Víctor Alarcón Zambrano
Y llegó lo menos deseado. ¡Se acabó la dicha!
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por votación dividida, 6 a 3, ha autorizado al gobierno para que a través de los servicios de inmigración, policía y demás fuerzas del orden, requieran identificación a cualquier persona en cualquier parte, a cualquier hora, basados en su aspecto étnico, su idioma o el color de su piel.
Se ha dado un golpe mortal a la dispuesto en el artículo cuatro de la Constitución y ahora cualquier agente puede detenerlo en cualquier lugar, sin motivo alguno, y requerir su identificación personal y demostrar su estatus migratorio en el país.
Todo este proceso es parte de las dos más importantes promesas que hizo el entonces candidato al pueblo americano y que hoy son un objetivo real del presidente, de deportar a por lo menos 12 de los 30 millones de residentes extranjeros indocumentados en el país.
Hace unos días, una gran redada en Savannah, Georgia, en una fábrica de autos de la empresa surcoreana Hunday, terminó con la detención de 475 trabajadores indocumentados, 345 de ellos oriundos de ese país. El hecho ha causado la suspensión de labores de la empresa por falta de mano de obra, con considerable perjuicio económico.
El presidente surcoreano Lee Jae-myung, quien hace unos pocos días estuvo en la Casa Blanca riendo y asegurando a Trump una fuerte inversión surcoreana, reaccionó indignado, y puso en tela de juicio la relación bilateral, algo muy importante para Estados Unidos por ser un socio estratégico contra un poderoso enemigo común como lo es Corea del Norte.
Trump solo contestó que: “la inversión es bienvenida, siempre y cuando se contrate mano de obra nacional.”
Como ésta, continúan las redadas en todo el país pero así mismo aumenta el descontento y el rechazo del pueblo que votó por un candidato que prometía proteger al país en dos aspectos muy importantes: la inmigración y el comercio internacional, o en otras palabra con un muro y con un incremento de aranceles.
Lo cierto es que ninguna de estas dos protecciones está funcionando. La expulsión de miles de trabajadores ha producido un efecto negativo en la producción de muchas industrias, sobre todo en el campo agrícola y la construcción. Consecuencia, escasez de mano de obra. Ya el precio de la vivienda ha aumentado en un 15%. Y en cuanto a la protección comercial aumentado los aranceles su efecto es aún peor, pues el importador paga más, pero así mismo aumenta sus precios y el consumidor termina asumiendo la protección prometida. Inflación rampante por donde se le mire, es la consecuencia de lo prometido en campana.
La economía China, India y del grupo BRICS está superando a la americana. El dólar ha caído entre 8 y 12%, y es posible que en un futuro cercano no sea la moneda internacional de referencia. Economistas importantes y miembros del Congreso están diciendo que el país está en la ruina. Y los planes de Trump empiezan a tener seria resistencia en la opinión.
Volviendo a nuestra introducción, la decisión de la Corte Suprema está siendo criticada por la mayoría de la opinión. La magistrada Sonia Sotomayor, uno de los tres votos en contra, sostiene en un documento de veinte páginas explicando su posición que: “No debemos vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquier persona por su aspecto étnico, porque habla otro idioma, o trabaja ganando un sueldo miserable”. Muchos han sido detenidos por sorpresa, esposados, ultrajados, arrojados al piso y amenazados con armas de fuego por el solo hecho de trabajar en labores manuales. Esto es inadmisible e incompatible con las garantías ciudadanas establecidas en la nuestra constitución.”
La decisión del alto tribunal es sin duda alguna una victoria para la Casa Blanca. Los magistrados votantes por el sí han sido nombrados por el presidente Trump, mientras que los negativos vienen de otras administraciones. Se concluye que, desafortunadamente, la política está en la Corte.
La Corte Suprema ha cancelado libertades expresas en la constitución y en consecuencia las redadas y las deportaciones siguen su curso. La gran diferencia es que el pueblo americano está entendiendo que hay más perjuicios que beneficios con la prometida doble protección y el rechazo a estas políticas se expresa en las calles cada día más. El americano es hoy más amigo del inmigrante, legal o ilegal, porque la historia confirma que este es un país de inmigrantes con oportunidades para todos.
