Ernesto Rojas Morales
El imperativo de una reforma estructural para un país que cambió más rápido que su ley fundamental
Tratar de congelar el Estado en lo que alguna vez se pensó como el ideal constitucional es una necedad que ignora el signo de los tiempos. La Constitución de 1991 fue, sin duda, un avance frente a la vetusta Carta del 86. Su espíritu incluyente, su visión garantista de derechos, su promesa de participación y pluralismo marcaron un hito. Pero tres décadas después, resulta evidente que el país que hoy habitamos no se parece en nada al que inspiró a los constituyentes.
En 1991 no existía el Internet, los teléfonos celulares eran cosa de ciencia ficción, y nadie —por más lúcido que fuera— podía prever la revolución digital: la inteligencia artificial, la computación en la nube, el blockchain o el aprendizaje automático de las máquinas. Y, sin embargo, los constituyentes, con todas sus virtudes, sellaron la Carta como un documento prácticamente inmodificable, arrojando la llave al mar, salvo para las pequeñas reformas que, paradójicamente, han servido para consolidar los mismos poderes políticos que supuestamente se quería superar.
Las reformas introducidas desde entonces no han modernizado la Constitución; la han deformado. Se ha retrocedido en muchos frentes, y aunque la declaración de nuevos derechos sigue allí, se ha vaciado de garantías y de vías efectivas de ejercicio.
Uno de los ejemplos más cínicos de esta contradicción es la declaración solemne de que todos “nacen iguales ante la ley”, en un país que ostenta el tercer lugar mundial en desigualdad. La discriminación positiva, necesaria para corregir desequilibrios estructurales, apenas se contempla como una tímida excepción. Nacer pobre en Colombia suele significar crecer desnutrido, formarse mal en un sistema educativo decimonónico y depender, en salud, de la caridad o la suerte.
El Estado dice brindar “igualdad de oportunidades”, pero no remueve los cercos que impiden el acceso real: las distancias, los requisitos previos, el elitismo del conocimiento. Se garantiza la libertad de cátedra, pero no la libertad de aprendizaje. Se cura la enfermedad, pero no se previene. El trabajo, base de toda riqueza, se trata como una mercancía, y su retribución se sujeta al vaivén del mercado y a la amenaza de un ejército de desempleados listos para aceptar lo que sea.
Los impuestos, lejos de corregir los desequilibrios, los profundizan. En vez de gravar el incremento de la riqueza, se carga el consumo, perpetuando la inequidad. Desde 1991, más de 17 millones de colombianos siguen en la pobreza. Y aunque los porcentajes cambien levemente según los gobiernos, el número absoluto crece con la población. Esta es la fuente inagotable que nutre los ejércitos del conflicto: paramilitares, bandas, milicias. No hay bombas ni cárceles suficientes para contener esa desesperanza.
Mientras tanto, la riqueza crece… pero en las manos de los mismos. Cuatro mil personas controlan los intereses, los dividendos, las tierras. ¿Cómo hablar de paz en un país con semejante concentración de la propiedad rural?
Los constituyentes, con buena fe, incluso crearon una Comisión Nacional de Televisión para evitar la manipulación política. No podían imaginar las redes sociales, las bodegas digitales, los bots, las fake news que en 2016 torcieron el rumbo del país con la victoria del “NO” en el plebiscito por la paz.
Ha llegado, sin duda, el momento constitucional. No para destruir la Carta del 91, sino para actualizarla, abrir sus puertas a la evolución del país, integrar los avances tecnológicos, garantizar los derechos sociales y corregir las asimetrías históricas. No podemos seguir gobernando el siglo XXI con la mentalidad jurídica del siglo XX.
Colombia necesita una Constitución viva, que respire con su gente, que dialogue con su tiempo, y que deje de ser un monumento estético a derechos que no se ejercen, libertades que no se gozan y promesas que no se cumplen.
