Alexander Velásquez
La denuncia penal por presunto hostigamiento a Miguel Uribe, interpuesta contra el presidente de la República, Gustavo Petro, me llevó a escarbar en hechos oscuros que marcaron los cuatro años de gobierno de su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala.
El pasado no perdona. Eso dicen.
El legado nada honroso del expresidente Julio César Turbay Ayala se llama Estatuto de Seguridad, un decreto que operó durante los cuatro años de su presidencia (1978-1982), expedido apenas un mes después de vestir la banda presidencial. Bajo esa norma se cometieron toda clase de violaciones contra los derechos humanos, según lo constató para la historia la Comisión de la Verdad.
Sobre la denuncia contra el presidente Petro por presunto hostigamiento, el abogado Víctor Mosquera argumentó que “son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe”, según un artículo de El Espectador.
Se refirió, entre otros, a un trino del 8 de junio pasado donde el presidente preguntaba: “¡Dios mío!, ¿el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.
No era la primera vez que el primer mandatario se refería al asunto. En un trino del 14 de mayo de 2024 puso lo siguiente: “García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar. Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso 10.000 capturados pasaron por los centros de tortura. Dicen que contar esto es resentimiento pero lo que quieren es ocultar la historia con la ignorancia”.
Entre las páginas 505 y 508 del Informe Final de la Comisión de la Verdad, leo que el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) consistió en facultades especiales otorgadas a la fuerza pública en el marco del Estado de Sitio, “pero derivó en abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Fue la respuesta del Estado a las movilizaciones del paro cívico de 1977, el fortalecimiento de la protesta social y la creciente acción de las guerrillas, como el M-19”.
Añade la Comisión de la Verdad que mediante actas del Consejo de Ministros “se ordenó la detención de 3.752 personas, en aplicación del artículo 28 de la Constitución de 1886, que permitía la detención de las personas en unidades militares hasta por diez días, previa a la presentación ante un juez penal militar. De ellas, 264 fueron registradas en la base de datos de la Comisión como detenidas y torturadas, cuatro de ellas detenidas y torturadas en más de una oportunidad”.
El inventario de aquel cuatrienio es escalofriante y nos recuerda el accionar de las dictaduras que operaron en aquel tiempo en otros países del continente, como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
“La Comisión de la Verdad sistematizó en una base de datos 1.340 hechos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. En las actas del Consejo de Ministros en las que se ordenan más de 3.000 detenciones en ese periodo, aparecen nombres de personas que fueron torturadas y se cuenta con sentencias que condenan al Estado por dichas acciones”.
Uno de esos casos fue el de Olga López de Roldán, torturada en la Brigada de Institutos Militares. También se mencionan los casos de Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava, abogados defensores de derechos humanos, “que en años posteriores fueron asesinados”.
Aunque no existen indicios de que miembros del Partido Comunista hubieran sido detenidos durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, “en años posteriores, siendo miembros de la UP, fueron víctimas de atentados y asesinatos. En el Acta 154 del 15 de octubre de 1981 aparecen Aída Avella, José Antequera y Jaime Pardo Leal”.
Según pudo constatar la Comisión de la Verdad, el Estatuto de Seguridad acudió a “diferentes mecanismos represivos” que ya se habían utilizado en períodos presidenciales anteriores. “Para 1980, la Justicia Penal Militar llevaba 334 consejos de guerra verbales por diferentes delitos relacionados con rebelión y otros como extorsión, secuestro, chantaje, homicidios en funcionarios públicos, atracos y asaltos, delitos que figuraban en el Estatuto de Seguridad. Esto fue parte de la primera visita de Amnistía Internacional a Colombia y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que daba cuenta de estas violaciones masivas de derechos humanos”.
Así, el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue una «Dictadura disfrazada de democracia», epíteto otorgado por la propia Comisión de la Verdad, acusándolo de permitir la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras suramericanas, durante la despiadada persecución contra la izquierda. “Muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del M-19 al Cantón Norte de Bogotá en enero de 1979”, dice el Informe Final.
Abro paréntesis. Hablando de dictaduras, se acaba de estrenar por HBO este 2025 una película titulada “1978”, basada en hechos reales ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983). En la final de la Copa Mundo 78, Argentina contra Holanda, los militares secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a un centro clandestino de torturas. Aunque la cinta se pierde en su propósito de contar una buena historia, dando paso a una sobre muertos vivientes, se pueden ver los métodos despiadadas que usó la dictadura de Jorge Rafael Videla para someter sus víctimas, tratadas como “lacra comunista” y “zurdos de mierda”, no muy distinto de las ofensas que hoy en día usan personajes como el presidente Javier Milei para estigmatizar a personas de la izquierda. Cierro paréntesis.
Cuando se habla de democracias imperfectas, perfectamente se habla de gobiernos que usan la fuerza más allá de lo que la ley permite
Este artículo de El Espectador, fechado el 21 de abril de 2024, relata la historia de 13 estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 “a manos de agentes del F2”. Sus familias lograron que la Universidad Nacional les otorgara el año pasado el grado simbólico y honorífico.
Dice el periódico: “El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indica que 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 a consecuencia del conflicto armado y la lógica del “enemigo interno”. De estas personas, 133 fueron también desaparecidas y 1982 fue el año con la mayoría de los casos”.
En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 jóvenes y aunque en 2022 se les declaró como crimen de lesa humanidad, la investigación no avanza, “a pesar de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo logró evidenciar que en el caso participaron por lo menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, quienes siguen en la impunidad”.
