Carlos Arturo Rodríguez Diaz
Exdirector Regional OIT y Expresidente CUT
Para corroborar el título de mi artículo recurro al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que ha sido uno de los analistas más influyentes de Europa y quien afirmó:” Hoy la elite política ya no habla el mismo lenguaje que la gente y presta poca atención a sus problemas reales. Eso está generando un divorcio entre poder y política. Poder es la capacidad de hacer cosas, política es la capacidad de decidir qué cosas hacer. Los gobiernos tienen políticas, programas, pero no el poder para aplicarlos”.
De otra parte, es preciso resaltar que afortunadamente siguen las reuniones de destacados empresarios a nivel mundial, quienes consideran que sus compañías no deben servir única y exclusivamente a los intereses de sus accionistas y a la maximización de sus ganancias, sino que también deben incluir a sus empleados, comunidades y proveedores; es decir, promueven una economía para todos.
En una de sus recientes reuniones el tema no fue la cuantificación económica, sino la perturbación social producto de los desequilibrios y por ello, importantes voces empresariales, entendiendo la gravedad del problema que podría poner en riesgo sus intereses, plantean una mayor redistribución del ingreso y más dialogo social, antes de que el 99% de la población desencadene un estallido social.
En Colombia, desafortunadamente la mayoría del Congreso de la República ha estado en contravía de las Reformas Sociales, por lo que los invito a retomar el dialogo argumentativo y desechar la vocinglería revanchista, pues ha obstruido toda posibilidad de darle cumplimiento al artículo 53 de la Constitución Nacional para expedir el estatuto del trabajo. Recuerdo que la CUT en 1993, con el liderazgo del gran dirigente sindical Isaías Tristancho, recogió tres millones de firmas para soportar un proyecto de estatuto del trabajo, que lamentablemente fue engavetado.
Ahora con el Gobierno del Cambio que lidera el presidente Gustavo Petro, el Legislativo, mantiene un bloqueo institucional y obstruye todos los proyectos de carácter social. La reforma laboral presentada, tuvo dos años de debate y para buscar un acuerdo con el empresariado, la bancada parlamentaria del Pacto Histórico debió retirar el capítulo sindical, sabiendo que la Negociación Colectiva es la que genera Derechos. Esta decisión permitió que la reforma laboral se aprobara en la Cámara de Representantes, pero al llegar a la Comisión Séptima de Senado, los voceros empresariales cambiaron su argumentación y dijeron que esa Reforma no se podía implementar porque arruinaría las empresas y se perderían 450.000 empleos. A reglón seguido, decidieron con 8 votos archivarla, a pesar de que la Ley quinta exige que los debates parlamentarios cuenten con garantías.
Esta decisión apresurada y arbitraria, obligó al gobierno a recurrir a la Democracia Participativa y tramitó ante el Congreso la aprobación de la Consulta Popular, que tiene establecida la Constitución Política. De inmediato los voceros empresariales manifestaron que no darían el aval a la Consulta Popular y prefirieron, como táctica dilatoria, hundir la Consulta y revivir la Reforma Laboral aprobada por consenso en la Cámara de representantes y hundida en la Comisión séptima de Senado.
Es bueno señalar que el día de la votación por la Consulta Popular, los voceros empresariales, con mayoría en el Congreso, mostraron un afán desenfrenado por cerrar la votación y acudieron a la votación abreviada, cuando debieron propiciar las garantías para que todos votaran.
En correspondencia con lo anterior y para reiterar que existe un bloqueo institucional contra las Reformas Sociales del gobierno, retomo del periódico el Nuevo Siglo, apartes de una publicación que relaciona algunos de los principales proyectos de Ley que han sido hundidos, engavetados o archivados:
- Reforma Laboral, hundida en la Comisión séptima de Senado.
- Ley de financiamiento, hundida por las comisiones económicas.
- Presupuesto General de la Nación, inédita negación a su aprobación.
- Reforma Política, hundida pese a que es para cumplir Acuerdos de Paz.
- Ley de sometimiento a la Justicia, hundida; era prioritaria para la Paz Total.
- Humanización carcelaria, se hundió proyecto para la resocialización del interno.
- Reforma a la salud, se puede volver a hundir porque llega a la Comisión Séptima.
- Ley estatutaria de educación, se hundió; buscaba educación de calidad incluyente.
Así las cosas, quienes defendemos las Reformas Sociales y propugnamos por una democracia con Derechos, debemos denunciar el bloqueo institucional. Reafirmar el contenido de la Reforma Laboral aprobada en la Cámara y retomar la implementación de los Convenios OIT, 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Defender la Reforma Pensional, que pretenden declarar inconstitucional por vicios de trámite, cuando se dice que la Procuraduría solicitó que la iniciativa quedara en firme, porque el paso del proyecto se hizo con todas las garantías de la Ley. Convertir el poder Legislativo en un escenario de acción sindical en procura de Derechos, y para tal propósito, desplegar una campaña para que los sectores laborales voten solo por quienes garanticen los derechos sociales.
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