Ricardo Villa
@rvillasanchez
Colombia conoce el precio de la guerra. Más de seis décadas de conflicto interno mostraron que ninguna imposición militar externa resuelve los problemas de los pueblos, pero todas dejan pobreza, desplazamiento y violencia. Esa experiencia obliga a rechazar cualquier aventura bélica que pretenda arrastrar a la región.
La tensión aumenta en el Caribe con sanciones económicas, recompensas judiciales y despliegues navales. Ese escenario amenaza con desestabilizar no solo la frontera colombo–venezolana, sino la vida de millones de personas en el continente.
Colombia tiene una responsabilidad mayor. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, su papel no puede ser el de acompañar agendas ajenas, sino el de levantar la voz en defensa de la paz, la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos.
La frontera debe ser un espacio de vida. Con Venezuela compartimos 2.219 kilómetros de territorio, familias, historias y economías. Con Estados Unidos también existen vínculos profundos: más de 1,4 millones de colombianos y 770.000 venezolanos viven allí, formando lazos de trabajo y cultura. Estas relaciones recuerdan que las naciones no son islas separadas, sino comunidades interdependientes.
El comercio confirma esa interdependencia. En 2024, las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron USD 1.004 millones, un aumento del 49 % frente a 2023. Las importaciones fueron de USD 121 millones, lo que dejó un superávit de USD 883 millones. La composición muestra que 70 % de las ventas fueron industriales y 30 % agrícolas. Los productos más exportados incluyeron confitería, leche en polvo, bombas para líquidos, detergentes y polímeros de propileno. En los primeros cinco meses de 2025, las exportaciones alcanzaron USD 431 millones, 25 % más que en el mismo lapso del año anterior, mientras las importaciones bajaron a USD 45 millones. La balanza comercial fue superavitaria en USD 386 millones. Estos datos confirman una recuperación sostenida del intercambio, aunque todavía lejos de los niveles de 2008, cuando las exportaciones superaron los USD 6.000 millones.
El turismo también revela una frontera activa. En 2024, ingresaron a Colombia 230.972 turistas venezolanos y 99.591 colombianos viajaron a Venezuela. Entre enero y mayo de 2025, las cifras fueron 81.593 y 35.963, respectivamente. Un conflicto internacional interrumpiría de inmediato esta dinámica, afectando el sustento de miles de hogares en Norte de Santander, Arauca y La Guajira.
La inversión, en cambio, sigue rezagada. En 2023, los flujos bilaterales fueron de apenas USD 7 millones por lado. En el primer trimestre de 2025, Colombia invirtió USD 0,3 millones en Venezuela y Venezuela USD 1 millón en Colombia. El comercio de servicios muestra cifras menores, con déficit de USD 7 millones en 2024. Estos datos evidencian un potencial de integración aún limitado, que debería fortalecerse mediante cooperación regional en lugar de confrontación.
Un conflicto tendría costos inmediatos. Desplazamientos masivos presionarían servicios básicos en las zonas de frontera. El crimen organizado aprovecharía cualquier vacío estatal para ampliar contrabando, minería ilegal, narcotráfico y trata de personas. La experiencia histórica demuestra que la guerra alimenta esas economías ilegales y debilita la capacidad de los Estados.
El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos imponen proteger a la población civil. Las consecuencias de un conflicto superarían la capacidad de respuesta de Colombia y requerirían el acompañamiento de ACNUR, la Cruz Roja y agencias multilaterales. La obligación de la comunidad internacional es actuar antes de la crisis, no después.
La salida es la diplomacia activa. Colombia debe convocar a la CELAC, la OEA y el propio Consejo de Seguridad para impulsar una declaración conjunta que frene la escalada y abra un espacio de mediación entre Estados Unidos y Venezuela. La seguridad real no se construye con barcos de guerra ni sanciones que castigan sociedades enteras, sino con comercio justo, fronteras vivas y cooperación.
La coyuntura puede transformarse en oportunidad. América Latina necesita relanzar su integración como proyecto común. Esto exige compromisos en justicia climática, transición energética, soberanía alimentaria, movilidad laboral y equidad social. Menos discursos de confrontación y más inversión en desarrollo humano.
La historia continental lo demuestra: cada intervención armada impuesta desde afuera trajo pobreza, fragmentación y desplazamiento. Colombia, en el Consejo de Seguridad, tiene el deber de hablar en nombre de la paz y la concordia, no de la confrontación.
Bolívar advirtió: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”. Ese destino exige levantar la voz por la paz regional y la integración panamericana. Estados Unidos, Colombia y Venezuela somos países hermanos de la patria grande, y nuestro deber histórico es reafirmar la unidad sobre los cañones.
