Carlos Medina Gallego
Entre la esperanza transformadora y los límites del modelo
Chile ha sido, en el escenario latinoamericano, un laboratorio singular de luchas sociales, modelos de desarrollo y tensiones entre fuerzas conservadoras y progresistas. Desde el retorno a la democracia en 1990, tras la brutal dictadura de Augusto Pinochet, el país ha transitado por una aparente estabilidad institucional marcada por el continuismo neoliberal. Sin embargo, el surgimiento de gobiernos progresistas ha desafiado paulatinamente ese legado, canalizando demandas sociales postergadas y abriendo paso a una nueva generación política. Este ensayo analiza el desarrollo de los gobiernos progresistas en Chile, desde su ascenso hasta sus logros, limitaciones y desafíos actuales.
I. EL CAMINO HACIA EL PODER: DE LAS CALLES AL GOBIERNO
Los gobiernos progresistas en Chile emergen como resultado de una profunda crisis de representación y legitimidad del sistema político tradicional. Las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, lideradas por jóvenes como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, marcaron un punto de inflexión en la política chilena. Estos liderazgos, nacidos en la lucha por una educación gratuita y de calidad, denunciaban la mercantilización de los derechos sociales y cuestionaban el modelo económico heredado de la dictadura.
En 2019, el “Estallido Social” expresó con fuerza el malestar acumulado: millones de personas salieron a las calles exigiendo dignidad, justicia social y una nueva Constitución. Este proceso erosionó aún más el poder de los partidos tradicionales —tanto de la derecha como de la antigua Concertación— y generó condiciones para el ascenso de fuerzas progresistas.
En ese contexto, Gabriel Boric, exlíder estudiantil y militante del partido Convergencia Social, se presentó como candidato de la coalición de izquierda “Apruebo Dignidad”, que agrupaba al Frente Amplio y al Partido Comunista. En diciembre de 2021, Boric fue elegido presidente con más del 55% de los votos, derrotando al ultraderechista José Antonio Kast. Su triunfo representó el paso de una generación que se había formado en la protesta a la responsabilidad de gobernar.
II. OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES: LA RESISTENCIA DEL VIEJO ORDEN
A pesar de su mandato democrático, el gobierno de Boric y los proyectos progresistas en general han enfrentado severos obstáculos. Uno de los principales es la persistencia del modelo económico neoliberal implantado durante la dictadura, y luego legitimado por los gobiernos de la transición.
Este modelo limita el margen de acción del Estado en materias clave como salud, educación, previsión social y redistribución de la riqueza. A ello se suma un poder legislativo fragmentado, en el que la derecha y sectores del centro han ejercido un rol de freno a las reformas propuestas por el Ejecutivo.
Además, los sectores conservadores han consolidado su influencia en el poder judicial, en los medios de comunicación y en sectores empresariales que operan como verdaderos poderes fácticos. El rechazo a la primera propuesta de nueva Constitución en 2022 —elaborada por una Convención dominada por independientes y movimientos sociales— evidenció también los límites de los impulsos transformadores cuando no se logra articular un proyecto común con amplios sectores sociales.
III. LOGROS EN DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL
A pesar de estos obstáculos, el gobierno de Boric ha impulsado importantes avances en materia de derechos y justicia social. Entre ellos destacan:
Reforma tributaria (en discusión): diseñada para aumentar la recaudación fiscal mediante impuestos progresivos, eliminar exenciones injustificadas y reducir la evasión. Aunque enfrentó bloqueo en el Congreso, representa una apuesta por mayor equidad fiscal.
Reforma previsional: busca reemplazar el actual sistema de AFP, basado en la capitalización individual, por un modelo mixto con solidaridad intergeneracional y aportes estatales. Aunque ha sido duramente resistido por la derecha, el debate ha puesto en el centro la urgencia de un sistema digno.
Salario mínimo y derechos laborales: se ha impulsado un aumento progresivo del salario mínimo con el compromiso de llegar a 500 mil pesos mensuales, además de reformas para fortalecer los sindicatos y la negociación colectiva.
Derechos de las mujeres y diversidades: el gobierno ha promovido una agenda feminista transversal, con políticas contra la violencia de género, fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y el reconocimiento de las disidencias sexuales en políticas públicas.
