Alfonso Gómez Méndez
El entonces procurador general Alfonso Gómez Méndez, tomó las primeras decisiones en contra de los altos mandos militares que lideraron la retoma al Palacio de Justicia. 40 años después, el exfiscal analiza el contexto que desató la barbarie y los efectos de acto violento del que, hasta hoy, la justicia no ha podido recuperarse.
La tragedia del Palacio de Justicia es, tal vez, el hecho que de manera más profunda ha marcado el destino de Colombia. No es fácil entender la dimensión de ese fatídico día. Para hacerlo, es necesario detenerse en los antecedentes inmediatos a esa demencial acción del entonces grupo terrorista M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Y, por supuesto, comprender el contexto de una reacción desbordada de la Fuerza Pública sin respeto alguno por la vida de los rehenes, desapariciones y asesinatos a manos del Ejército de personas que salieron vivas. Hoy, corridos 40 años del ataque al Palacio, siguen sin aclararse el papel del poder civil y persisten las impunidades políticas y judiciales que han rodeado estos hechos.
Los comienzos del M-19
Este movimiento guerrillero surgió como una respuesta armada a lo que se consideró un fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Ese día, por muy estrecho margen, Misael Pastrana le ganó las elecciones al exdictador Gustavo Rojas Pinilla, candidato de un movimiento populista fundamentalmente de derecha, con el nombre de Alianza Nacional Popular (Anapo). Por eso, el lema del M-19 fue “con el pueblo, con las armas y con María Eugenia Rojas al poder”.
El M-19 fue un grupo armado nacionalista, no marxista, aun cuando inicialmente en sus filas hubo hombres que habían pertenecido a las Farc. Sus golpes fueron militares, políticos y muy publicitarios. Hizo una gran campaña de expectativa antes del primer gran zarpazo, que fue el robo de la espada de Bolívar, a quien por cierto, con una tergiversación histórica, han convertido en símbolo de la izquierda. La bandera del M-19 sigue siendo sustancialmente igual a la de la Anapo de Rojas Pinilla.
En 1976, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, el M-19 engañó al líder sindical José Raquel Mercado, lo secuestró para someterlo a un ¨juicio revolucionario” por esquirol, lo asesinó a sangre fría y dejó su cadáver en un parque bogotano, envuelto en la bandera del grupo armado.
Iniciado el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el M-19 dio un gran golpe con el robo de cinco mil armas del Cantón Norte del Ejército en el año nuevo de 1979. El golpe impactó mucho a la fuerza pública y la reacción no se hizo esperar. Varios de los guerrilleros capturados denunciaron torturas. Las armas se recuperaron y se produjo el consejo verbal del siglo en “La Picota”.
En febrero de 1980, en otro golpe militar y publicitario, aprovechando la celebración de una fiesta nacional con “rehenes ilustres”, el M-19 se tomó violentamente la sede de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Los rehenes eran, entre otros, los embajadores de Estados Unidos, México, Venezuela, el Nuncio Apostólico y uno que otro lagarto de los que van a las recepciones diplomáticas. El hecho fue violento. Los guerrilleros mataron a los celadores que cuidaban la casa, además de dinero hicieron al presidente peticiones imposibles, como la de que pasara por alto condenas y procesos contra guerrilleros del M-19 y que por encima de los jueces ordenara su libertad, como condición para liberar a los rehenes.
Turbay, hábil político, no cedió a la presión del ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva, para “recuperar” militarmente la sede diplomática. Se inició un largo proceso de negociación que incluía intercambio epistolar con la legendaria guerrillera Carmenza Londoño, “La Chiqui”. Hubo una comisión negociadora integrada por experimentados diplomáticos. Aunque el Gobierno impuso censura a la información, los periodistas cubrían el secuestro minuto a minuto y se instalaron en lo que ellos denominaron “Villa Chiva”.
