Víctor Alarcón Zambrano
“Este lunático (Trump), desquiciado, debe ser destituido”. Rep. demócrata por Minnesota Ilhan Omar.
A pesar del anuncio de un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, el conflicto le costará muy caro al presidente americano. A través de Pakistán, su mediador en el conflicto, Washington ha advertido que solo pospone por dos semanas su ofensiva devastadora, una que, según sus propios términos, “acabará con toda una civilización iraní para no volver jamás”.
El índice de aprobación del presidente ha caído al 37%, según encuestas recientes, y miembros de su propio partido en el Congreso han comenzado a distanciarse y a criticar abiertamente su política exterior. Al mismo tiempo, crecen las manifestaciones callejeras y se multiplican las voces que cuestionan sus decisiones.
Desde hace varios meses, anticipando una posible victoria en las elecciones de noviembre próximo, varios congresistas demócratas han anunciado que, si conquistan la mayoría, iniciarán un proceso que podría culminar en la destitución del mandatario.
Este mecanismo jurídico está consagrado en los artículos I (sección 2, cláusula 5) y II (sección 4) de la Constitución, y se denomina impeachment. Sirve para acusar y eventualmente destituir a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente, por traición, soborno u otros delitos y faltas graves. El proceso se inicia en la Cámara de Representantes, que investiga, delibera y vota por mayoría simple. Si prospera, pasa al Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios para que proceda la destitución.
En el pasado, tres presidentes han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y el propio Donald Trump en 2019 —y en un segundo proceso, en 2021—. Todos fueron absueltos. Un cuarto caso, el de Richard Nixon en 1974, no llegó a votación: Nixon renunció voluntariamente antes de que el Senado pudiera pronunciarse, en un escenario en que su destitución parecía prácticamente inevitable. Conviene precisar que el impeachment no conlleva penas penales; su única consecuencia es la remoción del cargo y, eventualmente, la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La representante demócrata Ilhan Omar dio un paso más allá y pidió formalmente que el Congreso invoque la Enmienda 25, que permite transferir el poder ejecutivo en caso de renuncia, muerte o incapacidad presidencial: “Esto es inaceptable. Este lunático, desquiciado, debe ser destituido”.
La exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene —quien en el pasado fue una de las más fervorosas aliadas de Trump— también alzó su voz: “No ha caído una sola bomba sobre el país y no podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”.
Por su parte, el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, anunció contar con los dos votos republicanos necesarios para aprobar una resolución que limitaría el uso de la fuerza militar contra Irán.
Otros congresistas invocan la Enmienda 25 —ratificada en 1967— cuyo artículo 4 establece un mecanismo por el cual el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar que el presidente “se encuentra incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo”, con lo cual el poder ejecutivo pasa temporalmente al vicepresidente.
Unos y otros, con un respaldo popular que crece, buscan la manera de detener nuevas acciones militares en el extranjero, frenar la ofensiva contra Irán, hacer respetar al Congreso y, en últimas, poner fin anticipado a la era Trump. Para lograrlo, todos tienen los ojos puestos en las elecciones de mitaca de noviembre próximo, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Mientras tanto, Trump —cuya promesa electoral de ser “el presidente de la paz” ha quedado en entredicho— anuncia que establecerá una base naval militar en el puerto peruano del Callao, con una inversión superior a los 1.500 millones de dólares. El objetivo declarado: vigilar y controlar el tráfico marítimo, combatir el narcotráfico en el océano Pacífico, supervisar el comercio con Asia y garantizar capacidad logística y operativa en la región.
La base se sumaría a las aproximadamente 750 instalaciones militares que Estados Unidos mantiene alrededor del mundo, más un número significativo de bases con capacidad operativa plena tanto en suelo extranjero como en territorio nacional.
Y mientras esta batalla por el poder político, el destino del señor Trump y la guerra en Irán siguen su curso, los estadounidenses pagan la gasolina más cara en años —entre 4,5 y 5 dólares por galón— y enfrentan el encarecimiento sostenido de los alimentos, el transporte y la vivienda.
