Alfonso Gómez Méndez
“La paz es un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio”, es la bien intencionada fórmula retórica de la Constitución del 91, que al igual que algunas parecidas del pasado, ha sido utilizada con los más disímiles y extraños propósitos. Claro es que ninguna sociedad puede ni debe estar en guerra permanente. Contrariamente a lo que se piensa, sobre todo por las nuevas generaciones, no es la primera vez que en la Carta Política se menciona de manera expresa la consecución de la paz como uno de los fines del Estado.
Está casi en todas las constituciones que, con sus reformas, nos han regido. Podría decirse que ninguna Constitución ha dejado de lado el objetivo de alcanzar la paz. En el preámbulo del plebiscito de 1957 -fórmula extra constitucional a la que fue preciso recurrir después de, ese sí, bloqueo institucional, para alcanzar la paz entre liberales y conservadores que se enfrentaban violentamente- expresamente y con la participación electoral más alta en nuestra historia, se colocaba, como ahora, en el mismo nivel la justicia y la paz.
Todas las constituciones han contemplado las distintas maneras de alcanzar la paz: por la vía militar y policial y a través de las negociaciones políticas. En otra columna expresaba que, si de leyes de amnistía e indultos se trataban, el país debía ser un “remanso de paz” pues en el curso de nuestra historia las hemos tenido por decenas.
Las llamadas guerras civiles del siglo XIX terminaron con leyes de amnistía e indulto para los vencidos. Desde la guerra de los supremos, hasta la más cruel de todas, la guerra de los mil días a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La denominada guerra civil no declarada entre liberales y conservadores terminó con los acuerdos del Frente Nacional en 1957, que para algunos significó una especie de pacto de impunidad política y jurídica por las barbaridades de la violencia y el germen de nuevos conflictos.
Desde la mitad del siglo XX hasta hoy, los presidentes -casi sin excepción- han buscado la paz, unos con más éxito que otros, con grupos armados con objetivos políticos. Betancur abrió el camino con generosidad al anunciar desde su posesión que facilitaría la negociación política con las guerrillas; Logró los acuerdos de la Uribe y con ello un año de tregua con la Coordinadora Nacional Guerrillera y el surgimiento de un partido político: la UP.
El proceso de Belisario, humanista e idealista bien intencionado, terminó trágicamente en el Palacio de Justicia en 1985. Virgilio Barco con su política de mano tendida y pulso firme, y con la dirección inteligente de hombres como Carlos Ossa y Rafael Pardo, abrió la posibilidad de negociaciones con todos los grupos políticos armados, y con leyes de amnistía, firmaron la paz con el M19 mucho antes de que se convocara la constituyente.
César Gaviria, con los instrumentos de la constituyente, consiguió acuerdos con otros grupos políticos armados, entre ellos, el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Ernesto Samper también buscó acuerdos, pero las Farc se negaron a negociar con él tal vez por las presiones que menciona Armando Neira en una interesante crónica en la revista Cambio.
En la campaña del 98, aun cuando el tema de la paz había sido bandera de Horacio Serpa, las Farc se inclinaron por apoyar a Pastrana, quien también de manera generosa hizo lo que pudo con las negociaciones del Caguán. Incluso Álvaro Uribe, quien enfatizó la solución militar, no descartó la negociación. Con los problemas de implementación, Santos puso fin al conflicto con el grupo de las Farc, aun cuando su política no fue aprobada por un plebiscito innecesario.
Pero además es larguísima la lista de comisionados de paz. Todos invocan la paz. Rojas Pinilla se tomó el poder bajo el lema de “paz, justicia y libertad”. Y hasta Pablo Escobar, cuando se “entregó” luego de que le llevaron el artículo de la constituyente que prohibía la extradición, dijo que lo hacía “por la paz de Colombia”.
El problema hoy es que no se sabe qué es lo que se negocia porque los grupos armados ahora no hacen política, sino que buscan solo que el Estado no se les atraviese en sus actividades criminales. Y lo único en que hemos desembocado es en el descontrol del orden público. Cuando comience la campaña en serio, con candidatos de verdad, tendrán que decir claramente qué piensan de la paz, la justicia y el control territorial.