Turbay negoció sin ceder. Como se dijo luego, no entregó ni un preso ni un peso. Al parecer, el millón de dólares que le dieron al M-19 lo suministró un empresario judío. Secuestradores y rehenes salieron sanos y salvos. Tanto así, que el comando fue escoltado por el Ejército y la Policía en su trayecto al aeropuerto para abordar un avión a Cuba, país que lo acogió. Más allá de sus equivocaciones como gobernante, ese gesto honra a Turbay ante la historia. Terminado ese gobierno, que los combatió severamente, casi todos los líderes del M-19 estaban en la cárcel.
En su famoso discurso de posesión del 7 de agosto de 1982 el nuevo presidente, Belisario Betancur, anunció que en su cuatrienio no se derramaría una sola gota más de sangre colombiana y ofreció una salida política a las guerrillas. Con su ministro de Justicia, el gran jurista Bernardo Gaitán Mahecha, hizo aprobar la Ley 35 de 1982, que concedió una amplia amnistía a la Coordinadora Nacional Guerrillera. Los guerrilleros del M-19 que estaban presos -así como otros de las Farc- salieron libres. Y a los del M-19 los amnistiaron por los delitos cometidos hasta entonces, incluido el crimen de José Raquel Mercado y la toma terrorista de la Embajada Dominicana.
En 1984, el gobierno logró treguas con el M-19, las Farc y el EPL. Un año después, en el 85, surgió la Unión Patriótica, un partido político derivado de los acuerdos con las Farc, cuyos militantes fueron exterminados casi en su totalidad en una macabra alianza entre sectores de la derecha y miembros de la fuerza pública, por la cual fue condenado hace pocos años el Estado colombiano.
Betancur cometió el error de no incorporar al Ejército a las negociaciones de paz, como sí lo hizo años después Juan Manuel Santos.
Durante el gobierno de Belisario hubo una oposición soterrada a los acuerdos de paz. Además, el M-19 desafió al Ejército con acciones como las tomas de la Herrera (Tolima) y Florencia, la capital del Caquetá, el ataque al Batallón Cisneros de Armenia, y el atentado contra el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército.
De otra parte, se habían producido ataques armados contra líderes del M-19, como el asesinato de Carlos Toledo Plata o el que casi le cuesta la vida a Antonio Navarro Wolff.
Es en ese ambiente de mutua crispación cuando el M-19 torpemente, creyendo que por ser el órgano más respetado el establecimiento se movería por el poder judicial, decide tomarse el Palacio de Justicia. La guerrilla pensó que si en un gobierno que se consideraba militarista como el de Turbay había habido una salida negociada frente a un hecho similar, lo mismo podría ocurrir con Belisario -a quien consideraban un conservador de izquierda, humanista y poeta-, que había abierto las puertas de la negociación política con la insurgencia.
Con el Palacio de Justicia el M-19 quiso dar un golpe publicitario haciendo la petición de imposible cumplimento -en cuya realización probablemente ni ellos mismos creían-, de que el Presidente se sometiera a un juicio en la Corte Suprema -que no podía hacerlo- para responder por los “incumplimientos” a los acuerdos de paz.
Por estos antecedentes, el Ejército no estaba en la mejor disposición para facilitar una salida negociada a la toma del Palacio de Justicia.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Uno de los grandes interrogantes que nunca ha querido explorarse es el de la orden de retirar la vigilancia para desproteger al Palacio de Justicia el día del ataque. Para ese momento, los magistrados estaban seriamente amenazados en medio de las presiones de los carteles del narcotráfico que, echando mano del terrorismo, querían que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad del tratado de Extradición con Estados Unidos. Particularmente, a los magistrados de las salas constitucional y penales les llegaban mensajes y sufragios intimidades a diario. En esos panfletos los trataban de miserables, les ordenaban no ausentarse, renunciar o pedir vacaciones y les mostraban conversaciones con sus hijos y familiares como prueba de los seguimientos de los que eran objeto.
