Víctor M. Alarcón Zambrano
Hoy me siento a escribir esta columna con un profundo dolor de patria.
Como colombiano, me resulta incomprensible que, ante los insultos, las humillaciones, las calumnias y las amenazas dirigidas contra nuestro país, prevalezca un silencio casi absoluto. Nadie parece dispuesto a levantar la voz para defender el honor, la dignidad y el orgullo nacional. Esto trasciende los colores políticos y las posturas pro o antigubernamentales del momento. Derecha, izquierda, centro o independientes: todos somos colombianos. Por ello resulta inadmisible que el patriotismo solo se active con un partido de fútbol, o que la defensa de la verdad y de los valores nacionales se excuse bajo el rótulo de la oposición política. El gobierno de turno es transitorio; la patria es permanente.
Nuestro país carga con la desgracia de ser, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mayor cultivador y exportador de cocaína del mundo. Pero esa condición no implica que todos los colombianos seamos cultivadores, exportadores o consumidores.
Que millones de personas en el mundo sean emocionalmente inestables o vulnerables al consumo por razones laborales, familiares, sociales o simplemente por gusto, no significa que únicamente Colombia sea responsable. El narcotráfico es, quizá, el negocio ilícito más lucrativo del planeta. Su dinámica obedece a un principio elemental: sin consumo no hay producción posible. Y sin producción no hay mercado.
Aquí es donde se requiere patriotismo para defender la imagen del país. Si producimos y exportamos, es porque alguien compra. Y, conviene aclararlo, no se trata de justificar un negocio infame, sino de señalar las dimensiones globales de un fenómeno que algunos prefieren evaluar solo desde la óptica de culpar al otro.
La realidad mundial es elocuente. Según la ONU, en 2023 alrededor de 316 millones de personas consumieron drogas ilícitas:
– 61 millones opioides
– 31 millones cocaína
– 25 millones éxtasis
– 21 millones anfetaminas
– y el resto otras sustancias.
El estudio no incluye cifras específicas sobre marihuana o fentanilo.
Respecto a Estados Unidos, el informe subraya que la marihuana es la sustancia de mayor consumo: 244 millones de personas mayores de 12 años la han utilizado. En cuanto a la cocaína, 70 millones la han probado o consumen; de ellos, 49 millones presentan afectaciones severas derivadas del consumo. Solo uno de cada siete hombres y una de cada dieciocho mujeres recibe tratamiento médico. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, 87.000 personas, en su mayoría entre 14 y 18 años, murieron por sobredosis, una cifra inferior a los 114.000 fallecidos del periodo precedente.
El estudio indica, además, que Portugal despenalizó cualquier consumo desde 2001; que Argentina es el mayor consumidor en América Latina; y que China, Afganistán, India y Pakistán son los principales proveedores de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Sobre el fentanilo, un análisis del International Journal of Drug Policy reporta 73.838 muertes en 2022 y 72.776 en 2023. Las incautaciones pasaron de 49.657 millones de pastillas en 2017 a 115 millones en 2023, un incremento descomunal. Su potencia, bajo costo y facilidad de transporte lo convierten en una sustancia extremadamente rentable: es cincuenta veces más potente que la heroína, y dos miligramos pueden resultar mortales.
Estos datos, sin necesidad de agotar toda la bibliografía disponible, demuestran que Colombia es responsable, sí, pero no el único actor. El problema fundamental reside en un consumo global creciente, diversificado y cada vez más peligroso. La cocaína, incluso, ha dejado de ser la droga predominante: los mercados criminales internacionales han encontrado en el fentanilo un impulso mucho más rentable.
La Casa Blanca, en su lucha contra las drogas, parece mal orientada, incurriendo incluso en gestos que afectan la soberanía de otros países, entre ellos Colombia. En este punto, tiene razón el presidente Petro al afirmar que el señor Trump está mal informado. Muchos expertos sostienen que la “guerra contra las drogas” está perdida desde hace décadas.
En consecuencia, las acciones anunciadas por el expresidente Trump contra el presidente de Colombia carecen de fundamento y de justicia. La Casa Blanca desestima olímpicamente las vidas perdidas y los esfuerzos titánicos de las autoridades colombianas. Las 3.700 toneladas de cocaína incautadas en 2014 tampoco parecen tener valor alguno para el señor Trump.
Ambas naciones mantienen una larga tradición de amistad y cooperación basada en el respeto. Lo que presenciamos hoy no es una disputa entre Estados, sino un enfrentamiento personal entre un líder de derecha y uno de izquierda, sin sustento ni pruebas.
La relación económica bilateral lo demuestra: Estados Unidos exporta a Colombia maquinaria, vehículos, tecnología, insumos químicos, aeronaves y equipos médicos. Colombia exporta petróleo, café, carbón, banano, flores, oro, aguacate, carne, frutas, hortalizas, algodón, lácteos, transformadores y, además, aporta un turismo creciente. El 30% de nuestras exportaciones tiene como destino Estados Unidos.
En 2023, el comercio bilateral alcanzó 53.500 millones de dólares. Entre enero y noviembre de 2024, Colombia exportó 19.000 millones y Estados Unidos 17.700 millones. Aunque la balanza favorece al país del norte, es evidente que el dinamismo del mercado estadounidense sostiene miles de empleos colombianos.
Otro elemento central en esta relación es la “importación” colombiana del trabajo de sus migrantes en Estados Unidos: en 2024, las remesas sumaron 11.848 millones de dólares, recursos que sostienen a miles de familias e impulsan la economía nacional.
El presidente Petro ejerce su cargo por mandato soberano del pueblo colombiano; no es un dictador. Es el producto —con todos sus matices— de la democracia más estable de América Latina. Le guste o no al lector, representa institucionalmente la dignidad del país.




