Óscar González Arana
En Colombia el Pacto Amplio debe disponer como eje central de su cuerpo doctrinario el Capitalismo Progresista, un moderno concepto sobre las bases esenciales del nuevo modelo económico a establecerse a partir del 07 de agosto 2026. No es el socialismo ni el capitalismo salvaje del neoliberalismo.
La idea no es que el Estado reemplace al mercado, sino que el protagonismo del Estado haga posible que el mercado funcione con libertad, sin dominancia, y claramente orientado con objetivos sociales explícitos, manteniendo la innovación y el emprendimiento como motores.
El Capitalismo Progresista no es socialismo, ni más capitalismo, ni menos capitalismo, sino un capitalismo con reglas e instituciones rediseñadas para que la libertad, la competencia y la acumulación privada produzcan prosperidad para todos, sin exclusiones, con preferencia en erradicar la pobreza y estimular el progreso social, evitando generar concentración de poder económico para unos pocos, captura regulatoria, inequidad y desigualdad persistente, y degradación ambiental.
Para el Premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz, el concepto se articula como un nuevo contrato social que re-equilibra los roles de mercados, Estado y sociedad civil, precisamente porque muchos de los problemas contemporáneos tales como el estancamiento relativo, la pobreza y desigualdad, son fallas generadas en mercados al servicio de específicos intereses particulares.[1]
El modelo neoliberal, durante décadas, estimuló una agenda de baja tributación a los estratos altos, desregulación y debilitamiento de redes de protección social, y con el debilitamiento del Estado, los resultados prometidos en eficiencia y bienestar nunca llegaron.
Stiglitz en su libro Pueblo, Poder e Ingresos: Capitalismo Progresista para una Era de Descontento y en sus ensayos sobre “el después del neoliberalismo”, sostiene que ese modelo conservador generó una captura política que le permitió al poder económico definir reglas, impuestos y regulación, reproduciendo su posición favorable solo a sus intereses propios.[2]
El Capitalismo Progresista, en consecuencia, no se defiende con una mano invisible, ni con ingenuidad y moralina creyendo que seamos buenos, sino con diseño institucional, con un Estado protagónico, con competencia real, antimonopolio, interoperabilidad, control de fusiones, regulación inteligente en las finanzas, salud, plataformas digitales, predistribución y redistribución, reglas del juego que superen desigualdad.
Se repudia el estado-centrismo, pero se promueve un papel protagónico del Estado como promotor en la creación de valor, en la dinámica de los negocios poniendo su patrimonio al servicio de la generación de beneficios financieros para optimizar el gasto público, con una gran inversión en capacidades como educación, tecnología, inteligencia artificial e infraestructura verde.
La clave es que la desigualdad, para Stiglitz, no es solo un resultado, sino también es una causa por lo que se deteriora la demanda agregada, erosiona cohesión social, incentiva endeudamiento riesgoso y puede degradar la gobernabilidad.
Hay abundantes estudios académicos que establecen evidencia empírica sobre la desigualdad y la hiperconcentración generada por el modelo neoliberal. Estos números son especialmente relevantes para el Capitalismo Progresista porque muestran una asimetría estructural sobre quién captura el crecimiento y quién controla activos y, por tanto, el poder económico y político. No se trata de un programa único, sino de un marco conceptual de políticas con coherencia interna.
También es obligatorio hoy mirar hacia China por su indiscutible liderazgo internacional. El núcleo conceptual del modelo chino consiste en lo que denominan “economía de mercado socialista”. Según la narrativa oficial, se trata de adaptar el marxismo a las condiciones concretas de la República Popular China.
Así las cosas, a nosotros nos corresponde adaptar el Capitalismo Progresista a las condiciones concretas y particulares de Colombia, partiendo de la base que nuestro desarrollo económico se ha venido fundamentando en modelos neoliberales, con una alta concentración de la riqueza, con prácticas precapitalistas y persistente inequidad, desigualdad y pobreza. Un modelo que genera una permanente corrupción y dependencia del narcotráfico.
El neoliberalismo en Colombia ha promovido un Estado pobre que limita sus ingresos al recaudo tributario y a altos niveles de endeudamiento, mientras ha venido siendo desplazado y capturado por el interés particular.
Lo ideal no es que el Estado reemplace al mercado, pero tampoco que se ausente. Por el contrario en Colombia se requiere de un Estado que dinamice el mercado y participe en la generación de riqueza y de valor. Se requiere que el Estado promueva un papel de gestor de negocios y socio del capital privado. La meta es promover ingresos a las arcas públicas más allá de las alcabalas, con participación activa en proyectos mercantiles e instrumentos financieros que permitan producir dividendos al patrimonio público.
