Carlos Medina Gallego
Un cáncer silencioso que mina los resultados de los gobiernos y corroe los derechos fundamentales
De una conversación con mi hija GABRIELA, sobre el significado del término.
La procrastinación —el hábito de postergar tareas, decisiones o responsabilidades importantes sin una razón justificada— suele asociarse al ámbito personal. Sin embargo, su impacto en el terreno de la gestión pública es profundo, corrosivo y, a menudo, subestimado. En el contexto gubernamental, cuando los actores del aparato estatal procrastinan, no solo comprometen la eficiencia y eficacia del Estado; lo que está en juego son derechos fundamentales, calidad de vida, confianza ciudadana y, en última instancia, la legitimidad misma de los gobiernos.
En este artículo explorare cómo la procrastinación en la gestión pública —que no es sino un disfraz elegante para la negligencia, la falta de voluntad política o incluso la corrupción solapada— aniquila los resultados de los gobiernos de cualquier tipo, socava la ejecución de sus planes de desarrollo y deteriora los pilares de la democracia y el bienestar social lo que resulta más grave en un gobierno progresista.
- Procrastinación en la gestión pública: definición y dimensiones
Procrastinar, en la administración pública, no es simplemente demorar procesos burocráticos por inercia. Es postergar deliberadamente decisiones estratégicas, retrasar la implementación de políticas prioritarias, aplazar la resolución de cuellos de botella o posponer la asignación de recursos para acciones fundamentales. Estas demoras pueden surgir de múltiples fuentes:
a. Desidia o falta de liderazgo.
b. Temor al costo político de ciertas decisiones.
c. Falta de coordinación interinstitucional.
d. Presiones de grupos de interés que buscan frenar cambios estructurales.
e. Incapacidad técnica o incompetencia gerencial.
f. Burocratización extrema que encubre la inacción.
Cuando este comportamiento se naturaliza, genera un círculo vicioso de inacción institucional, que afecta especialmente a las políticas públicas que garantizan derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la protección del medio ambiente.
- Impacto sobre los planes de desarrollo
Los planes de desarrollo son la hoja de ruta de los gobiernos. Allí se comprometen objetivos estratégicos, indicadores de impacto, metas y líneas de acción para mejorar las condiciones de vida de la población. Su ejecución requiere no solo voluntad política sino también celeridad, capacidad gerencial y compromiso ético. La procrastinación, en este contexto, es letal:
a. Retraso en la materialización de resultados.
Los objetivos definidos en el papel no se trasladan a acciones concretas. Los cronogramas se incumplen y las metas se postergan indefinidamente.
b. Desviación presupuestal.
Los recursos asignados quedan congelados o se redireccionan de forma ineficiente. Los saldos de apropiación no ejecutados se convierten en una muestra vergonzosa de incapacidad administrativa.
c. Obsolescencia de las políticas.
Las dinámicas sociales y económicas avanzan mucho más rápido que la acción gubernamental. Políticas diseñadas para contextos determinados pierden pertinencia si su ejecución se posterga, volviéndose anacrónicas.
d. Pérdida de credibilidad del gobierno.
La ciudadanía percibe con claridad la distancia entre las promesas de los planes de desarrollo y los resultados tangibles. Este desencanto erosiona la confianza y el respaldo popular.
e. Ineficiencia sistémica.
La procrastinación genera sobrecostos: el aplazamiento de soluciones incrementa los problemas, obliga a posteriores intervenciones de emergencia y multiplica los gastos asociados.
- El caso de las políticas públicas de garantía de derechos
El daño causado por la procrastinación es aún más grave cuando se trata de políticas públicas orientadas a garantizar derechos fundamentales. Aquí, el costo de la demora no es abstracto: se mide en vidas humanas, generaciones condenadas a la pobreza, enfermedades evitables, violaciones a la dignidad, sufrimiento evitable. Veamos algunos ejemplos:
Salud pública: postergar la ampliación de redes hospitalarias, la compra de medicamentos esenciales o la implementación de programas de prevención provoca muertes evitables y crisis sanitarias.
Educación: demorar la construcción de infraestructura escolar o la actualización curricular perpetúa la desigualdad y limita el acceso de las poblaciones más vulnerables a una educación de calidad.
Vivienda digna: procrastinar en los programas de vivienda social o en la regularización de títulos de propiedad condena a millones de familias a vivir en condiciones precarias e inseguras.
Medio ambiente: aplazar la adopción de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático agrava la vulnerabilidad ambiental de los territorios y compromete el bienestar de las futuras generaciones.
Justicia: postergar reformas judiciales, la dotación de recursos a las defensorías públicas o la descongestión de los tribunales perpetúa la injusticia estructural y el acceso desigual a la justicia.