En declaraciones a El Espectador, Rafael Barrios Mendivil, el abogado al frente del caso desde hace cuatro décadas, afirmó que el Estatuto de Seguridad “criminalizaba a los sectores sociales: estudiantes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Es decir que nos equiparaban con la subversión y el terrorismo”.
En el año 2020, hubo un careo virtual entre personas que aportaron información a la Comisión de la Verdad, entre ellos Jesús Aníbal Suárez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1979, un año después de expedido el Estatuto de Seguridad, a la par con un Foro de Derechos Humanos, del que hicieron parte importantes personalidades (intelectuales, artistas y catedráticos); entre ellas Alfredo Vásquez Carrizosa, Gilberto Vieira, Alfonso Reyes Echandía, Alejandro Obregón, Luis Caballero, Lucas Caballeros, Javier Darío Restrepo, Pedro Alcántara, Omar Rayo y Gabriel García Márquez.
La historia sobre Gabo es bien interesante, pues su exilio se dio bajo el gobierno de Turbay Ayala.
Como lo reseño en este blog, según la biografía oficial de Gabo, escrita por Gerald Martin, “… empezaba a llegar a oídos de García Márquez que el gobierno trataba de vincularlo al movimiento guerrillero M-19, que a su vez se relacionaba con Cuba, e incluso había rumores de que podían intentar asesinarlo”. En una columna de prensa –cuenta el biógrafo- Gabo reveló que “estaba en la lista negra del MAS, un escuadrón de la muerte de ideología reaccionaria”.
Vean que casualidad. En la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025, hallé exhibidas la portada y las páginas interiores de la revista Alternativa (edición 219 de junio 28 de 1979), en donde el escritor se va pluma en ristre contra el expresidente: “A usted no le creo nada, señor Turbay”, le dice.
Y esto se lee páginas adentro:
“Ahora sé, en primer término, que una persona que no contesta las cartas no sólo no merece el tono que yo adopté en la mía, sino que no merece ni siquiera que se le escriba. Ahora sé, en término segundo (…) que las denuncias de atropellos y torturas que se hacían contra el gobierno no eran calumnias de la oposición. Por último, ahora hay más razones para creer (…) que no hay en Colombia ningún poder por encima del señor Turbay Ayala, sino que él mismo es el responsable más alto de un grupo reducido de militares frenéticos que están arrastrando por el suelo el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.
Y continúa Gabo:
“En París, ya en el delirio de la negación, el señor Turbay Ayala llegó a decir que él era el único preso político de Colombia, y lo dijo sin saber que el derecho de mamar gallo con asuntos tan graves es un privilegio reservado a quienes tenemos la conciencia limpia”.
En ese mismo artículo, Gabo se refiere a los “miles de hombres y mujeres –culpables o inocentes- que han sido sacados de sus casas y maltratados como perros en las cárceles militares”, entre ellos el poeta Luis Vidales.
En marzo de 1981, doña Nydia Quintero, siendo todavía la esposa de Turbay Ayala, previno al futuro Nobel del plan que había para detenerlo, como lo contó Cambio. Él tenía 32 años y ella 16 cuando se casaron en 1948. El tío y la sobrina pusieron fin al matrimonio cuando Turbay Ayala aún seguía en el poder.
Valga decir que la revista Alternativa se cerró el 27 de marzo de 1980 por dificultades financieras cada vez mayores, “sobre todo desde que la presión gubernamental empezó a disuadir a los anunciantes tras la llegada de Turbay al poder”, como se lee en la biografía oficial de Gabo, Una vida, página 451.
En el libro “El hombre detrás de la revista Semana” (editorial Planeta, 2012), el periodista Juan Carlos Iragorri le pregunta a Felipe López, ex dueño de esa revista, hijo y nieto de expresidentes, qué opina sobre Julio César Turbay Quintero, hijo de Turbay Ayala. Y López responde: “Me cae bien. Ha sido víctima de prejuicios en su contra como le pasó al papá. En este país hay prejuicios favorables y desfavorables. Todo lo que tiene el apellido Galán es bien recibido. Con el apellido Turbay tiende a pasar lo contrario. Ambas cosas tienen algo de injusticia. (Página 132)
En su columna de El Tiempo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez publicó lo siguiente: “Por esa devoción por el Estado de derecho la familia Turbay terminó ofrendado la vida de Diana Turbay (…) el narcotráfico intimidada a la sociedad colombiana para que se prohibiera la extradición (…) En medio de estas tensiones el expresidente tuvo que vivir con estoicismo el asesinato de su hija, pena que lo acompañó hasta el final de sus días, sin cultivar odios, pero entendiendo la necesidad de fortalecer el orden jurídico, lo que lo llevó a mirar con simpatía la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe”. Yo solo pregunto, con falsa ingenuidad, si hay parecidos entre el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.
A propósito de narcos, creo que viene al caso este titular de W Radio del 17 de abril de 2024: “Según informe de la DEA, Julio César Turbay tenía nexos con el narcotráfico”, siendo candidato a la presidencia en 1978. Y no solo el expresidente, pues en total se relacionan a 36 altos funcionarios colombianos. Dice la emisora: “Según tres fuentes de la DEA mencionadas en el documento, Turbay “está relacionado con tráfico de cocaína”. El asunto fue ampliado por Yohir Akerman en su columna para revista Cambio.
El expresidente Turbay Ayala se fue de este mundo hace veinte años -13 de septiembre de 2005-, debiendo muchas explicaciones.
Lo dicho: El pasado no perdona.