Mientras se incrementa el déficit fiscal y el flujo de caja se estrecha, el Estado colombiano mantiene fondos y activos congelados. El Grupo Bicentenario atesora importantes recursos financieros que en su mayoría son improductivos y que se deberían poner al servicio de instrumentos financieros dinámicos y seguros, que generen dividendos y utilidades necesarias para revitalizar el menguado erario.
Colombia posee un enorme potencial minero-energético, pero se le sigue dando la espalda a esta riqueza so pretexto de una contribución a la humanidad para superar el cambio climático. En realidad la afectación que generamos no llega al 0.6% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero. En el Capitalismo Progresista, se requiere que el Estado colombiano sea protagonista de una industria minera al servicio del interés público nacional, generando millonarios recursos financieros para sustentar el gasto social y la costosa transición energética, con dos condiciones no transables: responsabilidad ambiental protegiendo las aguas y beneficios equilibrados en las asociaciones público-privadas. Tan equivocado es darle la espalda a la explotación del oro, las esmeraldas, el cobre, el carbón, el petróleo, el gas y las tierras raras, como seguir regalando esos recursos para el enriquecimiento de unos cuantos. El dilema ético entre la contribución a la humanidad para prevenir el cambio climático y el deterioro de las finanzas públicas, debe resolverse en favor del interés general de los colombianos. No es sostenible la paradoja de sacrificar a los colombianos mientras los poderosos continúan su festín ambiental.
Una cosa es la acertada diversificación de la economía y la ruptura de la dependencia de la industria extractivista, pero otra cosa diferente es la renuncia a los beneficios reales de tales sectores productivos. La riqueza de las naciones cada vez se aleja más de los recursos naturales para concentrarse en el conocimiento, las finanzas y la tecnología. Pero la ralentización de esos procesos le permite a Colombia seguir explotando sus recursos naturales. Mientras se compre, debemos vender, al tiempo que nos vamos preparando para ese futuro del conocimiento, que será mañana mismo.
Numerosos escenarios podemos diseñar de Capitalismo Progresista para Colombia, como por ejemplo el de los recursos de la salud, que en los próximos cuatro años será la bicoca de US$108.000 millones. Una monstruosa cifra que se malgasta en la rapiña público-privada y que en manos de financieros expertos haría autosostenible el sistema con espacios e instrumentos técnico-bancarios, generando suficientes recursos para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, rescatando la viabilidad de los agentes privados, con una UPC [3] suficiente y la consecuente reducción del costo fiscal.
El sector público del sistema pensional va a administrar en el próximo cuatrienio, US$65.000 millones. En manos inexpertas o con la captura de intereses privados, esos maravillosos recursos pasarán sin pena ni gloria. En manos de financieros expertos, responsables y comprometidos con el interés general y bajo los criterios del Capitalismo Progresista, se podrían generar importantes beneficios que no hagan necesario el aumento de impuestos para purgar el insostenible déficit fiscal.
La banca de desarrollo no es una opción ideológica, sino una tecnología institucional de acumulación en un momento en que los mercados financieros privados poco canalizan crédito a largo plazo con enfoque productivo o estratégico. Hay ofertas a la vista de fondos extranjeros que ya están decididos a invertir en Colombia, pero únicamente en asocio con un Estado protagonista. Manos a la obra.
Colombia sí puede insertar iniciativas financieras innovadoras dentro de marcos multilaterales y mercados globales, reforzando la necesidad de un actor institucional continuo y serio como lo es el Estado Colombiano.
En un día típico, por la mañana nos alarmamos con el déficit fiscal, al medio día salimos a buscar dinero fresco pagando altas tasas de interés a inversionistas privados que no tienen ninguna duda sobre el confiable futuro económico de Colombia y no les afana el drama del riesgo país, Por la tarde asumimos que es necesario una nueva reforma tributaria. Mientras todo el día hemos estado sentados en montañas de dinero. En lugar de enriquecer a los bancos, debemos pensar como banqueros y así enriqueceremos a Colombia.
Hace falta audacia y conocimiento, pero sobre todo hace falta la experiencia para asumir las reformas propias del Capitalismo Progresista que se abre paso.
[1] After Neoliberalism by Joseph E. Stiglitz – May 30, 2019
[2] Joseph E. Stiglitz. People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.
[3][3] La UPC (Unidad de Pago por Capitación) es el monto anual que el Estado reconoce a las EPS (Entidades Promotoras de Salud).
