarios para ponerla en funcionamiento.
Sin embargo, hay una condición fundamental: ganar las elecciones estatales no significa que el pacto quede automáticamente aprobado. Cada legislatura tendría que aprobar la adhesión y completar el correspondiente procedimiento legislativo. La nueva composición política abre una oportunidad, pero no garantiza el resultado.
Vale la pena detenernos un momento para entender el origen de este mecanismo.
El Colegio Electoral no es un edificio, una institución permanente ni un organismo con sede propia. Es el procedimiento constitucional mediante el cual se designan los electores que formalmente eligen al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos.
Sus orígenes se remontan a la Convención Constitucional de 1787. Los fundadores del país discutieron intensamente cómo debía elegirse al presidente. Algunos defendían la elección directa por los ciudadanos; otros preferían que la decisión correspondiera al Congreso. Finalmente, se adoptó un mecanismo intermedio: el Colegio Electoral.
La Constitución otorgó a las legislaturas estatales la facultad de determinar la manera en que serían designados sus electores. Esa disposición es precisamente la base constitucional sobre la que se apoya el actual proyecto de voto popular nacional. En otras palabras, el pacto no pretende modificar formalmente la Constitución, sino utilizar una facultad que esta reconoce a los estados.
El problema no es nuevo. John Quincy Adams, en 1824; Rutherford B. Hayes, en 1876, y Benjamin Harrison, en 1888, llegaron a la Casa Blanca sin haber obtenido el mayor número de votos populares a escala nacional.
El hecho parecía olvidado y tácitamente aceptado como parte de las reglas del sistema. Sin embargo, el tema volvió a adquirir enorme relevancia con las elecciones del año 2000. El republicano George W. Bush obtuvo la presidencia pese a que su contrincante demócrata, Al Gore, había conseguido más votos populares en todo el país. Dieciséis años después, en 2016, se repitió la situación: Donald Trump ganó la presidencia frente a Hillary Clinton, quien obtuvo casi 2,9 millones de votos más.
Estos episodios reavivaron el debate sobre la legitimidad democrática de un sistema en el que el ganador de la elección presidencial puede no ser el candidato que haya recibido más votos de los ciudadanos.
Un dato interesante es que la iniciativa también ha recibido respaldo legislativo en estados con tradición republicana, aunque algunas de esas propuestas no llegaron a convertirse en leyes.
¿Qué significaría este cambio para las elecciones de 2028?
La consecuencia sería trascendental. El candidato ganador sería aquel que obtuviera el mayor número de votos populares en el conjunto del país, y no necesariamente quien se impusiera en los estados que tradicionalmente deciden las elecciones presidenciales.
Por supuesto, el proyecto también tiene detractores. Quienes defienden el sistema actual sostienen que el Colegio Electoral protege el equilibrio federal y evita que las grandes concentraciones urbanas determinen por sí solas el resultado de una elección nacional. Sus críticos, por el contrario, consideran que cada voto ciudadano debería tener el mismo peso, independientemente del estado en el que se emita.
La gran ola azul de noviembre de 2026 ha creado condiciones políticas que los promotores del voto popular nacional no habían tenido anteriormente en varios de estos estados.
Pero hay que recordar algo: alcanzar las 270 adhesiones no significa que el cambio esté libre de controversias. El pacto podría enfrentar desafíos judiciales, particularmente en torno a la Cláusula de los Pactos Interestatales de la Constitución y a la autoridad de los estados para coordinar sus decisiones electorales. También existe un debate sobre si una iniciativa de esta naturaleza requiere la aprobación del Congreso.
La propuesta, por tanto, tiene todavía un camino legislativo y posiblemente jurídico antes de convertirse en una realidad.
La pregunta ya no es solamente si Estados Unidos debería elegir a su presidente mediante el voto popular nacional. La pregunta es si existe la voluntad política suficiente para conseguirlo utilizando los mecanismos que permite la propia Constitución.
De concretarse el plan y entrar en vigor a tiempo, las elecciones de 2028 podrían desarrollarse bajo una regla fundamentalmente diferente: ya no sería determinante quién gana en cada estado, sino quién obtiene más votos en el país entero.
Sería una transformación histórica del sistema electoral estadounidense, sin necesidad de modificar formalmente la Constitución, aunque no sin controversias jurídicas y políticas.
El tiempo, las legislaturas estatales y, eventualmente, los tribunales tendrán la última palabra.
¡Amanecerá y veremos!



