Carlos Eduardo Lagos
Hay una pregunta que casi nadie se está haciendo en esta campaña. No es quién ganará las elecciones. Es qué país quedará al día siguiente.
Las campañas han convertido el debate público en una competencia de emociones. El miedo, la indignación, la esperanza y el rechazo ocupan el lugar que deberían tener las ideas. Los algoritmos amplifican la confrontación porque la ira produce más interacción que la reflexión. Los candidatos terminan discutiendo sobre sí mismos mientras los ciudadanos olvidan discutir sobre Colombia.
Sin embargo, cuando las urnas se cierren, las campañas desaparecerán, los eslóganes perderán valor y las redes sociales buscarán una nueva polémica. Lo único que permanecerá será la realidad nacional.
Y esa realidad exige respuestas más profundas que cualquier consigna electoral. Durante los últimos años el país ha acumulado problemas que no pueden seguir siendo aplazados. El deterioro de la seguridad en amplias regiones, la expansión del crimen organizado, la crisis del sistema de salud, el debilitamiento de la confianza institucional, las dificultades fiscales, la incertidumbre energética, la caída de la inversión privada y una creciente polarización social son fenómenos que ningún gobierno podrá resolver mediante discursos.
Por eso la elección debería comenzar por una pregunta elemental: ¿qué propuestas ofrecen respuestas serias y viables para enfrentar estos desafíos? La seguridad sigue siendo el primer deber del Estado. Para millones de colombianos la principal preocupación no es ideológica. Es práctica. Poder trabajar sin pagar extorsiones. Poder movilizar una cosecha sin atravesar territorios controlados por estructuras criminales. Poder abrir un negocio sin convertirse en objetivo de organizaciones ilegales.
La recuperación de la autoridad legítima del Estado, el combate al crimen organizado y la protección efectiva de los ciudadanos deberían ocupar el centro de cualquier proyecto nacional.
Pero la seguridad, por sí sola, tampoco basta. Una nación no derrota la violencia únicamente mediante la fuerza. También necesita crecimiento económico, oportunidades de empleo, movilidad social y confianza en las instituciones. Durante demasiado tiempo Colombia ha discutido la distribución de la riqueza sin prestar suficiente atención a su creación.
La reducción de la pobreza, la ampliación de la cobertura social, la educación pública de calidad y el acceso a la salud requieren recursos permanentes. Y esos recursos dependen de una economía capaz de crecer, atraer inversión y generar empleo formal. No existe política social sostenible sobre una economía estancada.
Tampoco sobre déficits fiscales crecientes. La sostenibilidad fiscal no es una obsesión tecnocrática. Es una obligación moral con las futuras generaciones. Cada peso financiado con deuda representa una carga que alguien deberá asumir mañana. Los países no se empobrecen porque ayuden a los más vulnerables. Se empobrecen cuando prometen más de lo que pueden financiar.
A ello se suma un desafío estratégico que rara vez ocupa los titulares: la infraestructura.
Las grandes transformaciones económicas de la historia han estado acompañadas por grandes transformaciones en conectividad, logística, transporte y energía.
Sin carreteras competitivas, puertos eficientes, sistemas férreos modernos, infraestructura digital y seguridad energética, cualquier promesa de desarrollo termina convertida en retórica.
La infraestructura no es un gasto. Es la plataforma sobre la cual se construyen el empleo, la productividad y la competitividad.
También debemos reflexionar sobre las soberanías estratégicas del siglo XXI.
No basta con proteger las fronteras. Colombia necesita preservar su soberanía energética, garantizando una transición responsable que no comprometa el abastecimiento futuro.
Necesita fortalecer su soberanía alimentaria, apoyando la producción nacional y reduciendo vulnerabilidades externas.
Necesita avanzar en soberanía tecnológica para no quedar rezagada frente a las nuevas revoluciones digitales.
Y necesita proteger una soberanía aún más importante: la soberanía democrática.
Porque ninguna política pública tendrá futuro si se debilitan las instituciones que sostienen la República.
La Constitución de 1991 sigue siendo el mayor acuerdo político alcanzado por los colombianos en tiempos modernos. Puede reformarse. Puede perfeccionarse. Pero no debería convertirse en víctima de la polarización.
La independencia judicial, la libertad de prensa, la autonomía del Banco de la República, la transparencia electoral, la profesionalización del Estado y la separación de poderes no son obstáculos para el cambio. Son las garantías que permiten que el cambio no dependa de la voluntad de un solo gobernante.
La experiencia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos sobre los riesgos de sacrificar las instituciones en nombre de proyectos políticos que prometen soluciones inmediatas.
Las democracias rara vez colapsan de un día para otro. Se deterioran lentamente.
Pierden credibilidad. Pierden independencia. Pierden controles. Y cuando la ciudadanía advierte el daño, suele ser demasiado tarde. Por eso esta elección debería ser también una reflexión sobre la calidad de nuestra convivencia. Colombia necesita reconciliación. Pero no únicamente con los grupos armados. Necesita reconciliarse consigo misma.
Necesita recuperar la capacidad de dialogar sin odio, disentir sin destruir y debatir sin convertir cada diferencia en una guerra moral.
La reconciliación no se firma únicamente en una mesa de negociación.
Se construye todos los días entre ciudadanos.
Quizá esa sea la gran tarea pendiente. Porque las elecciones son importantes, pero no son el destino final de una democracia. Son apenas una estación en el camino.
Las campañas terminan. Los gobiernos pasan.
La República permanece. Y cuando llegue el día después de las elecciones, Colombia seguirá necesitando seguridad, crecimiento económico, instituciones fuertes, responsabilidad fiscal, cohesión social, infraestructura moderna, soberanía estratégica y respeto por la democracia.
Es sobre esos temas —y no sobre los estados de ánimo del momento— donde debería descansar la decisión de nuestro voto.
