Ricardo Villa Sánchez
@rvillasanchez
“Hoy inicio una transformación constitucional y moral. Democracia, justicia social y ambiental no son solo palabras: son compromisos con el futuro de todos.” Gustavo Petro, 7 de agosto de 2022
En política, como en el mar, no siempre hay calma. Las semanas turbulentas, como la que acabamos de vivir, son también momentos de aprendizaje colectivo y reafirmación del rumbo. La renuncia de Laura Sarabia, la polémica en torno al contrato de pasaportes, los cuestionamientos que pesan sobre exministros cercanos y las tensiones en el gabinete no deben interpretarse como un punto final, sino como una oportunidad para corregir el trayecto y consolidar lo que aún está por construirse.
He seguido cada hecho con responsabilidad y esperanza. No desde el alarmismo, sino desde la convicción de que el cambio que impulsamos sigue teniendo sentido. La carta de renuncia de Sarabia fue serena y directa. Su frase “no puedo acompañar este rumbo” marcó una distancia sin rupturas, sin escándalo. El presidente respondió con reconocimiento, pero también con una señal firme: en este proceso no hay espacio para la codicia ni para el ego. Solo cabe la coherencia con el mandato ciudadano de transformación.
Lo que se expresa aquí no es solo una diferencia de criterio administrativo. Es un recordatorio de que gobernar exige diálogo interno, disciplina institucional y voluntad para corregir sin castigar. El relevo en la Cancillería debe verse como un momento para fortalecer el equipo, abrir nuevas voces y volver a convocar liderazgos con experiencia, visión global y sentido ético. El cambio no es la acumulación de cargos; es una ética pública en movimiento.
A la par, surgieron hechos que no deben subestimarse: grabaciones atribuidas a Álvaro Leyva y una orden de captura contra Carlos Ramón González. Ambos, figuras con historia en este proceso. Frente a eso, más que silencio, necesitamos respuestas institucionales claras, que honren la promesa de transparencia y distinción ética que diferencia a este gobierno del pasado. La ciudadanía sigue creyendo, pero también observa con atención. Corregir a tiempo es fortalecer la legitimidad.
A pesar del ruido, esta semana también trajo una noticia que puede marcar un nuevo ciclo: el anuncio del inicio de la fase pública de la mesa de conversaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Como caribeño y como servidor público comprometido con la paz, lo valoro profundamente. Este paso no solo es estratégico: es necesario.
La instalación de la mesa, ante tanto ruido, es importante cuente con la presencia del Comisionado de Paz y las personas designadas por el Presidente, para liderar este proceso, como muestra de compromiso real. Se trata de una oportunidad histórica para avanzar hacia una región de paz, con seguridad humana, presencia integral del Estado, inversión social efectiva, y un proceso verificable acompañado por la ciudadanía, las etnias, los gremios, la academia, la sociedad civil organizada, las plataformas de derechos humanos, la fuerza pública y la cooperación internacional.
No se trata solo de desarmar un grupo. Se trata de transformar un territorio que ha vivido décadas de conflicto, de miedo, de abandono. Implementar una zona temporal de ubicación y garantizar la participación activa de todos los actores es un paso clave hacia un pacto de transformación territorial que articule institucionalidad, justicia y dignidad. Este debe ser un modelo de cómo se construyen regiones de paz desde el Estado y la sociedad.
Esta coyuntura exige, además, una reflexión política más amplia. Es momento de tender puentes con los liderazgos democráticos que han estado en pausa o han sido relegados. Los sectores progresista, las juventudes, las organizaciones sociales y los movimientos que impulsaron el cambio necesitan volver al centro de la toma de decisiones. No como cuota, sino como parte viva del mandato ciudadano.
La cohesión interna es clave para consolidar las reformas estructurales que están en curso. La salud, las pensiones, el trabajo digno, la transición energética y la justicia ambiental no se logran con mayorías frágiles. Se necesita construir una alianza política sólida, no solo en el Congreso, sino en el tejido social. Una alianza que incluya a los territorios, a las comunidades, a las organizaciones que siguen creyendo en este proyecto y que reclaman más espacio para incidir.
Por eso, propongo pensar en un Comité de Integridad Pública, que podría liderarlo el ex ministro de Defensa Ivan Velasquez o el Padre Francisco de Roux, con participación plural de la academia, los movimientos sociales y la ciudadanía. Un espacio de orientación, cuidado del proceso, seguimiento ético y político, que refuerce la legitimidad del gobierno sin caer en controles paralelos ni confrontaciones internas. Este proyecto no ha perdido su vigencia. Lo que se necesita es volver a articular sus partes, abrir las ventanas, corregir los errores y recomponer el relato. La ciudadanía no exige perfección, pero sí coherencia, escucha, humildad y firmeza. Aún hay tiempo para consolidar una nueva etapa del cambio, con más democracia, más territorialidad y más justicia.
Vamos por la continuidad del proyecto político que el pueblo eligió. Vamos por las reformas que redistribuyen oportunidades. Vamos por un Estado más presente, más humano, más comprometido. Vamos por una paz que transforme territorios, que honre los acuerdos, que abra caminos de reconciliación con verdad, con justicia social y con dignidad. Porque la paz es el cambio. Y el mar, aunque brusco, nos está enseñando a navegar mejor.
