Victor M. Alarcón Zambrano
Una de las cosas que hacen la vida agradable en Estados Unidos es el derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, según el cual se puede transitar libremente sin ser interceptado por autoridad alguna, salvo con orden judicial, ser sorprendido in flagranti en un crimen o violar una norma de tránsito. En otras sencillas palabras, no existe el “muéstreme sus papeles” tan popular en nuestro país.
Además, si es el caso, el ciudadano tiene el derecho de solicitar y conocer la identidad de quien lo detiene y el motivo.
Pues bien, a raíz del programa masivo de deportaciones que puso en marcha el presidente Trump, este privilegio está por desaparecer. Durante la ejecución de las operaciones del Servicio de Inmigración en Los Ángeles, encaminadas a detener y deportar a los dos millones de indocumentados que trabajan en esa ciudad, los defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno ante la Corte Suprema por excesos y violaciones al citado artículo constitucional. La Corte aceptó la demanda e, inmediatamente, la Casa Blanca se defendió.
El resultado de esta acción judicial ante el más alto tribunal de justicia da la oportunidad de decidir, de una vez por todas, si los agentes de inmigración, y/o cualquier agente del orden, ya no solo en Los Ángeles sino en todo el país, tienen la libertad de detener, interrogar y arrestar a cualquier persona basados en su aspecto étnico, en su idioma o en su simple imaginación, como presuntos habitantes ilegales o indocumentados. Además, deberá decidir si es legal que los agentes utilicen mascarillas o cubre rostros, vehículos sin identificación oficial y ropa de calle mientras realizan detenciones, redadas o ingresan a lugares de trabajo o domicilios particulares.
Si la Corte lo decide, cualquier persona podría ser interrogada e identificada a la salida de un cine, un estadio, una terminal de transporte, en la calle, en su trabajo, al salir de casa o del supermercado, por alguien enmascarado, en ropa de calle, sin identificación visible y sin motivo alguno. Se acabaría así la tranquilidad y el respeto que brinda la misma Constitución Nacional.
Y todo comenzó el pasado 18 de junio, cuando en un paradero de buses el ciudadano estadounidense Pedro Vásquez Perdomo fue erróneamente arrestado por agentes de inmigración basados en su aspecto étnico, con empujones, esposas, ultrajes y golpes, siendo llevado a un centro de detención de indocumentados. Vásquez no se quedó callado ante la ilegalidad de su detención y, unido a sindicatos y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, elevó la correspondiente demanda ante la Corte.
La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong determinó que esos hechos violan el artículo 4 de la Constitución: “No se pueden ejecutar detenciones basadas en la raza, aspecto étnico, idioma, tipo de trabajo, apariencia o en la simple sospecha razonable de que carecen de estadía legal en el país”. La jueza no negó el derecho a las detenciones, pero sí limitó la autoridad y los motivos. Y allí entró la apelación de la Casa Blanca. Los abogados sostienen que “estas decisiones judiciales obstaculizan los esfuerzos del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración”. En consecuencia, exigen que la Corte “anule la orden del juez y legalice las detenciones con la sola sospecha de que la persona puede ser un habitante indocumentado o ilegal en el país. No se está exaltando la discriminación racial, pero la etnicidad aparente de una persona es base para una sospecha razonable de violación de la ley migratoria”.
Esta postura oficial no es aceptada por los defensores de los derechos ciudadanos, no solo de los inmigrantes, porque expone a millones de personas respetuosas de la ley a un inminente riesgo de molesta interrogación callejera, detención y/o error en deportación. Nadie con aspecto de extranjero podrá estar seguro de regresar a casa y no ser separado de su familia.
En una encuesta sobre las deportaciones masivas, el 95 % de demócratas rechaza la política oficial, mientras el 79 % de republicanos la respalda.
El Congreso, de mayoría republicana, acaba de aprobar 76.500 millones de dólares adicionales para el Departamento de Inmigración, de los cuales 30.000 millones son para la contratación de nuevos agentes. Esto es 10 veces más que el presupuesto normal de esa agencia, que tiene como objetivo llegar a una planta de 10.000 agentes adicionales a los 6.500 actuales.
Si quiere trabajar como agente de inmigración, se ofrece un bono de 50.000 dólares por la firma del contrato. Pero hay que esperar un poco, porque a la fecha se han recibido 121.000 solicitudes en espera de estudio y aceptación, el 63 % de ellas de agentes retirados.
