Víctor Alarcón Zambrano
La guerra entre Israel e Irán y el ataque de Estados Unidos, concentran la atención de la opinión y en consecuencia hacen olvidar el tema de las deportaciones de inmigrantes. Pero ahí, están y cada día se descubren nuevos hechos fuera de la ley para deportar a quienes en suelo americano buscan un mejor porvenir para sí y sus familias.
Recordemos que solo hay un tema de gobierno en el que el señor Trump tiene aceptación mayoritaria, 54%, y es el control de la frontera, fruto del muro que el mismo empezó a construir durante su primera administración.
“Nadie pudo pasar el muro en el último mes”, dijo el presidente. Y es cierto. Se acabó la tregua (por decirlo de alguna manera) que se concedía al inmigrante que lograba pasar la frontera y un juez de paso le otorgaba un permiso temporal de estadía de uno o dos años para que un tribunal de inmigración le dijera sí o no a su permanencia. Mientras tanto trabajaba, y lo más importante, enviaba ayuda a sus familiares en su país de origen.
Pero el acto de detención de extranjeros ha generado excesos de la fuerza oficial y graves problemas en la logística de deportación. Varios países se niegan a recibir a sus propios ciudadanos mientras que otros, en colaboración con Estados Unidos, reciben propios y extranjeros en su suelo. Esto último dio pie al presidente para solicitar autoridad de emergencia ante la Corte Suprema de Justicia para deportar a países distintos a su nacionalidad a miles de personas.
Ayer lunes, en decisión dividida, la Corte aceptó la solicitud presidencial, lo que representa una gran victoria para el gobierno, si se tiene en cuenta que el juez federal, Brian Murphy, (una corte inferior), había ordenado al Departamento de Seguridad Nacional, (Inmigración), que notificara con días de anticipación y por escrito a cada sujeto de deportación sobre cuál sería su destino y se le concedieran además quince días para ejercer su derecho a impugnar su remoción por motivos de seguridad personal en su país de destino.
Murphy, un juez designado por el entonces presidente Biden, había sostenido en su decisión que: “sin el debido proceso se violan las protecciones constitucionales de los ciudadanos”.
Uno de los magistrados adversos a la decisión final, la señora Sonia Sotomayor, expresó públicamente que el presidente: “ha desconocido abiertamente varias órdenes judiciales previas y esta autorización solo recompensa la ilegalidad de los procesos de deportación. Esta Corte Suprema intervienen ahora para conceder una autoridad de emergencia en una orden constitucional que se ha desafiado repetidamente”.
“Trump canceló la protección de estadía temporal para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela, y ahora la Corte Suprema le despeja el camino para declarar deportables con destino a cualquier país a millones de extranjeros que antes no lo eran, sin necesidad de proceso legal, más allá de una audiencia inicial y única, y sin importar el trato que en destino puedan recibir”, afirma Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown.
Esta situación se refleja en un grupo de personas nacionales de Cuba, Vietnam y Laos, retenidas en un contenedor de carga, en pésimas condiciones de higiene y sustento, en una base militar en Yibuti, que tenían destino a Sudán del Sur, un país totalmente desconocido y que además que no los aceptaba.
La ONU, ha advertido que Sudán se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, inestabilidad política y violencia.
Una corte de Boston en mayo pasado, prohibió al gobierno enviar deportados a Libia, un país conocido por el mal trato a los detenidos y con seria inestabilidad política.
El gobierno ha sostenido que deportará a cualquier país que ofrezca garantía de no tortura y se opone a notificar al deportado sobre su destino.
Las redadas continúan y las manifestaciones en contra, con el respaldo de americanos, continúan, a pesar de que como se dijo en la introducción la guerra enmascara esta realidad.
La orden continúa, el jefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, quien es a la vez el arquitecto de toda la estrategia de deportaciones lo confirma: “los oficiales encargados de las deportaciones tienen la obligación de llegar a 3,000 arrestos diarios y no solo 650 como ocurre hoy”.
