Ernesto Rojas Morales
En los últimos años, las protestas multitudinarias en las calles se han vuelto una constante en diferentes partes del mundo, especialmente en países como Nepal, Colombia, Venezuela, Francia, Estados Unidos, Bolivia y diversos países de América Latina. Este fenómeno no es aislado, sino que responde a un contexto de insatisfacción generalizada con las condiciones económicas, sociales y políticas que prevalecen en estos países.
Durante el año 2025, estas manifestaciones han sido motivadas principalmente por factores como la desigualdad, la implementación de reformas impopulares, la corrupción y el abuso de la fuerza pública. Es importante destacar que, en la mayoría de estos movimientos, los jóvenes y sectores populares han desempeñado un papel protagónico, canalizando el descontento social y exigiendo cambios sustanciales en la forma en que se ejerce el poder y se distribuyen los recursos. Estas protestas reflejan una reacción frente a la erosión de la democracia y la creciente concentración de poder. Se evidencia el deseo de la ciudadanía de participar activamente en la vida política y exigir mayor justicia social.
Colombia y Chile vivieron, antes de la pandemia, intensos estallidos sociales que reflejaron el agotamiento colectivo frente al aplazamiento constante de respuestas a las demandas populares y un debilitamiento notable de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Estas movilizaciones masivas evidenciaron una profunda frustración social y política, marcando un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.
Defender la democracia, pero no así.
Frente a este escenario, se plantea como objetivo inmediato la necesidad de fortalecer y proteger la democracia. Sin embargo, las respuestas que han surgido desde distintos sectores sociales no resultan convergentes. Por un lado, proponen regresar a modelos del pasado, evocando una supuesta paz social anterior que, en realidad, nunca llegó a consolidarse plenamente. Por otro lado, hay quienes impulsan modificaciones a la constitución política, buscando incorporar pautas que permitan una democracia representativa más efectiva y defensora de los derechos de toda la población.
Ante esta realidad, parece más racional y constructivo examinar con detenimiento las causas subyacentes del malestar con las instituciones actuales. Desde ese análisis se debe diseñar una hoja de ruta a mediano plazo, orientada a realizar los ajustes normativos necesarios para resolver el conflicto socioeconómico, pero sin poner en riesgo la democracia como marco fundamental de convivencia y garantía de derechos.
El impacto de la desigualdad económica en la erosión democrática
La desigualdad económica creciente representa uno de los factores más determinantes en el deterioro de las democracias contemporáneas. Se ha observado que en aquellos países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor, existe una tendencia a que los ciudadanos elijan líderes que favorecen la concentración del poder y promueven modelos de gobierno autoritarios. Esta dinámica socava los principios y prácticas democráticas, debilitando la participación ciudadana y el equilibrio de poderes.
De acuerdo con el análisis de Stiglitz, la intensificación de la desigualdad está estrechamente vinculada a políticas implementadas en las últimas décadas, tales como la desregulación económica, la flexibilización laboral, la liberalización financiera y la reducción de impuestos para las grandes fortunas. Estas medidas, lejos de estimular el crecimiento económico generalizado y de fomentar la inversión para beneficio de toda la población, han contribuido a ampliar la distancia entre los sectores más acomodados y el resto de la sociedad.
No se cumplió el “efecto de goteo” —según la cual los beneficios otorgados a los ricos y a las empresas acabarían repercutiendo en el conjunto social—, la evidencia demuestra que no se produjo tal redistribución.
Anne Applebaum, en su obra “El ocaso de la Democracia”, examina cómo se ha consolidado una tendencia preocupante en Occidente: el crecimiento del autoritarismo, el aumento de la polarización política y la utilización de las redes sociales como instrumentos para minar los valores democráticos. Este diagnóstico encuentra respaldo en el Informe V-Dem 2025: en la actualidad, existen más regímenes autocráticos que democráticos en el mundo, aproximadamente el 72% de la población global vive bajo sistemas de corte autoritario.
El declive de la democracia se mide internacionalmente por ciertos indicadores que, se evidencian de manera clara en el caso colombiano. Entre los más relevantes se encuentran:
- Incremento sostenido de la corrupción y debilitamiento institucional: Se observa una manipulación o erosión de los sistemas institucionales y judiciales, lo cual reduce la capacidad del Estado para garantizar justicia y transparencia.
- Retroceso en la participación electoral y cívica: La disminución de la participación en elecciones, junto con una caída del compromiso ciudadano, refleja un alejamiento de la sociedad respecto a los procesos democráticos.
- Crecimiento del autoritarismo y concentración del poder: Existe una tendencia hacia la consolidación de regímenes autocráticos, donde el poder político y económico se concentra en pocas manos, debilitando los contrapesos democráticos.
- Incremento de la polarización política y proliferación de teorías conspirativas: La sociedad se fragmenta cada vez más, alimentada por discursos que buscan dividir y radicalizar posturas a través de narrativas conspirativas.
- Influencia de poderes económicos y políticos: Factores externos al control democrático inciden en las decisiones públicas, erosionando los principios tradicionales y la legitimidad de las instituciones.
La democracia en nuestro país enfrenta diversas limitaciones, siendo la más evidente la insuficiencia en la protección de los derechos ciudadanos por parte de los funcionarios electos. Ante esta deficiencia, varios politólogos han sugerido la conveniencia de institucionalizar nuevas formas de participación directa de la sociedad civil.
La Asamblea ciudadana como mecanismo de participación
Una propuesta relevante consiste en conformar para cada tema normativo por resolver, una Asamblea ciudadana, integrada por un grupo de personas que serían seleccionadas de manera aleatoria (sorteo) —por ejemplo, 99 ciudadanos—Estas personas tendrían la tarea de analizar las diferentes soluciones propuestas por especialistas en el tema y, tras la deliberación, elegir la opción más adecuada.
- Permite que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de ser elegidos, eliminando privilegios y exclusiones.
- Evita la formación de compromisos y clientelismo que suelen surgir en las campañas electorales tradicionales.
- Reduce la polarización que caracteriza las contiendas electorales, favoreciendo un ambiente más plural y menos conflictivo.
- Fomenta una deliberación libre de presiones externas, lo que puede conducir a decisiones políticas de mayor calidad.
- Otorga independencia frente a influencias de poderes económicos y políticos, fortaleciendo la legitimidad del proceso democrático.
Casos empíricos de lotocracia se han dado en países como Canadá, Holanda, Islandia e Irlanda, donde se han usado para reformas electorales y constitucionales, logrando resultados relevantes como la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda.
Entre los teóricos y académicos que han respaldado la implementación de la lotocracia se destacan:
- Mauricio García: promotor como vía para profundizar la democracia.
- David Van Reybrouck: autor europeo que ha impulsado este modelo a partir de reflexiones teóricas y evidencia empírica reciente.
- Alexander Guerrero: pionero en la utilización del término y defensor de la como alternativa electoral desde 2014.
- Rodrigo Uprimny Yepes: quien ha defendido el modelo al analizar la crisis de representatividad y los desafíos en el financiamiento electoral.
- Luis Vicente Palacios Robles: académico quien examina la alternativa como instrumento democrático desde una perspectiva legal, con especial atención al caso de Chile
