Ricardo Villa Sánchez
@rvillasanchez
La paz no es solo una aspiración ética, sino un mandato democrático. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta —corazón del mundo para los pueblos ancestrales y pulmón ambiental para Colombia— esa paz es urgente y necesaria. Durante décadas, la región ha sido escenario de múltiples violencias: paramilitarismo, narcotráfico, extorsión, desplazamientos, uso de menores en la delincuencia y en las peores formas de trabajo infantil.
La política estatal de Paz Total, abre una posibilidad concreta para transformar este panorama. Se trata de una política pública que trasciende gobiernos y busca soluciones integrales a los conflictos armados y a las violencias que persisten en diversos territorios.
El proceso en curso con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), enmarcado en esta política estatal, representa una oportunidad para cambiar la historia reciente del territorio. Las ACSN no son un actor insurgente tradicional; son un Grupo Delincuencial Organizado (GDO), con origen en estructuras paramilitares, que impactan con el narcotráfico y las economías ilegales.
El Estado ha desplegado en la región dispositivos de acercamiento y fases exploratorias de diálogo social. Aunque todavía no existe una mesa formal de conversaciones, se han dado pasos importantes: jornadas con autoridades indígenas, organizaciones sociales, campesinas, mujeres y juventudes, y espacios para el intercambio directo con las comunidades afectadas.
He participado en varios de estos espacios. Y en cada uno de ellos se ha constatado que la demanda por la paz no es simplemente silenciar los fusiles, sino transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia. Las comunidades exigen acceso a derechos, reconocimiento, respeto a su autonomía y garantías para vivir en dignidad y obras con inversión estatal que mejoren su calidad de vida.
El panorama sigue siendo complejo. Las ACSN ejercen un control territorial significativo en varias zonas. Imponen pagos extorsivos, regulan actividades económicas, controlan rutas del narcotráfico y afectan el ejercicio de derechos básicos. Ademas continúa la violencia, el sicariato, hasta han aparecido en la ecuación nuevos grupos que se disputan sectores urbanos en la capital del departamento del Magdalena
Aunque el grupo ha declarado ceses unilaterales de hostilidades en momentos recientes, la situación humanitaria es grave: comunidades indígenas enfrentan restricciones a su movilidad y autonomía, incluso tensiones entre pueblos; líderes campesinos han denunciado amenazas; mujeres continúan bajo riesgo de violencia, y menores son utilizados en funciones criminales.
El reciente informe La Paz ¿Cómo Vamos? alerta sobre los riesgos: persistencia de altos niveles de conflictividad, expansión de economías ilegales y fragilidad institucional. Sin una intervención estatal más robusta, los avances logrados en los primeros acercamientos pueden verse frustrados.
En este contexto, la Consejería Comisionada de Paz de la Presidencia de la República ha tenido un rol clave en mantener abiertos los canales de diálogo. Sin embargo, el proceso enfrenta límites jurídicos: no existe hoy un marco específico para conducir conversaciones con GDO bajo un enfoque de justicia restaurativa. Además, la presencia institucional en buena parte del territorio sigue siendo débil.
Por eso es urgente pasar de las fases preliminares a hechos concretos. El camino implica: Establecer una zona de ubicación temporal y territorial que permita contener la violencia, generar confianza y facilitar el tránsito hacia el desmantelamiento de las estructuras armadas y su tránsito a la vida civil. Fortalecer el diálogo social: las comunidades deben ser protagonistas, no observadoras. Los líderes indígenas, organizaciones de mujeres, juventudes, campesinos y sectores productivos tienen que participar activamente en el diseño de la paz territorial. Activar el equipo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, creada en el Acuerdo de Paz, para investigar y judicializar los crímenes más graves: desplazamientos, amenazas, violencia contra líderes, uso de menores.
Construir un pacto territorial: un acuerdo por el desarrollo sostenible, que sustituya las economías ilegales y promueva proyectos de vida dignos, con salud, educación, infraestructura, turismo responsable, energías limpias y soberanía alimentaria y lleve a que se establezca una Región de Paz en la Sierra Nevada. Mientras es necesario que la Rama Judicial suspenda formalmente las órdenes de captura, inclusive con fines de extradición, y hasta si lo considera sustituya medidas de aseguramiento; además que el Congreso de la República legisle un marco jurídico sobre justicia transicional que posibilite el acceso a la justicia dentro de la política estatal de paz a quienes se acojan a la justicia y desarticulen su estructura armada de crimen de alto impacto.
Este proceso debe respetar los principios democráticos. La suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, como se ha planteado en el contexto del proceso, es competencia inicial de la Fiscalía. Solo en una etapa avanzada, con control de legalidad, podría ser valorada por la Corte Suprema y el Presidente, conforme a la Constitución. Toda flexibilidad debe estar plenamente enmarcada en el Estado de derecho.
El proceso en la Sierra es, en muchos sentidos, un laboratorio de la Paz Total: prueba la capacidad del Estado para combinar diálogo con justicia, verdad con reconciliación, y restauración con garantías.
Como participante en estas fases exploratorias y como ciudadano comprometido con la paz territorial, sostengo que este proceso merece todo el respaldo institucional y social. La Sierra Nevada no puede seguir siendo un territorio atrapado entre violencias. Es un espacio sagrado para los pueblos ancestrales, un bien ambiental para el país y un emblema de nuestra diversidad.
La oportunidad histórica está ahí. No debemos desperdiciarla. Convertir la Sierra Nevada en una región de paz y derechos, es hoy un deber político, ético y democrático que Colombia no puede postergar. La Sierra Nevada debe ser el corazón de La Paz.
