Carlos E. Lagos Campos
En medio de la actual cacofonía de voces que compiten por la Presidencia de la República —donde abundan los gritos, los egos y las verdades absolutas— comienza a tomar forma una nueva opción política que merece ser observada con atención. No porque prometa soluciones mágicas, sino porque intenta algo cada vez más escaso en la política colombiana: ordenar la diferencia, canalizar la pluralidad y devolverle método a la democracia.
La llamada Gran Consulta por Colombia no nace como un acto de improvisación ni como una reacción coyuntural al desgaste del gobierno actual. Surge, más bien, como el resultado de un proceso sostenido de articulación política, cuyo principal artífice ha sido Juan Manuel Galán, desde el Nuevo Liberalismo, al insistir durante años en la necesidad de construir una alternativa democrática amplia, institucional y responsable. Galán ha comprendido algo esencial en el actual contexto colombiano: en un país fracturado, la unidad no se decreta, se construye. Y se construye con reglas, con método y con una vocación clara de respeto por la diferencia. De allí que la consulta popular no sea aquí un simple mecanismo electoral, sino un principio de legitimación democrática frente a la política del atajo y la imposición.
Una consulta en construcción, no un frente de combate
Hoy, esta iniciativa cuenta con un grupo definido de precandidatos que han aceptado someterse al mecanismo de consulta ciudadana, entre ellos Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Daniel Palacios y Vicky Dávila. A este escenario se ha sumado Paloma Valencia, en una decisión que introduce un desafío político evidente para la coherencia interna del proyecto.
La Gran Consulta, sin embargo, no puede ni debe convertirse en una extensión de las disputas tradicionales de partido, ni mucho menos en un escenario de confrontación ideológica permanente. Su razón de ser es exactamente la contraria: reducir la lógica de trincheras, desescalar la polarización y ofrecer un marco de competencia democrática basado en reglas compartidas. Quien decida participar en este proceso debe hacerlo entendiendo que la consulta no es un campo de batalla, ni un espacio para reproducir la retórica amigo-enemigo que ha caracterizado históricamente a sectores del debate político colombiano. El espíritu de esta convocatoria exige contención discursiva, vocación de unidad nacional y respeto por la pluralidad interna, condiciones indispensables para que una alianza de esta naturaleza sea creíble ante la ciudadanía.
Una alternativa frente a la desinstitucionalización
El verdadero valor político de la Gran Consulta radica en que no se define por la oposición personalista a un gobierno, sino por una posición clara frente a la desinstitucionalización del país. Se trata de una alianza que entiende que la erosión del Estado de Derecho, el debilitamiento de los contrapesos y la desconfianza en las reglas democráticas constituyen hoy una amenaza mayor que cualquier coyuntura electoral.
Desde esa perspectiva, la consulta ofrece al menos cuatro ventajas claras:
Desplaza la política del grito hacia el método, privilegiando la deliberación ciudadana.
Recupera la centralidad de la institucionalidad como eje del proyecto político. Canaliza un electorado huérfano, cansado tanto de los extremos como del personalismo.
Permite una maduración progresiva, programática y política, sin soluciones improvisadas.
El justo medio como principio rector
Toda construcción política seria requiere límites claros. Aquí resulta pertinente invocar el justo medio aristotélico, no como sinónimo de tibieza, sino como un principio de equilibrio racional entre los excesos. La amplitud de esta alianza solo será sostenible si se mantiene fiel a ese criterio: ni complacencia con la ruptura institucional, ni recaída en la polarización permanente.
Las trayectorias individuales, por legítimas que sean, deben subordinarse a un propósito superior: la reconstrucción de la confianza democrática y la defensa del Estado. Convertir esta plataforma en un escenario de confrontación personalista atentaría directamente contra su razón de ser.
Una oportunidad que exige responsabilidad
Colombia atraviesa una encrucijada histórica. La polarización ha dejado de ser una simple estrategia electoral para convertirse en un riesgo real para la estabilidad democrática. Frente a ese escenario, la Gran Consulta por Colombia representa una oportunidad seria, pero también frágil. Su éxito dependerá menos de la suma de nombres y más de su capacidad para honrar el espíritu de unidad nacional que la inspira, sostener reglas claras y preservar una deliberación política que privilegie la razón sobre el ruido.
Apostar por esta alternativa no es un gesto de comodidad, sino un acto de lucidez democrática: la convicción de que el futuro del país no puede seguir secuestrado por la lógica del todo o nada, y de que aún es posible construir mayorías desde el equilibrio, la responsabilidad institucional y el compromiso con Colombia.
En tiempos de extremos, apostar por el equilibrio sigue siendo un acto de valentía política. Y esa, quizá, sea la mayor prueba que esta alianza deberá superar.