El Estado conocía perfectamente esa situación y, por eso, el Palacio siempre estaba fuertemente custodiado por varios anillos de seguridad que incluían Ejército, DAS y Policía. La entrada siempre era complicada, incluso para los funcionarios o conjueces que, como yo, íbamos con frecuencia a las cortes. El día de la toma, misteriosamente, ese sofisticado aparato de seguridad fue reemplazado por un par de guardias de seguridad privada que fueron los primeros asesinados por los guerrilleros cuando entraron al Palacio.
El primer debate sobre las responsabilidades del retiro de la guardia lo hizo César Gaviria quien, como representante a la Cámara y a nombre del candidato Virgilio Barco, le hizo la pregunta al al ministro de Defensa Miguel Vega Uribe. La respuesta del oficial fue un oficio firmado por dos coroneles de la Policía que afirmaban que la vigilancia se había retirado por orden expresa de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte. Eso documento era falso y fue desmentido por el presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, y por la entonces secretaria general de la Corte, Inés Galvis Santofimio.
En 1986, como representante a la Cámara, demostré en un debate la falsedad de ese documento presentado por Vega Uribe. Quedó plenamente establecido que el doctor Reyes se encontraba en Bucaramanga hablando ante más de 800 personas para la fecha en la que los coroneles mentirosos afirmaban haberse reunido con él para tratar el tema del retiro de la guardia.
Frente a esa probada y evidente falsedad del ministro, Yesid Reyes y yo presentamos una denuncia penal contra los dos coroneles en el juzgado 71 de Instrucción Criminal. Es decir, en la justicia ordinaria. Extrañamente, a los pocos días la Justicia Penal Militar pidió el expediente y allá se archivó la investigación.
Entonces, hay preguntas claves: ¿Por qué el Ministro de Defensa utilizó un documento falso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio esa orden ilegal a esos coroneles? ¿Por qué la precipitud de la Justicia Penal Militar para llevarse el expediente y archivarlo?
Aquí hay una verdad del tamaño de una catedral que no se enfatiza lo suficiente: sin el retiro de la seguridad al Palacio prestaba el Ejército, el DAS y la Policía, la toma no hubiera sido posible. Eso, por no ahondar en que se trataba de un hecho anunciado y divulgado no solo entre la comunidad de inteligencia sino en las páginas de los periódicos ante toda la opinión pública. De eso se estuvo hablando desde el 17 de octubre, pues se sabía que en principio el M-19 pretendía atacar al Palacio ese día para que coincidiera con la visita del presidente Frances Francois Mitterrand. ¿Con semejantes alertas, cómo es posible que la decisión de las autoridades hubiera sido dar la orden de retirar la vigilancia? Esos vacíos hacen que tomen fuerza teorías como la de la “ratonera”, asumida por la Comisión de Investigación de la Corte. En ella, se sugiere que el M-19 estaba infiltrado por la Fuerza Pública que, sabiendo que la toma iba a ocurrir, en lugar de detenerla la impulso para aprovechar esa oportunidad para aniquilar a la cúpula de la guerrilla, como en efecto ocurrió.
Todavía está vivo el director general de la Policía de entonces, el general Víctor Delgado Mallarino. Él y los oficiales que estuvieron cerca suyo deberían contar la verdad sobre quién en verdad dio la orden de retirar la vigilancia. Nadie los va a procesar, pero podrían hacer ese importante aporte a la verdad. Y si eso pasó, el M-19 también debe contarle esa verdad al país o desmentir la hipótesis de la Comisión de Investigación de la Corte.
“El Estado no podía negociar con terroristas”: una mentira que persiste
Producido el ataque terrorista, muchos sectores pidieron el diálogo para salvar la vida de los rehenes. El presidente Betancur no atendió ese llamado, ni el del doctor Reyes Echandía, a quien no le pasó al teléfono, ni el del candidato Luis Carlos Galán. Los tanques entraron al Palacio de Justicia muy poco tiempo después de la incursión guerrillera.