Cada día que un burócrata, un alto funcionario o una autoridad local decide “dejar para mañana” la implementación de una política pública, se violan derechos humanos y se perpetúan las desigualdades sociales.
- Procrastinación como corrupción solapada
La procrastinación en la gestión pública no puede entenderse únicamente como un defecto de carácter o un problema cultural. En muchos casos, es una estrategia deliberada de corrupción solapada:
a. Congelamiento de políticas incómodas: Grupos de interés o sectores del Estado pueden impulsar la procrastinación de reformas o programas que amenazan sus privilegios (por ejemplo, reformas fiscales progresivas, políticas de redistribución o medidas de protección ambiental que afectan a grandes conglomerados empresariales).
b. Manipulación de tiempos para favorecer intereses particulares: La dilación en la adjudicación de contratos, la expedición de reglamentos o la firma de convenios permite manipular los procesos para beneficiar a determinados actores.
c. Cooptación institucional: La colonización de los entes de control y de las oficinas clave de la administración por parte de mafias políticas permite que se utilice la procrastinación como mecanismo de chantaje, extorsión o captura de rentas públicas.
d. Negligencia corrupta: La pasividad deliberada frente a actos de corrupción o a fallas administrativas graves es en sí misma una forma de corrupción: quien no actúa a tiempo para corregir o denunciar se convierte en cómplice.
La procrastinación, cuando se institucionaliza, configura una red de complicidades que blinda a los actores corruptos y obstaculiza las transformaciones que demanda la sociedad.
- Efectos sobre la eficiencia, eficacia y economía de las políticas públicas
Desde la perspectiva de la gestión pública, la procrastinación destruye los tres pilares de una administración orientada a resultados:
- Eficiencia: Los recursos se utilizan de manera subóptima. Los procesos se alargan innecesariamente, aumentando costos administrativos y desperdiciando oportunidades.
- Eficacia: Los objetivos de las políticas no se alcanzan o se logran de manera tardía, perdiendo impacto y relevancia.
- Economía: Los costos finales de la acción pública se disparan. Problemas que podrían haberse resuelto con una intervención oportuna requieren luego medidas costosas y reactivas.
Además, los costos políticos de la procrastinación son considerables: erosiona la legitimidad de los gobiernos, alimenta el cinismo ciudadano, fortalece narrativas populistas que explotan el desencanto popular y debilita la democracia representativa.
- Romper el círculo vicioso: hacia una gestión pública proactiva y ética
Combatir la procrastinación en la gestión pública no es tarea fácil. Requiere una transformación cultural profunda y reformas institucionales audaces. Algunas claves para avanzar en esta dirección:
1) Reforzar los sistemas de planeación y seguimiento: Los planes de desarrollo deben contar con indicadores claros, cronogramas rigurosos y mecanismos de evaluación que permitan detectar y corregir demoras injustificadas.
2) Establecer sanciones para la negligencia y la inacción: La procrastinación deliberada en la gestión pública debe tipificarse como falta grave, con consecuencias administrativas, disciplinarias y penales cuando afecte derechos fundamentales.
3) Fomentar la ética pública y el liderazgo transformador: Es urgente promover una nueva cultura de servicio público basada en la responsabilidad, la diligencia y el compromiso ético. Los liderazgos políticos y administrativos deben ser ejemplos de proactividad.
4) Fortalecer el control social y la transparencia: La ciudadanía debe contar con herramientas efectivas para exigir rendición de cuentas y monitorear el avance de los planes de desarrollo. La participación activa de la sociedad civil es el mejor antídoto contra la procrastinación gubernamental.
5) Blindar las políticas públicas frente a la captura corporativa: Se requiere diseñar instituciones autónomas y resilientes que garanticen la ejecución oportuna de políticas clave, especialmente aquellas que protegen derechos fundamentales, más allá de los vaivenes políticos o de las presiones de los grupos de interés.
En síntesis, la procrastinación en la gestión pública no es un vicio menor: es una práctica que mata, excluye y profundiza las injusticias sociales. Cuando los gobiernos procrastinan, niegan derechos, agravan la pobreza, perpetúan desigualdades y dinamitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Pero aún más grave: cuando la procrastinación se convierte en estrategia deliberada, se transforma en una forma sofisticada y solapada de corrupción, invisible en las auditorías tradicionales pero devastadora en sus efectos sociales.
Superar este flagelo exige un compromiso político, ético y cultural de primer orden. Solo gobiernos proactivos, transparentes y profundamente comprometidos con el bienestar de la ciudadanía podrán cerrar el ciclo perverso de la procrastinación y construir Estados más justos, eficaces y democráticos.