Medio ambiente y transición energética: se han establecido compromisos firmes para avanzar hacia una economía sustentable, incluyendo el cierre de termoeléctricas a carbón y planes de inversión en energías renovables.
IV. RELACIONES INTERNACIONALES Y EJERCICIO DE LA SOBERANÍA.
En el plano internacional, el gobierno progresista ha buscado equilibrar una postura soberana con una política exterior basada en los derechos humanos, la integración regional y el multilateralismo.
Boric ha tomado distancia tanto del alineamiento automático con Estados Unidos como de las visiones autoritarias de algunos gobiernos del hemisferio. Ha sido crítico con las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, lo que le ha valido críticas desde sectores de la izquierda, al tiempo que ha mantenido una postura firme en defensa de la autodeterminación de los pueblos, como en el caso de Palestina.
Chile ha jugado un papel activo en foros regionales como CELAC y ha buscado reactivar la UNASUR, señalando la necesidad de una integración más allá del libre comercio, con énfasis en la cooperación social, ambiental y científica.
En materia de soberanía, el gobierno ha defendido la necesidad de regular sectores estratégicos como el litio y el agua, hoy en manos privadas. Aunque los avances han sido lentos, se ha puesto en discusión la recuperación del control estatal sobre recursos clave para el desarrollo nacional.
V. LAS LIMITACIONES DEL PROGRESISMO CHILENO.
Sin embargo, los avances del gobierno progresista se han visto atenuados por varias limitaciones. En primer lugar, existe una brecha entre las expectativas populares y las capacidades institucionales. La administración Boric ha debido moderar su discurso y gobernar en un contexto de coalición amplia, lo que ha generado tensiones internas y frustración en sectores que esperaban transformaciones más radicales.
En segundo lugar, el rechazo del primer proceso constitucional fue un golpe simbólico y político. Aunque el gobierno no lideró directamente la Convención, fue identificado como su principal impulsor. El resultado abrió paso a un nuevo proceso dominado por la derecha, lo que demuestra la capacidad de las élites conservadoras para recomponerse.
La inseguridad, el aumento de la delincuencia y la migración descontrolada también han sido explotados por la oposición para instalar discursos punitivistas que erosionan el respaldo al gobierno y debilitan la agenda de derechos.
Finalmente, el modelo económico sigue blindado por tratados de libre comercio, normas constitucionales vigentes y la hegemonía de los grandes grupos económicos, lo que limita la capacidad real del Estado para intervenir y redistribuir.
VI. RETOS DEL GOBIERNO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL PROGRESISMO
El principal reto del gobierno de Boric y del progresismo chileno es reconstruir el vínculo con la ciudadanía, en un contexto de alta desafección política y amenaza de avance de la ultraderecha. Esto implica:
Fortalecer la comunicación política, conectando con las preocupaciones concretas de la población, sin abandonar el horizonte transformador.
Concretar reformas sociales clave: pensiones, salud y educación pública deben dejar de ser promesas y convertirse en realidades tangibles.
Reactivar la participación popular: el progresismo no puede limitarse a los espacios institucionales; debe volver a los territorios, a los cabildos, a las organizaciones sociales.
Consolidar una nueva Constitución: aunque el segundo proceso fue fallido, sigue siendo necesario reemplazar la carta fundamental de 1980 para habilitar un Estado social y democrático de derecho.
Enfrentar el auge del neoconservadurismo: con propuestas claras en seguridad ciudadana que no renuncien a los derechos humanos, y con políticas sociales que disputen el sentido común del miedo y la exclusión.
UNA IDEA FUERZA DE CIERRE
Los gobiernos progresistas en Chile representan un intento por superar el modelo neoliberal y construir una sociedad más justa, solidaria y democrática. Si bien su camino ha estado lleno de obstáculos, han logrado instalar temas fundamentales en la agenda pública y abrir debates necesarios sobre el rol del Estado, la justicia social y los derechos colectivos.
El progresismo chileno enfrenta hoy el desafío de demostrar que es capaz de gobernar con eficacia sin traicionar sus principios. Su futuro dependerá de su capacidad para articular alianzas sociales sólidas, resistir la ofensiva conservadora y ofrecer resultados concretos que devuelvan la esperanza a un pueblo que se atrevió a imaginar un Chile distinto.