Curiosamente el 6 de noviembre, como queda claro en el libro de Germán Castro Caycedo, ni los militares le respondieron al jefe de Estado sus llamados. Dos argumentos se adujeron: que no podía haber diálogo porque los del M-19 estaban haciendo una petición inaceptable, la de hacerle un juicio al presidente. En la toma de la Embajada Dominicana también hubo peticiones imposibles de cumplir, pero se dialogó y se encontró una solución.
El otro argumento falaz para no dialogar fue el de que el gobierno no podía negociar con terroristas. En Colombia, antes y después de la toma del Palacio de Justicia, los gobiernos no han hecho otra cosa que negociar con terroristas. En 1969, por petición de un rehén al que sí se le apoyó, el exministro Fernando Londoño y Londoño, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con autorización del consejo de ministros, le dio la orden al Ejército de retirarse de una zona del departamento de Caldas para que sus secuestradores lo pudieran liberar.
El propio Betancur había negociado con terroristas, a quienes les concedió una amplia mano tendida en 1982. Después del Palacio de Justicia el mismo M-19 secuestró al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1988, previo el asesinato de su escolta, Juan del Cristo Huertas Hastamorir. Todo el establecimiento se trasladó a Panamá y negoció con los terroristas la liberación del ilustre rehén. Se negoció con ellos presentar un proyecto de reforma constitucional. Y se hizo. Ese proyecto contemplaba casi el ochenta por ciento de lo luego aprobaría la Constituyente.
El gobierno Barco, que había autorizado la negociación con los terroristas, presentó el proyecto de reforma. En el penúltimo debate prefirió retirarlo antes que ceder a la presión de los narcos, que lograron introducir el 20 de noviembre de 1989 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un “mico” para que se sometiera a referendo popular la prohibición de la extradición.
Para las leyes de amnistía anteriores y posteriores todos los gobiernos han concedido mecanismos que cobijan actos terroristas. No habían transcurrido cinco años de los hechos del Palacio, cuando Barco firmó una ley de amnistía que comprendía las conductas cometidas por los guerrilleros del M-19 el 6 y 7 de noviembre del 85, lo cual sirvió para firmar la paz con Carlos Pizarro en marzo de 1990.
En 1992 una juez de orden público -con respetables razones jurídicas- decidió desconocer esa amnistía y ordenó la captura de los líderes del M-19 reinsertados, con el argumento de que la Constitución prohibía conceder amnistías por actos de ferocidad, barbaría o terrorismo. Inmediatamente, y para salvar el proceso de paz con el M-19, el gobierno Gaviria y todas las fuerzas políticas tramitaron y aprobaron otra ley diciendo expresamente que la amnistía comprendía todos los hechos del Palacio. Uno de los mayores interesados en esa ley fue el entonces senador Álvaro Uribe, quien presentó el 20 de mayo de 1992 una proposición para lo que se llamó la “re amnistía” para el M-19. Aun hoy, se sigue negociando con terroristas, ya incluso sin motivación política alguna, como ocurre con el Clan del Golfo, por ejemplo.
La retoma militar no fue una acción para salvar la vida de los rehenes
La noche misma del 7 de noviembre, después de la tragedia, Belisario salió por televisión y dijo que “para bien o para mal” él había tomado las decisiones. Sin embargo, cuando declaró ante los jueces dijo que él había dado la orden de recuperar el Palacio, pero respetando la vida de los rehenes. Y luego agregó, ante la Comisión de Investigación de la Corte, que también había dado la orden de respetar la vida de los guerrilleros.
Todos los documentos demuestran que la operación fue fundamentalmente de sometimiento y aniquilación de los asaltantes, y no de rescate de rehenes. Se violaron todas las normas del Derecho Internacional Humanitario vigentes desde la Ley 5 de 1960. También quedó claro que hubo personas que salieron vivas -incluso guerrilleros- y luego fueron desaparecidas.
