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Es el turno para las familias en América Latina

Víctor Alarcón Zambrano

Las mayores detenciones se han realizado cuando los extranjeros cumplen con la ley al presentarse a las cortes para cumplir citas con el objetivo de legalizar su estatus migratorio.

Cuatro meses del gobierno de Trump y por ninguna parte se ve la realidad del eslogan de su campaña electoral: MAGA (Make America Great Again), o en español, “Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos”, una frase que, entre otras cosas, no es suya, sino del expresidente Ronald Reagan.

En solo cuatro meses, varios de sus amigos han demostrado públicamente su desencanto y se han apartado de su administración. El más notable, el industrial Elon Musk, quien, a pesar de ser uno de sus más valiosos contribuyentes y asesores, ha expresado al salir de la Casa Blanca: “Después de reflexionar cuidadosamente, y hablando con la franqueza que me caracteriza, he sido un chivo expiatorio; me siento decepcionado y cansado de apoyar un gobierno errático y abusador. No es una decisión fácil, pero sí necesaria; está de acuerdo con mis principios y con el bien del futuro de este país. El ambiente político es tóxico, los intereses de la burocracia se resisten al cambio. Mejor vuelvo a mi empresa, donde puedo ser útil. Mi lucha contra el despilfarro ha sido saboteada. Mi empresa y yo no podemos ser villanos en una película mal escrita”.

Decisiones dictatoriales que van más allá del poder presidencial y de la misma Constitución —muchas de ellas impopulares y directas contra el ciudadano de a pie—; enfrentamientos con la justicia ordinaria e incluso con la Corte Suprema; retos en política internacional; salida del país de organizaciones climáticas y económicas; imposiciones en contra de la educación de extranjeros en universidades estadounidenses; reformas migratorias que solo corresponden al fuero legislativo, y otras tantas decisiones draconianas, aunque algunas de ellas han tenido que ser revertidas. Muchas otras han sido declaradas ilegales por cortes federales, y otras tantas se encuentran en estudio de validez constitucional.

El hito general de “los primeros cien días de gobierno” como termómetro para predecir lo que será un nuevo mandato es negativo. El índice de favorabilidad de Trump es el segundo más bajo para un presidente tras la posguerra.

En ese mismo período, Kennedy tuvo un 83 %, Reagan el 67 %, Biden y Clinton más del 50 %. Todo ello solo ha despertado rechazo, o mejor, una desilusión. De una aceptación inicial del 72 %, se ha bajado a solo un 44 % en favor del presidente. Es demasiado para tan corto tiempo de gobierno. Lo apoya el 90 % de su partido republicano y solo el 4 % de los demócratas.

Incumplimiento de promesas, aranceles comerciales controvertidos, enfrentamientos domésticos y foráneos, recortes en gastos de programas sociales y educativos, arrestos y deportaciones han colmado la agenda gubernamental. Las deportaciones siguen en todo el país, aunque en verdad no se ha logrado el objetivo numérico trazado por el presidente. Los agentes de inmigración persiguen a quien no tenga ojos azules y cabello rubio. Están escondidos como león tras su presa, al frente de centros comerciales, parques, cines, iglesias, restaurantes, obras en construcción, estaciones de buses y trenes, consultorios médicos, hospitales, granjas y, en general, por todos lados.

Paradójicamente, las mayores detenciones se han realizado cuando los extranjeros cumplen con la ley al presentarse a las cortes para cumplir citas con el objetivo de legalizar su estatus migratorio. Ahí se separan padres e hijos menores, a la fuerza.

Trump ha invocado una autoridad muy cuestionada para remodelar el comercio internacional, reformar el gobierno a su gusto, controlar los bufetes de abogados, el ingreso a las universidades, decidir sobre la nacionalidad de personas nacidas en suelo americano, cambiar las leyes electorales y deportar migrantes sin seguir el procedimiento legal.

Para completar este cuadro de tristeza, la Corte Suprema ha respaldado la decisión presidencial de retirar la protección legal y temporal migratoria garantizada por el expresidente Biden a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.

Lo cierto es que el país está en crisis económica, las arcas federales están en números rojos y la ausencia de los inmigrantes en mercados tan importantes como la agricultura, la construcción, el turismo, la hotelería, los cuidados personales y otros campos causaría una recesión tal que afectaría negativamente el PIB en por lo menos un 6 %, según expertos.

Hay consenso general en que existen problemas nacionales más graves que la inmigración. Hay escasez de vivienda, de profesores, de conductores de camiones, de mano de obra calificada en muchas actividades básicas, y, además, los estadounidenses son proporcionalmente más violadores de la ley que los foráneos.


La última disposición del gobierno Trump impacta directamente a doce millones de familias en toda América Latina. Por mayoría de 215 a 214, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley denominado “One Beautiful Bill Act” (Una hermosa ley), que incluye un impuesto del 3,5 % a las remesas que los trabajadores en suelo estadounidense envían a sus familias en el extranjero, y que desde siempre han constituido para muchos el sustento para su supervivencia. El proyecto incluye recortes fiscales, restricciones sociales y medidas especiales de seguridad en la frontera.


Este impuesto, de ser aprobado el proyecto en el Senado, se impondría a quienes, al efectuar la transacción, no demuestren su ciudadanía estadounidense o su residencia legal en el país.

Será un impacto social y económico en el continente y también para las comunidades migrantes en el país. Mexicanos, centroamericanos y colombianos estarían entre los grupos más afectados.

Colombia recibió en 2014 once mil ochocientos cuarenta y ocho millones de dólares en remesas, lo que significaría, en ese monto, una penalidad de cuatro mil ciento cuarenta y seis millones ochocientos mil dólares, que irían del trabajo del colombiano en EE. UU. al bolsillo del fisco norteamericano. Queda la esperanza de que el Senado no haga ley semejante atentado contra el trabajo del ser humano cuyo “delito” es ganar su sustento en otro país.


Víctor Alarcón es periodista colombiano residente en EE. UU.

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