Alfonso Gómez Méndez
Un proyecto de ley que está para sanción presidencial, de origen parlamentario y presentado por las congresistas Paloma Valencia (Centro Democrático), Angélica Lozano (Partido Verde), y apoyado por liberales, por Clara López Obregón del Pacto Histórico y Rodrigo Lara, estimula el debate sobre temas cruciales que nos lleven a una democracia real tales como campañas, partidos políticos, poder electoral, encuestas y elecciones. No se sabe si el presidente Petro sancionará u objetará el proyecto, cuestionado por algunos sectores pero que de todas maneras aborda asuntos que no pueden seguir siendo aplazados.
No es fácil plantear la regulación de las encuestas electorales. En esta columna he planteado la hipótesis -sin desconocer su necesidad- que, dada la extensión de las campañas políticas en Colombia, éstas muchas veces terminan no registrando hechos políticos sino creándolos. Ojalá se hubiese tramitado antes de la actual calentura electoral.
Los tópicos están relacionados y los mencionaría en el siguiente orden:
- Como lo escribió el columnista Pedro Medellín, es necesario volver a los partidos políticos de verdad y medir el alcance de la llamada “anti política”. La Constitución del 91 por acabar con el bipartidismo, sin proponérselo, en la práctica, acabó con los partidos.
- El país no puede seguir viviendo en campañas políticas permanentes. Se elige un presidente y al otro día se le abre el proceso de sucesión. La política se hace de manera ininterrumpida pero las campañas, como en muchas partes, no deben durar más de seis meses.
- Precisamente por lo anterior se dificulta el control de los gastos electorales, por cuanto los candidatos aunque comienzan a recibir ayudas, a contratar asesores de todo orden, al momento de rendirle cuentas al consejo electoral, solo incluyen aquellos gastos de la campaña propiamente dicha, aun cuando por este sistema que tenemos éstos desde un principio se han hecho con el objetivo de alcanzar la presidencia o una curul en las corporaciones públicas de elección popular. Corolario de lo anterior es que nunca se llega al fondo respecto de la violación de topes electorales.
- Como las campañas son ilimitadas, vivimos en la “encuestitis permanente” y prácticamente sin reglas sobre seriedad e imparcialidad. Y es ahí en donde las encuestas terminan no registrando hechos sino creándolos. Hay una especie de círculo vicioso. Un candidato, para ser “visibilizado” llama la atención de los periodistas, pero solo lo logra si figura en las encuestas. Se tiene entonces que las encuestas sobre intención de voto, solo deberían realizarse a partir del momento en que comience propiamente la campaña electoral, que no puede ser superior a seis meses antes de la elección. Esa misma regla también debería regir para la publicación de encuestas.
- Las “consultas internas” también han sido desnaturalizadas, pues claramente están orientadas a que los militantes de un partido escojan entre sí a sus candidatos de manera democrática para evitar la práctica del “bolígrafo”. Como no hay partidos organizados y carnetizados como en Europa o EEUU, no se pueden realizar entre militantes sino que se hacen de manera “abierta” lo que desvirtúa su razón de ser.
- Se necesita un poder electoral fuerte e independiente que no puede estar afectado por los gobiernos de turno. El Consejo Nacional Electoral fue una buena idea en la Constitución del 91, pero la forma de su elección, poniendo a los consejeros como representantes de sus organizaciones políticas, por momentos, ha afectado su legitimidad. Tiene un papel que ojalá pudiera cumplir bien en cuanto al control y vigilancia de las organizaciones que se dedican a medir la opinión electoral de los colombianos y otras dos misiones cruciales: poner fin a la proliferación de los partidos de garaje o de organizaciones políticas sin militantes, sin ideología ni organización y, controlar de verdad -incluso con una especie de policía electoral- los gastos de las campañas.
En relación con la Registraduría, ha venido cumpliendo su papel de organizar las elecciones con amplio reconocimiento ciudadano. No ha habido acusación de “chocorazo” en las elecciones presididas por los últimos registradores. Y en cuanto al actual, Hernán Penagos, merece todo el respaldo de los demócratas de este país.