En esas veintiocho horas hizo crisis el control del poder civil sobre el estamento militar. Múltiples documentos recogidos por la Comisión de la Verdad mencionada muestran que el presidente no tuvo el control sobre lo que estaba ocurriendo en el Palacio. El libro de Castro Caycedo demuestra cómo el Jefe del Estado fue aislado. Nadie puede pensar que un hombre, con la formación de Belisario, pudo haber autorizado todas esas barbaridades. Lamentablemente se fue de ese mundo sin habernos dejado un testimonio de verdad.
El pacto de silencio
Hace muchísimos años, en une entrevista para el diario El Tiempo, sostuve que alrededor de los ocurrido en el Palacio en Colombia se instaló un pacto de silencio, que fue propiciado tanto por los asaltantes como por los miembros de la fuerza pública que cometieron toda clase de violaciones en la operación de “retoma”.
Aquí, con perdón de los lectores, debo hacer dos referencias personales. En el debate que hice como representante a la Cámara el 6 de noviembre de 1986, fue preciso emplearme a fondo para que varios representes de mi propio partido y el ministro de Gobierno no “enmochilaran” el debate con el argumento de que el mejor homenaje a la memoria de los magistrados muertos en el Palacio de Justicia era levantar la sesión. Finalmente, me acompañaron varios parlamentarios, como Darío Martínez, de Nariño, y Jesús Ignacio García, del Cauca. Desde entonces planteamos todos los interrogantes, desde el retiro de la vigilancia, pasando por el operativo mismo, el mal manejo de la escena del crimen y los desaparecidos.
Luego, cuando un procurador delegado durante mi gestión como procurador general, tomó la decisión de destituir disciplinariamente al general Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante del Ejército, y al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, entre otras cosas por no tener en cuenta la vida de los rehenes, violar el derecho internacional humanitario y en ese momento por la desaparición de la guerrillera Irma Franco, fui objeto de toda clase de ataques. Nunca me sentí tan solo. El Senado me hizo el 13 de noviembre de 1990 un “debate” en el que mi partido y mis amigos me dejaron solo, probablemente por temor. Curiosamente, el único senador que no se sumó a la diatriba fue Álvaro Uribe Vélez. La investigación contra el presidente Betancur y sus ministros por equivocaciones políticas fue archivada muy rápidamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara sin ningún debate probatorio.
El poder judicial después del holocausto
A pesar de esfuerzos individuales, la cúpula judicial no se ha repuesto plenamente del golpe. Con la mitad de sus magistrados asesinados, la Corte Suprema tuvo que reintegrarse a las volandas, sin mayorías y con un decreto de estado de sitio, porque evidentemente se presentaba ahí sí un bloqueo institucional.
La Corte admirable que fue diezmada había sido elegida mediante el sistema de cooptación, diseñado en 1957 para desvincular política y justicia. Entre 1958 y 1990 el Ejecutivo no tenía injerencia alguna en la integración del poder Judicial. En parte, eso cambió con la Constitución del 91. Antes no teníamos sino dos “altas Cortes”, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia con su Sala Constitucional. Hoy tenemos mas de cuatro altas cortes. Antes, cada magistrado solo tenía un magistrado auxiliar. Hoy cada despacho tiene al menos cuatro magistrados auxiliares con equipos que en algunos casos llegan a treinta personas por despacho.
Antes, los magistrados no tenían funciones electorales, más allá de nombrar jueces y magistrados de Tribunal, con estrictos criterios de formación y trayectoria. No había tantos “encuentros de las jurisdicciones”, como ahora. Afortunadamente, ya no están tan desprotegidos como estuvieron sus antecesores en ese aciago 6 de noviembre de 1985. Lo cruel es que, después de que arriesgaron sus vidas por sostener la extradición, en 1986 los magistrados que los sucedieron, con endeble argumento jurídico, tumbaron el tratado. Y la Constituyente surgida del “clamor popular” finalmente prohibió la extradición de nacionales, restablecida luego durante el gobierno Samper y sus ministros Carlos Medellín y Alma Beatriz Rengifo.
